María Isabel Blanco Llamas asume las competencias de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en el actual gobierno de la Junta de Castilla y León, el primero presidido por Alfonso Fernández Mañueco. La también procuradora por Zamora es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. También fue diputada del PP por Zamora en el Congreso de los Diputados en la XIII Legislatura.

Su Consejería ha estado en el ojo del huracán político debido a la pandemia y a la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola y los primeros meses del azote del Covid-19. Blanco Llamas explica a NOTICIASCYL los pormenores de las residencias en Castilla y León, pero también asuntos tan importantes como la gestión del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica de Ciudadanía, habla, así mismo, de la Conciliación, de la igualdad y de los jóvenes.

¿Cómo lleva la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León este tiempo de pandemia?

Con  mucho trabajo, muy intenso, días muy difíciles y muy complicados. A esta Consejería nos toca todo, es una frase que me la habréis oído más veces, que de 0 a 100 tenemos todo. Y es así. Tenemos desde las ayudas a conciliación para los más pequeños hasta todo el tema de la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las residencias para los más mayores, y entre medias están todas las ayudas de la inclusión social, la renta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que somos, aparte de Sanidad, la Consejería más afectada y con más trabajo en esta pandemia

Metidos de lleno en la pandemia, ¿consejera, qué ha pasado en las residencias de Castilla y León en este tiempo?

¿Qué ha pasado? No ha pasado nada diferente a las residencias del resto de España y a las del resto del mundo. El pasado día 30 presentamos el informe sobre las residencias, muy serio y riguroso. Fue el segundo, se había presentado el informe de Navarra unos días antes, y todos los informes llegan a la misma conclusión, el Gobierno avisó tarde del estado de la pandemia. Si ahora, en noviembre, hacemos retrospectiva y nos ponemos en los días 8, 9, 11, 13 o 14 de marzo, parece que el virus explosionó de repente, y no es verdad. El Gobierno avisó tarde del estado de la pandemia. Nosotros fuimos la primera Comunidad que empezamos a tomar medidas. El día 11 cerramos Miranda de Ebro, restringimos visitas a los centros y el día 13 se cerraron todas las residencias, pero cuando se tomaron estas medidas, el virus ya estaba dentro. El virus había entrado, por los datos que tenemos, a finales de febrero y principios de marzo. ¿Por qué? Porque es un virus muy contagioso y con las personas mayores no puedes mantener una distancia, hay que atenderlas, ayudarles, darles de comer. Es imposible mantener la distancia de seguridad. En las residencias están las personas mayores, las más vulnerables, las personas que tenían más riesgo de ser afectadas por la pandemia. Pero es curioso, lo mismo que decimos nosotros en nuestro informe, muy criticado y de manera injustificada, lo decía el de Navarra y lo dice el del CSIC, que fue posterior. El pasado viernes leía en El País una noticia sobre un informe que está elaborando el Ministerio y, que curioso, saca las mismas conclusiones que nosotros casi un mes después.

Hubo polémica con los criterios a la hora de enviar a los residentes al hospital. ¿Se tomaron las decisiones correctas?

Las derivaciones al hospital siempre se decidieron según los criterios médicos. Las personas mayores estuvieron atendidas, se pusieron en marcha los equipos Covid Residencias. Las residencias se medicalizaron, a pesar de ser una palabra que no me gusta. Se realizó la hospitalización domiciliaria de los centros. ¿Esto qué significa? Que la persona que necesitaba oxígeno tenía su bombona de oxígeno, tenía su mascarilla y tenía su medicación en los centros, y las que tenían que ser derivadas a los hospitales, fueron derivadas a los hospitales. Hubo más de 5.000 derivaciones durante esos meses a los hospitales y, desde luego, siempre se siguió un criterio médico, que es lo que hay que seguir en estas crisis. Estamos hablando de una pandemia, de una crisis sanitaria.

Parece ser, según comprobamos en los sucesivos plenos y comisiones en las Cortes de Castilla y León que la oposición no está muy de acuerdo con ese informe.

