El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Zamora, Eduardo Folgado, ha anunciado la interpelación en el Pleno al diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior, José Luis Prieto Calderón, en relación con la contratación de servicios jurídicos a una abogada y a un procurador ante los tribunales de Salamanca.

El PSOE explica que esta contratación responde a la necesidad de representación y defensa de esta entidad local en el procedimiento abreviado 138/2022 que pende ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo N°1 de Zamora, estando demandada la Diputación Provincial de Zamora.

Folgado añade también que, la plaza de técnico letrado adscrito a la Secretaría "lleva mucho tiempo sin ser cubierta por qué no haberse realizado el oportuno expediente para cubrirla". Por lo que recuerda que este puesto de trabajo vacante es "el que debe llevar la defensa" de la Diputación en de los procedimientos judiciales que se instruyan en el Juzgado.

Además, Folgado indicar que "actualmente existen dos asesores jurídicos en la Diputación Provincial que, "eventualmente podrían desarrollar la citada defensa", uno adscrito al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios y otro al Servicio de Sanidad y Bienestar Social. Sin embargo, "en este momento tal colaboración dicen que se plantea inoperante el periodo de disfrute vacacional y la elevada carga de trabajo que soportan ambos, lo que implícitamente supone reconocer por el propio responsable de Recursos Humanos y Régimen Interior que es necesaria y urgente sacar la mencionada plaza".

El propio Informe de la Secretaría General de la Diputación Provincial de Zamora de 29 de agosto, en relación con la contratación de los citados servicios jurídicos externos, señala literalmente en su conclusión segunda: "No obstante lo expuesto en el apartado precedente, las tareas descritas podrán ser asumidas por parte de las asesoras jurídicas de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social, siempre que ello fuera compatible con las necesidades del correspondiente servicio".

Por lo tanto, y según el relato del PSOE, la contratación para este litigio ha recaído en dos profesionales de Salamanca. Algo reprobable para Eduardo Folgado, quien señala que el Colegio de abogados de Zamora tiene colegiados cerca de 330 letrados "sin que se le haya invitado a ninguno en la presente contratación".

Añaden los socialistas que la Diputación ha habilitado una partida presupuestaria e 3.000 euros para contratar a los anteriores profesionales, aportando la letrada de Salamanca presupuesto de 2.200 euros y el procurador 462 euros, más IVA. Pero, además, "la letrada ha presentado en su presupuesto se le adicionarán los gastos de desplazamiento". Algo que, recuerda el socialista, "no ocurriría con alguno de los 330 abogados que tiene Zamora colegiados".

Folgado se ha referido al citado Informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial de Zamora que cita expresamente el artículo 6 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de Zamora que establece que son aplicables los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, coordinación y cooperación entre el Técnico-Letrado de la Diputación Provincial de Zamora y los Asesores Jurídicos de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social de la Diputación Provincial de Zamora. Asimismo, especifica ese precepto que "en este sentido, el Técnico-Letrado de la Diputación Provincial de Zamora y los Asesores Jurídicos de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social de la Diputación Provincial de Zamora se prestarán, mutuamente, colaboración y asistencia activa en el ejercicio de las funciones contenciosas, fundamentalmente en supuestos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento de los empleados que desempeñen los mencionados puestos de trabajo."

"Es cierto que, en virtud de las previsiones reseñadas, las asesoras jurídicas de los Servicios de Asistencia Técnica a Municipios y de Sanidad y Asistencia Social de la Diputación Provincial de Zamora podría asumir las funciones referidas al servicio jurídico en el presente supuesto y cualquier otro. No obstante, no es menos cierto que ello está limitado, en gran medida, por las necesidades de la unidad administrativa a la que pertenecen, o por la carga de trabajo si se prefiere", finalizan desde el PSOE en un comunicado.