El Juzgado número 1 de Valladolid ha dado por concluida la instrucción del que será el mayor 'macrojuicio' de los celebrados hasta ahora en la historia de la capital, con un un total de 70 encausados por hechos que se remontan a 2015 relativos a la obtención de créditos en distintas entidades bancarias, que luego no se devolvían, para la adquisición de vehículos y mediante la aportación de documentos falsificados.

Así lo acuerda el juez, José María Crespo, a través de un auto en el que aprecia indicios para ir a juicio por delitos de falsedad, estafa y pertenencia a organización criminal, da traslado a las partes para que digan si abre juicio oral, si es necesario practicar más diligencias o si procede el archivo, según informaron a Europa Press fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En el mismo auto, el instructor refiere la lista de los 61 investigados y, además, acuerda dictar orden de busca y captura para otros nueve por encontrarse en paradero desconocido y de quienes, a tenor de los documentos en autos, considera necesario tomarles declaración ante su posible participación en los hechos investigados.

Por el contrario, la resolución del juez aparta de la causa a otras cinco personas cuyas diligencias han sido sobreseídas ante la ausencia de indicios suficientes de delito.

Con distribución de tareas, se realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias, de modo que averiguados los requisitos que exigían, se confeccionaban los documentos falsos, se seleccionaba a las personas que luego convenían en colaborar de modo activo, y se solicitaban los préstamos. Otras personas se dedicaban a realizar ingresos que simularan ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios.

Si el 23 de octubre de 2018 la Audiencia de Valladolid celebró el llamado 'macrojuicio de las multiestafas', el más voluminoso de su historia en cuanto a número de investigados, un total de sesenta y cinco, lo que obligó a la Audiencia de Valladolid a trasladarse a la Feria por falta material de espacio, el Juzgado de Instrucción número 1 acaba de dictar auto acordando la transformación en procedimiento abreviado las diligencias instruidas en este nuevo caso, que superará al anterior en número de investigados.

Los hechos objeto de la presente causa, que, casi con toda seguridad, motivarán un nuevo desplazamiento de la Audiencia de Valladolid hasta la Feria, fueron destapados a raíz de una denuncia inicial en octubre de 2015 y llevaron a centrar las pesquisas en un grupo criminal dedicado a obtener dinero de entidades bancarias, que no se devolvía, con la elaboración de documentos que imitaban a otros verdaderos.

Con distribución de tareas, se realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias--Santander, Caja Rural de Zamora, ING Bank, Caja Laboral, Bankia y Caixa Bank--, de modo que averiguados los requisitos que exigían, se confeccionaban los documentos falsos, se seleccionaba a las personas que luego convenían en colaborar de modo activo y se solicitaban los préstamos para la compra de automóviles.

Otras personas se dedicaban a realizar ingresos que simularan ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios. Este grupo, siembre según la tesis policial, estaba dirigido por A. I.B.C.y R.A.P.V, y llegó a defraudar la cantidad de 522.490,53 euros.

Sociedades 'offshore'

En el transcurso de las investigaciones, la policía efectuó un registro en un despacho del Pasaje Gutiérrez, donde, entre la distinta documentación obtenida, aparecieron diversos papeles que poseen información genérica para la constitución de sociedades 'Offshore' en Reino Unido.

Entre los documentos se localizaron justificantes en papel de mensajes de correo electrónico cruzados entre la cuenta de uno de los investigados y la empleada de una sociedad británica cuyo objeto indiciariamente era la constitución de una sociedad dedicada al comercio de materiales de construcción en Reino Unido y de la que, precisamente, uno de los directores/accionistas era uno de los principales presuntos responsables del grupo investigado, A.I.B.C.

El hallazgo de esta documentación en el registro del local, sede de los presuntos cabecillas, así como el referido cruce de correos "constituyen materia indiciaria respecto al hecho de que el grupo criminal investigado pudiera valerse de una sociedad radicada en el extranjero para canalizar el producto de la actividad delictiva desarrollada", recoge el auto del juez.

Se da la circunstancia de los correos reseñados datan del 28 de abril de 2016, fecha en torno a la cual se pudo observar en diversas vigilancias policiales que los "miembros del grupo criminal" establecieron el despacho en el Pasaje Gutiérrez.

"Aparece por tanto indiciariamente el grupo criminal investigado con una actividad tendente a la estafa bancaria, con la utilización de testaferros y toda la infraestructura necesaria para la obtención fraudulenta de préstamos con documentación falsa y, en el momento de la intervención policial, se encontraba comenzando a desplegar un importante esfuerzo destinado a ocultar, colocar y enmascarar los bienes patrimoniales producto de la actividad ilícita investigada", concluye el auto judicial.