Ya, pero es lo que le digo. Fíjese, ya lo explicaba antes, la oposición no está de acuerdo con las conclusiones que manifiesta ese informe. Dijeron una serie de calificativos que a mí no me parecen adecuados sobre el mismo, pero es el mismo informe que emitió Navarra. Si usted coge el informe de Navarra, que fue desde el 26 o 27, dice lo mismo que el nuestro y es el mismo informe que hizo el CSIC. Es más, este último es todavía más duro contra la gestión del Gobierno. Y parece ser que es lo mismo, según le decía, que vimos en El País. Ante todo esto, lo que le puedo decir es que el informe de la Junta de Castilla y León es un informe serio, riguroso, realizado por técnicos en el que se analiza realmente lo que pasó en las residencias y lo que ocurrió en las residencias. Y se analizan también sobre los datos que existen y todas las medidas que se tomaron y que se están tomando a posteriori.

¿En qué situación se encuentran ahora mismo las residencias de Castilla y León en esta segunda ola?

La situación es totalmente diferente a la que hubo en la primera ola. Hay residencias con diversos brotes de coronavirus. Nos preocupa la situación, claro que sí. Hay que tener en cuenta que las residencias no son una burbuja aislada. Las residencias se comportan según el entorno donde están situadas, y esos entornos con mucha incidencia es los que vuelto a entrar el virus. ¿Por qué? Porque existen tres factores para introducir el virus en una residencia, como son los propios residentes con sus salidas, las visitas y los trabajadores. Sí es verdad que el tema de las salidas y de las visitas están muy protocolarizadas y controladas, contienen todas las medidas de seguridad, por tanto nos queda el vector de transmisión de los trabajadores. Estos son personas normales y corrientes, como usted y como yo, que van a su trabajo y que tienen una vida normal, que tienen hijos o que tienen familiares, son personas más susceptibles de poder contraer ese virus e introducirlo en las residencias. Por lo que le decía antes, las residencias tienen sus equipos de protección, se están haciendo cribados. Hemos hecho ya dos y este mes estamos empezando el tercer cribado de los centros, que tienen sus planes de contingencia. Pero con las personas mayores es muy difícil guardar el metro y medio o dos de distancia de seguridad. Es verdad que cuando surge un brote en una residencia, la mayoría de los residentes son asintomáticos o son casos muy leves. En los centros en que se van detectando, es verdad que es muy alarmante precisamente porque los residentes y los trabajadores son asintomáticos. En esta segunda ola, comentaban los expertos sanitarios, el virus parece ser que es más contagioso, pero más leve, menos letal. Es verdad que cuando se detecta el primer caso o el caso cero, es muy posible que ya existan muchos contagios en el centro, pero se está actuando con rapidez y eficacia.

El sistema social y el sistema sanitario están perfectamente coordinados. Las residencias están atendidas y el principal problema al que se enfrentan los centros es que les falten los trabajadores por las bajas por contagio o cuarentena. Ahí estamos, poniendo encima de la mesa todos los medios, todos los recursos que se pueden para facilitar esa contratación de personal a través del Ecyl. Se están revisando las bolsas de empleo que existen en el organismo de empleo, o través de la red de protección a las familias de las distintas entidades que la conforman, como Cáritas y Cruz Roja, de tal forma que  todas las entidades ponen a disposición de los centros que lo puedan necesitar, una bolsa de trabajo con este personal.

En lo que todos los partidos parece que concuerdan, que es preciso cambiar el modelo de residencias. ¿Está de acuerdo, y hacia dónde se tiene que ir?

Sí, claro que estamos de acuerdo. Ahora se habla mucho del modelo, pero si nos retrotraemos a hace poquito más de un año, durante mi comparecencia en las Cortes dejamos claro que era un objetivo de legislatura modificar la ley de atención residencial. Luego ya se estaba trabajando en ello. Se han acabado los grupos de trabajo, la semana pasada ha sido el último en el que estuvo presente el director general del Imserso. Participó también la consejera de Asturias, dando un poco la visión que ellos tienen sobre el modelo de residencia. Ahora se ha abierto un plazo para que todas las personas que han participado en esos grupos, en función de lo que han escuchado a los expertos que han participado, nos planteen sus propuestas para esa nueva ley.

