Zamora Desde el año 2015, y de acuerdo con los propios medios, el Ayuntamiento de Zamora viene realizando un reparto igualitario de la publicidad institucional en los digitales de información general, con la inserción de un banner permanente que da acceso a la página web municipal o a las distintas campañas institucionales que se realizan a lo largo del año.

El Juzgado desestima la reclamación del digital Zamora 24 Horas que solicitaba un reparto discriminatorio de la publicidad institucional

26 marzo, 2021 15:29

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zamora ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por el digital 'Zamora 24 Horas' contra el acuerdo reparto de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Zamora entre los diarios digitales de información general que se editan en la ciudad; así como la reclamación del abono de una cantidad equivalente al 50% del importe total de la publicidad institucional en todos los digitales durante el año 2019, en concepto de lucro cesante.

Desde el año 2015, y de acuerdo con los propios medios, el Ayuntamiento de Zamora viene realizando un reparto igualitario de la publicidad institucional en los digitales de información general, con la inserción de un banner permanente que da acceso a la página web municipal o a las distintas campañas institucionales que se realizan a lo largo del año. Esta propuesta fue adoptada de común acuerdo con los responsables de los propios medios, como una forma de apoyo económico a los digitales que se publican en la ciudad y que cubren habitualmente la información municipal; y en base en que el coste económico de la inserción del banner (que se proporciona por el propio Ayuntamiento), es el mismo para todos los digitales.

En el recurso presentado por Zamora 24 horas, impugnaba ese acuerdo y se solicitaba que el reparto se efectuara en función de los datos de difusión de cada medio.

El Juzgado desestima el recurso presentado por extemporáneo, ya que en el caso de no estar de acuerdo con el reparto acordado en 2015 debía haberse presentado recurso contencioso administrativo en el plazo legal establecido para ello y no en el año 2019, cuando ya han transcurrido cuatro años. Y condena además al demandante al pago de las costas.

No obstante contra esta resolución podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.