Ecologistas en Acción presenta más de 400 firmas contra el gasoducto de hidrógeno entre Portugal y Zamora

Más de 400 personas han respaldado el escrito de alegaciones presentado por Ecologistas en Acción Zamora contra el proyecto de gasoducto de hidrógeno verde entre Celorico da Beira (Portugal) y Zamora (España), promovido por la empresa Enagás.

El documento, presentado durante la fase de consultas previas del denominado proyecto CELZA, denuncia la iniciativa como "innecesaria, ineficaz y peligrosa" desde los puntos de vista económico, ambiental, social y de seguridad.

Según el informe elaborado por la organización ecologista, la construcción de esta infraestructura carece de justificación real debido a que "no existe una demanda clara y suficiente de hidrógeno verde en Europa".

Apoyándose en estudios como el del Tribunal de Cuentas Europeo, critican que los objetivos fijados por la Unión Europea para la producción e importación de hidrógeno responden más a intereses políticos que a "análisis rigurosos y realistas".

La organización añade que la demanda prevista para 2030 no alcanzaría los niveles estimados, lo que podría suponer un "despilfarro de recursos" sin retorno, tanto públicos como privados.

El colectivo ecologista también cuestiona el uso de fondos públicos en este tipo de megaproyectos y propone que se prioricen alternativas ya probadas como la electrificación directa, el autoconsumo, la eficiencia energética y las comunidades energéticas.

Según las alegaciones, apostar por estas opciones permitiría una transición energética "más efectiva y sostenible" que invertir en infraestructuras de "dudosa" utilidad.

Otra de sus críticas es el mantenimiento de la dependencia del gas fósil a través del 'blending', una técnica que mezcla hidrógeno con gas natural. Ecologistas en Acción señala que este enfoque representa "una estrategia encubierta para alargar el uso de combustibles fósiles" en lugar de avanzar hacia una transición energética limpia.

Además, la formación ecologista asegura que no se prevé un uso exclusivo de hidrógeno verde en el corto o medio plazo, lo que pone en duda "la verdadera finalidad del gasoducto".

Desde un punto de vista técnico, el colectivo cuestiona la eficiencia del hidrógeno como vector energético, especialmente en usos como el transporte o la generación eléctrica. Argumentan que las pérdidas en todo el proceso, desde la electrólisis hasta el consumo final, lo hacen poco eficiente y más caro que otras soluciones.

En la misma línea, sostienen que el proyecto puede servir de excusa para justificar "otras infraestructuras de macro renovables igualmente desafortunadas", por su gran impacto territorial y su dependencia del gas para estabilizar la red eléctrica.

En este sentido, Ecologistas Zamora ha pedido una moratoria sobre nuevas licencias a estas industrias mientras no se oriente el modelo hacia una producción "más distribuida, más comunitaria y más razonable".

El transporte de hidrógeno a largas distancias es también objeto de crítica por sus elevados costes y riesgos asociados, como fugas que pueden actuar como gases de efecto invernadero indirecto.

Asimismo, la organización alerta del impacto sobre suelos y recursos hídricos, que podrían poner en peligro ecosistemas, biodiversidad y actividades agrarias tradicionales. Entre las zonas amenazadas se encuentran espacios protegidos como la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica.

Desde el plano social y de seguridad, las alegaciones advierten del riesgo de accidentes, explosiones y fugas, además de molestias como ruidos, polvo y tráfico pesado durante la construcción y operación de la infraestructura.

También critican que las comunidades locales "no han sido consultadas adecuadamente", lo que, aseguran que genera un sentimiento de "inseguridad" en los vecinos de los territorios que estarían afectados por la instalación. 

Ecologistas en Acción concluye su informe apelando al principio de precaución medioambiental. Solicitan que el proyecto se detenga y se someta a una evaluación rigurosa sobre su viabilidad futura, sus impactos y las posibles alternativas.

Para el colectivo, la prioridad debe ser "garantizar la seguridad, proteger el medio ambiente y avanzar hacia una transición energética justa y efectiva".