¿Hacia dónde hay que ir? Evidentemente hacia lo que ya estábamos trabajando nosotros, que son las unidades de convivencia, desde un punto de vista arquitectónico, porque las unidades de convivencia es lo que más se parece a las casas de las personas. No se nos tiene que olvidar que las residencias son domicilios o las casas donde viven esas personas mayores, no son hospitales. Entonces los modulares extensos, residencias que tengan sus espacios comunes en que las personas mayores puedan compartir pero luego tengan sus módulos de unidades de convivencia. Eso es bueno, eso es hacia donde estaba enfocado nuestro modelo y hacia dónde hay que seguir yendo. Desde el punto de vista de la arquitectura y desde el punto de vista del personal, en esas unidades de convivencia las personas mayores tienen un profesional de referencia, son siempre los mismos. 

Y nos hemos dado cuenta que evidentemente las residencias que ya lo tenían implantado, o que lo estaban implantando, han soportado mejor la crisis del virus, sobre todo a la hora de sectorización, de compartimentar y de dividir. Hay que aumentar ratios, hay que apostar por la formación, por la profesionalización. El tema de los ratios es algo que se tiene que debatir en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. Hay que mejorar esa interconexión de los centros entre el sistema social y el sistema sanitario. Es un debate que se abrió en los grupos de trabajo. No hay que medicalizar las residencias, planteaba algún experto. No es tanto la medicalización de las mismas, sino la sanitarización de las mismas. Es decir, independientemente de que los centros de personas mayores tengan sus profesionales sanitarios, tienen también esa interconexión con el sistema de sanidad, y esto es algo en lo que estamos coincidiendo todas las comunidades.

Todos sabemos desde hace tiempo que Isabel Blanco es una de las personas de confianza del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ¿Siente el respaldo del presidente en esta situación de pandemia con todo lo que se ha dicho en las Cortes sobre las residencias?

Yo he sentido el respaldo, el apoyo, el cariño del presidente y de todo el Gobierno en su conjunto. Aquí somos un Gobierno y hemos funcionado de manera coordinada, ajustada y conjunta.

¿Ve al PSOE, no dudamos de Podemos, como poco leal en esta situación de crisis sanitaria y económica?

No sé si definirlos como poco leales o como muy leales. Ellos dicen que son muy leales y yo creo que cada uno se define con sus actitudes, con sus palabras y con sus actuaciones. No soy yo la que tengo que juzgar si son leales o no son leales, eso lo tienen que juzgar los ciudadanos.

Durante los meses de marzo y abril tenía contacto prácticamente semanal con Isabel Gonzalo Ramírez, la portavoz socialista de Familia en las Cortes de Castilla y León, que es una mujer estupenda. Pero volvemos a lo mismo, yo no presumo de lealtad o de no lealtad. Son ellos los que dicen que son leales. Y ahí están sus declaraciones. Me reitero en lo mismo. Es decir, será la ciudadanía la que tiene que juzgar si eso es lealtad o no es lealtad. Lo que tengo claro, desde luego, es el trabajo que se está haciendo aquí. Trabajo muy duro. Los profesionales de la Consejería, los profesionales de Gerencia, los profesionales de los Servicios Sociales lo están dando todo y yo sí que son leales a las personas.

Uno de los temas de actualidad es el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Básica de Ciudadanía, ¿cómo se está gestionando este asunto en Castilla y León?

El Ingreso Mínimo Vital fue una medida estrella del gobierno de España. Es una buena medida. Nosotros estamos a favor del mismo. El Partido Popular votó a favor en el Congreso. El problema es que fue algo que se hizo muy rápido. Había que lanzar una medida estrella durante la pandemia y la medida fue el IMV. Por ello, ha generado muchos más problemas que soluciones. Todas las comunidades, de alguna manera, teníamos una Renta de Inserción, unas rentas garantizadas de ciudadanía. Unas las teníamos más consolidadas, más avanzadas, como es el caso de Castilla y León, que llevaba ya diez años con la Renta Garantizada de Ciudadanía y, en otras comunidades, se llevaba de otra manera distinta y menos desarrollada.

