La Policía Nacional ha liberado a cinco víctimas de un entramado criminal que estaba especializado en la trata de mujeres de origen latinoamericano para su explotación sexual en pisos de citas ubicados en diferentes ciudades españolas como Santander, Valladolid y Avilés.

La organización obligaba a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana y a pedir permiso para poder bañarse o atender su higiene menstrual. Por ello, cinco personas han sido arrestadas en España de la siguiente forma: tres en Cantabria, una en Madrid y otra en Avilés. Entre ellas se encuentra la principal responsable del grupo que ya ha ingresado en prisión provisional.

Una investigación que comenzó tras la denuncia de una mujer que decía ser víctima de una trama de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Cantabria. Por ello, los agentes comenzaron las pesquisas para corroborar la existencia del mismo en la localidad cántabra de Torrelavega.

Las víctimas eran captadas en sus países de origen por una colaboradora del entramado que aprovechaba la precariedad en la que vivían para hacerles una oferta de trabajo falsa en España. Les proponía ser 'webcammer' de contenido sexual, aunque sin contacto personal directo con clientes.

Una vez aceptada la propuesta, la responsable se encargaba de gestionar el traslado de las mujeres mediante un viaje de turismo y aleccionando a las víctimas para burlar los controles fronterizos. Una vez estaban en España, las mujeres eran enviadas a pisos de citas donde les quitaban el pasaporte y les informaban de la deuda que había contraído, que podía alcanzar los 6.500 euros.

La explotación sexual se realizaba en pisos de citas regentados por terceras personas que se dedicaban al alquiler de habitaciones para la prostitución. 

Según han informado fuentes policiales, las mujeres debían estar disponibles las 24 horas, siete días a la semana y solo podían descansar cuando lo dijera el responsable. Además, tenían que pedir permiso para salir a la calle y eran obligadas a recibir a los clientes aunque estuvieran enfermas o con la menstruación. 

Los servicios que ofrecían eran publicados en webs de contacto sexuales y debían pagar 100 euros semanales al entramado, lo que aumentaba la deuda. La principal investigada era la encargada de responder a las peticiones que recibía de los clientes y controlaba la cantidad y duración de los servicios.

Durante esta operación policial se ha llevado a cabo la entrada y registro en cinco inmuebles de Cantabria, Valladolid y Avilés, donde han intervenido 5.000 euros en efectivo, siete gramos de cocaína, tres terminales telefónicos y documentación.