La Policía Nacional ha liberado a 13 mujeres víctimas de explotación sexual y que vivían hacinadas en condiciones de esclavitud en Valladolid. Así lo ha anunciado este lunes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Por estos hechos se ha detenido a cinco personas, tres mujeres y dos hombres por delitos de prostitución, favorecimiento de la inmigración clandestina, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Cuatro de ellas han ingresado en prisión provisional y el responsable de la operación, el jefe de Brigada José Nieto Barroso, ha informado de que se enfrentan a una "horquilla" de entre cinco y ocho años de prisión "por víctima". Además, han señalado que la principal responsable de la organización no tenía antecedentes penales.

Las mujeres eran captadas en Paraguay entre las más vulnerables de las familias de los propios tratantes y eran enviadas a Madrid donde se las recogía en el aeropuerto, permanecían allí los primeros días, y después eran trasladadas a Valladolid. En el lugar de los hechos, además, se han incautado unos 15 gramos de cocaína.

En el lugar de su reclusión, eran vigiladas por los propios captores y, al llegar, según ha indicado la delegada, las víctimas desconocían las "condiciones miserables" en las que las iban a obligar a prostituirse. Además, durante su encierro entregaban a sus captores al menos la mitad del dinero, y al principio, incluso todo el dinero que recibían por estos servicios.

Las condiciones de vida de estas mujeres eran, según ha dicho Barcones, de "verdadera esclavitud", estaban disponibles las 24 horas y vigiladas con cámaras y micrófonos, además de dormir hacinadas en el cuarto de calderas en seis literas. Además, solo podían salir del domicilio tras haber solicitado permiso y solo en las inmediaciones de la calle en la que se ubicaba el piso.

Un negocio en el que la "mercancía" es la mujer

Barcones ha recordado que la mayor parte de las víctimas de trata "son mujeres y niñas" y un 65% de la trata tiene como fin la explotación sexual, mientras que el 35% se dirigen al trabajo forzado. La delegada ha señalado que "estamos frente a un enorme negocio cuya mercancía es la persona, la mujer".

La delegada del Gobierno ha asegurado que se trata de "una de las más atroces violaciones de los derechos humanos" y ha defendido "trabajar en la prevención y en la educación".

Un objetivo prioritario de la Policía Nacional

El jefe de Brigada de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, José Nieto Barroso, ha asegurado que la trata y la explotación son un objetivo prioritario para la Policía Nacional dentro del Plan Estratégico de este año. Y ha detallado que la operación comenzó en septiembre de 2021 y no a través de una denuncia, sino por medio del trabajo diario de varios policías en su función de ir observando "día a día" los lugares de riesgo.

Esta labor de seguimiento les llevó a vigilar un domicilio que estaba anunciado en Internet, ofreciendo servicios sexuales, y la experiencia personal les llevó a pensar que "había algo más" detrás. Finalmente, fueron identificadas en otro piso y terminaron por descubrir las condiciones en las que vivían.

En cuanto al futuro de las mujeres rescatadas, Nieto Barroso ha señalado que la labor de las ONG es "fundamental" y ha señalado que se las dará tanto la opción de regresar a su país como de obtener una tarjeta de residencia al colaborar con la Policía Nacional. Barcones ha querido zanjar asegurando que en España las instituciones "van a acompañar" a esas mujeres en el trayecto a "esa nueva vida".