¿Cuál es el problema? Inicialmente, el IMV cogió de oficio a una serie de perceptores que eran los que tenían la prestación de hijo a su cargo. A esos beneficiarios los incorporó de oficio el sistema y luego hubo que revisarlo. A partir de ahí, las personas tenían que ir presentando la solicitud para cobrar ese Ingreso Mínimo Vital. A fecha 16 de octubre se habían presentado 36. 908 solicitudes de castellanos y leoneses, siendo concedidas 6.888 y denegadas 5.588 solicitudes. Los expedientes inadmitidos 9.000 y el resto no se han resuelto. ¿Cuál es el problema de esos expedientes? Tres mil coinciden con perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía y de esos, 459 familias cobran menos con el IMV que lo que percibían con la Renta Garantizada de Ciudadanía, siendo en teoría la base del Ingreso Mínimo Vital superior a la renta, con lo cual, parece lógico que cualquier perceptor de IMV cobrara más que con la RGC. Claro, hay situaciones muy tremendas en esas 459 familias. Existen algunas que cobran desde 6, 7, 8, 10 euros menos a familias que cobran 700 euros menos. Estamos hablando de familias con una necesidad ya extrema. La renta es la última ayuda que existe y no es compatible con otra serie de prestaciones. Cuando las otras prestaciones, paro, subsidios y demás se agotan, es cuando se accede a la Renta Garantiza de Ciudadanía. ¿Ante esa situación, qué hacemos? No se puede dejar a la gente tirada en sus ingresos mínimos. Al final resulta que una medida que iba a ser estrella es al revés, está dejando colgadas a muchas familias de las que más lo necesitan. Iniciamos la modificación de la Ley de Renta para que por ley nosotros pudiéramos complementar esa diferencia con el IMV mientras se aprobaba. Hemos ido aprobando subvenciones nominativas a estas familias. Pero el procedimiento para otorgar una subvención nominativa es complejo, tiene que pasar por el Consejo de Gobierno y luego se tiene que comunicar al beneficiario. A usted le corresponde tanto y tiene que aceptarla. Esta subvención es personas que están en una situación difícil, y era la manera que en ese momento teníamos de hacerle un poco más llevadera su situación económica. Este jueves aprobamos en el Consejo de Gobierno la ley, la hemos remitido a las Cortes de Castilla y León, y hemos pedido que sea por lectura única, por su dificultad

Desde esta perspectiva, el Ingreso Mínimo Vital era una medida que inicialmente resultaba buena pero la gestión se ha convertido en un desastre total y absoluto. Nosotros hemos pedido desde el primer momento la gestión de esa prestación en las mismas condiciones que lo están haciendo País Vasco y Navarra, es decir, desde el inicio del expediente hasta el pago final. Lo sabemos hacer porque lo hemos demostrado con la Renta Garantizada de Ciudadanía,  y se lo seguimos reclamando al Gobierno, cada vez que tengo una conversación con alguien del Ministerio le sigo reclamando la gestión del IMV.

¿En qué situación están los programas de ayudas a las familias en estos tiempos, como puede ser la Conciliación?

Cuando termina el estado de alarma y comienza la desescalada, el primer problema que surge es la conciliación en las familias. En este problema, creo yo, los trabajadores de la Consejería fueron muy valientes y decidimos dar el paso adelante. Iniciamos los programas 'Conciliamos en verano', que fueron los primeros que abrimos. Nos abrieron los coles y las escuelas infantiles, e iniciamos los programas ‘Conciliamos’ y paralelamente a ellos, el programa ‘Crecemos’, pero con mucho respeto. Pensando en todo momento como podría evolucionar la pandemia. Se destinó más dinero que nunca al programa ‘Conciliamos de verano’, hasta 1,6 millones de euros. Se ampliaron los horarios porque se hicieron turnos de mañana y tarde para las familias que quisieran, al final no fueron muchas, tan solo 25 las que tuvieron comedor, pero se les dio esa posibilidad. Se amplió el mes de agosto, porque habitualmente el programa ‘Conciliamos’ era hasta que acababa el curso en junio y se prolongaba a julio, y este año también lo alargamos hasta agosto, y la verdad es que tuvo una participación estupenda.

Porque fueron 4.353 niños y niñas, la verdad, es que no tuvimos problemas porque los niños fueron muy responsables. Se habla muchas veces de lo mal que lo han pasado las personas mayores, a quienes este virus ha afectado de manera especial y no pensamos cómo lo han pasado o cómo ha afectado la situación a los más pequeñitos. Visitábamos un día uno de los centros y nos comentaba una de las monitoras que los niños lloraban porque no se querían ir, que pasaba al revés que otros años, que siempre lloran porque los dejan allí. Y niños, por ejemplo, que ya se les había quitado el pañal, volvían con pañal. Habían tenido ese retroceso en el que se les notaba que habían estado encerrados, que ellos mismos tenían esa necesidad de socializar, de convivencia, de aire libre.

Pusimos en marcha diferentes planes, incrementamos las ayudas de excedencia y reducciones de jornada en dos millones de euros. Actualmente estamos tramitando 614 de excedencia y 1.095 de reducción de jornada. Se amplió también el mes de septiembre para que las familias pudieran acogerse. Pusimos en marcha la línea de ayudas que había comprometido el presidente de la Junta para sufragar gastos de guardería a las familias que no se lo deducían en la declaración de la renta. Hemos tenido 2.467 solicitudes y en septiembre, cuando arrancó el curso, ante los problemas que pudieran surgir, pusimos en marcha dos iniciativas pioneras. Por un lado, era conceder una ayuda al cheque servicio, es decir, dar una ayuda a las familias para contratar un monitor. Una ayuda muy sencilla, de hecho sigue en vigor y estará en vigor todo el curso escolar. A través de los CEAS presentan un documento diciendo que su hijo está confinado porque es contacto de un niño que ha dado positivo en mi horario laboral no es compatible y mi nivel de renta es este. Pide la ayuda y si cumple los requisitos, se le concede para que puedan contratar un cuidador. Pusimos en la página web que se actualiza permanentemente todas esas cuestiones con la posibilidad e poder contratar a una persona mediante el Ecyl. Porque cuando un niño es positivo, los padres tienen derecho a esa baja laboral, pero cuando no lo es y el niño tiene que quedarse en casa, los padres no tienen derecho a la baja laboral. Luego habrá situaciones en que esos padres necesiten que alguien atienda a esos menores. También estaba de por medio la ayuda a domicilio no solo para personas dependientes, sino también para casos puntuales y situaciones más concretas, si el niño tiene que ir al médico, o solo unas horas por la mañana.

Hay pocas solicitudes concedidas, nos alegramos porque eso es señal de que los colegios están funcionando bien. No hay muchas aulas cerradas, aunque todos los días salta alguna nueva. Pero es verdad que para el volumen de aulas que hay en Castilla y León, con una gran extensión geográfica, no son muchas aulas las que están en cuarentena. El programa va a estar abierto durante todo el curso, para el que destinamos 3 millones de euros a través de las corporaciones locales.

¿Respecto a la violencia de género, cómo estamos en este momento en Castilla y León y más ahora que hay una muy alta convivencia en casa motivada por confinamientos, toques de queda y cuarentenas?

En Castilla y León, las cifras han sido muy similares a las que se producían otros años en las mismas fechas. La macro encuesta que efectuó el  Gobierno decía que Castilla y León era de las comunidades que mejor se había comportado en el tema de la violencia de género. Mantenemos todos los recursos y siguen abiertas todas las ayudas.

En este tiempo de pandemia no hemos detectado una especial incidencia en en el tema de la violencia de género, siendo un problema tan difícil y tan escabroso que hay que condenarlo totalmente. Es la gran lacra a la que nos enfrentamos esta sociedad y en la que hay que seguir trabajando, pensando e innovando mucho. Nos estamos dando cuenta que se está polarizando un poco hacia las personas más jóvenes. Hay muchos roles machistas que pensábamos que ya estaban eliminados, pero que siguen estando ahí.

Cuando hablas con una chica de 15, 16 o 18 años piensa que la violencia de género es el asesinato, la torta o la agresión física, y no, la violencia de género es mucho más, es la agresión verbal, es la agresión psicológica, la agresión económica. La encuesta ponía de manifiesto que es en esas situaciones donde tenemos que seguir trabajando. Ese es nuestro objetivo y, desde luego, siempre desde la unidad. No se puede consentir que nadie haga de la lucha contra la violencia de género una lucha partidista.

Firmábamos hace unas semanas con la Delegación del Gobierno un protocolo para seguir avanzando en esa lucha. Ese protocolo recoge algo que para nosotros es básico, es muy importante y ha sido uno de los compromisos que hemos manifestado siempre en esta legislatura, el poder avanzar en la lucha contra la violencia de género en el sentido de que hay muchas mujeres que no denuncian. Entonces, lo primero que hay que decirle a las mujeres es que denuncien, que si no denuncian y no entran en el sistema, no tenemos muchas veces la manera de protegerla. La mayoría de los asesinatos y casos de violencia no están en los programas de seguimiento. Pero si ellas no denuncian, cuando una autoridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contemplan una agresión y cuando los CEAS, que son los que están en el territorio, conocen a mujeres especialmente vulnerables y sensibles, tenemos que actuar de oficio. Ese fue el contenido esencial del protocolo que firmamos con la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Hay mujeres que no denuncian por miedo o que dicen no es para tanto... 

Además, para mí es uno de los grandes avances que hemos hecho a mayores. Apostar por la educación, apostar por las campañas de sensibilización. Pero desde la infancia, desde los más pequeñitos hasta las universidades, constituimos también hace unas semanas las redes de igualdad de las universidades para que todas ellas trabajen de manera conjunta y coordinada. Tenemos que ser capaces de aplicarlas entre todos, porque el problema de la violencia de género es un problema de todos. Es un tema de toda la sociedad.

En cuanto a los mayores, vemos que el Consejo de Gobierno aprobó este jueves nuevas normas de funcionamiento de la teleasistencia.

Estamos avanzando, valga la redundancia, en la teleasistencia avanzada, que es una apuesta personal del presidente de la Junta y la Consejería dará un paso más en ese sentido deseado por el presidente Fernández Mañueco. La asistencia, como ahora mismo la conoce la gente, es el aparatito que tienen las personas mayores, cuando le ocurre alguna circunstancia no deseada, tocan el botón y bien reciben una llamada o bien se presentan allí para asistirlos.

¿Qué es la teleasistencia avanzada? Un conjunto de prestaciones que no son solo los aparatos, sino que se moderniza toda la aparatología, detectores de humo, detectores de movimiento, sensores, localizadores GPS. Todo un conjunto de aparatos cuya pretensión es que las personas mayores se queden en sus domicilios y que tengan todos los sistemas de seguridad activados. La teleasistencia avanzada permite un seguimiento proactivo de esas personas, una llamada diaria o semanal o cuando ellos lo necesiten, permiten, a través de esa plataforma, solicitar cita médica, hacer seguimiento de la salud de esa persona, conectar las historias clínicas o la historia social. Cuando una persona vaya al médico tenga a su disposición toda la historia social y clínica de esa persona mayor.

Durante el estado de alarma se hacían trece mil quinientas llamadas a la semana de seguimiento de las personas que tenían la teleasistencia. Además, es una apuesta por la gratuidad de ese servicio. Ahora mismo la Ley de Dependencia establece que las prestaciones las financia el Estado, que debería poner el 50 por ciento, pero no lo pone, sino la Comunidad Autónoma y una parte el usuario.

Cuando avancemos a la teleasistencia avanzada lo va a financiar totalmente la Comunidad de Castilla y León. Publicaremos un contrato, que es por lo que se modificó en el último Consejo de Gobierno, para poder sacar un contrato único en toda Castilla y León, para que todas las personas que residen en Castilla y León tengan las mismas prestaciones, reciban los mismos servicios y sea de manera homogénea y al mismo precio. Se trata de optimizar los recursos que tenemos para llegar a más personas, para que los usuarios no paguen esa pequeña parte que financian ahora y asumir nosotros todo ese cargo. El objetivo es que ese contrato esté en licitación antes de que acabe este año. Ya durante el próximo año, según vayan finalizando los contratos de las corporaciones locales, se irán incorporando a este nuevo sistema. Ya tenemos la plataforma Argos para empezar a interconectar todas las plataformas que existen con el volcado de datos.

La teleasistencia avanzada es una mejora de la calidad de vida de muchos ciudadanos de Castilla y León. Es posibilitar a esas personas mayores que se queden en su entorno y posibilitar, sobre todo a los familiares, la tranquilidad de que esas personas están atendidas en su entorno y que posee un dispositivo de atención inmediata.

Hábleme de la igualdad en Castilla y León.

Las mujeres somos algo más del 50 por ciento de la población. Es verdad que se está trabajando y haciendo mucho por la igualdad real. Fíjate, la igualdad real la vinculo con lo que hablábamos antes de la violencia de género. No puede haber igualdad real mientras haya violencia de género, por ejemplo. Y es algo con lo que estamos trabajando y con lo que hay que seguir luchando.

Hay que seguir luchando por la igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Tenemos en marcha el programa STEM Talent Girl, para impulsar que las chicas más jóvenes se interesen por las carreras científicas, las carreras técnicas, las carreras de matemáticas, porque son el futuro. Cuando he tenido charlas con ellas o tenemos alguna master class, se lo digo siempre, que las primeras que nos los tenemos que creer somos nosotras, las mujeres, que podemos llegar donde queramos sin ningún problema. Entonces la igualdad tiene que partir de ahí, de decir que somos iguales y yo puedo llegar donde quiero llegar y ahí están las oportunidades para aprovecharlas.

Y en esa línea es en la que seguir trabajando. Hay que apostar por la igualdad, por los planes de igualdad que ya se están poniendo en marcha en las empresas. Los premios Óptima, por ejemplo, reconocen a aquellas empresas que apuestan por esas medidas de igualdad dentro de los trabajadores y sus empresas. Estamos elaborando un banco de buenas prácticas de igualdad en base a estas empresas que ya tienen concedido ese distintivo. Fomentar esas buenas prácticas en igualdad es uno de los objetivos, yo no sé si de legislatura, pero sí como mujer. Seguir luchando por esa igualdad real, por la igualdad de oportunidades y visibilizando que que somos el 50 por ciento.

Hay que eliminar determinadas ideologías o brechas o pensamientos que existen todavía en la sociedad. Tenemos que incidir en la educación. Por eso son importantes estos programas, como el que hablábamos antes de la red de igualdad de las universidades y en la educación para ir eliminando esos estereotipos. Y en eso seguimos trabajando.

Finalmente, haga una pincelada sobre el tema de la Juventud.

Los jóvenes se enfrentan ahora mismo a una situación, no sé si de las más difíciles de las últimas décadas, pero sí muy difícil. Se enfrentan a la incertidumbre total, al cambio del modelo de vida al que ellos están acostumbrados hasta este momento. Cuando eres joven hay cosas que te cuesta más entenderlas y más interiorizarlas. Yo apelo siempre a la responsabilidad de los jóvenes porque tenemos una sociedad muy responsable. No son las cuatro imágenes que salen muchas veces por las redes sociales. Tenemos jóvenes muy responsables, muy concienciados con esta situación y, para ello, se abren nuevos retos también y nuevas oportunidades.

La pandemia está demostrando que hay que cambiar muchas. Es un reto y son oportunidades. Y en esa línea estamos trabajando, en sensibilizar con diferentes programas. La semana que viene hay una jornada de emprendimiento joven online, en el que hay apuntados ahora mismo más de 200 jóvenes para seguir ese curso. Por esa línea es por la que queremos seguir trabajando. Es el momento de adaptarnos a estos nuevos tiempos. Los jóvenes son la sociedad del futuro, nuestro presente y son nuestro futuro.