Castilla y León

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Valladolid

Mantienen 7 años de cárcel para los acusados de clonar tarjetas bancarias en Rioseco

24 septiembre, 2019 19:44

La Audiencia de Valladolid ha dejado visto para sentencia el juicio contra los búlgaros Antoli K.A. y Venelin R.V, para quienes el fiscal del caso ha mantenido su petición de siete años de cárcel tras considerar plenamente acreditado que en 2017 instalaron un dispositivo en un cajero de Medina de Rioseco para copiar las bandas magnéticas de las tarjetas con las que luego "atacaron" distintos dispensadores en otras provincias españolas.

Pese a que los dos encausados se han declarado inocentes, de ahí la petición absolutoria de sus defensores ante la "falta de evidencias de su participación en los hechos", el acusador público no ha modificado un ápice su petición inicial al entender que Anatoli y Venelin formaban parte de un grupo delincuencial que operaba no solo en España sino en EEUU y otros países como Perú y Honduras al que se imputan más de 40 "ataques", como así define la policía, cometidos en otros tanto cajeros automáticos de la geografía nacional.

En el caso de ambos procesados, la acusación pública, a tenor de la prueba practicada durante los dos últimos días, fundamentalmente a partir de los testimonios de los policías actuantes, sostiene que Anatoli y Venelin no sólo instalaron el dispositivo de 'skimming' en un cajero de Rioseco para copiar las bandas magnéticas de las tarjetas de los clientes, sino que luego utilizaron la información obtenida para duplicar los plásticos y extraer con ellos hasta 3.500 euros en otros dispensadores de esta misma localidad, Medina del Campo, Salamanca, Monforte de Lemos (Madrid) y Valmojado (Toledo).

"Plenamente indentificados" en fotogramas

Aunque el cajero de Rioseco no estaba previsto de cámara de seguridad, de ahí que no haya pruebas materiales de que instalaran el 'skimmer', los policías que han testificado, en declaraciones recogidas por Europa Press, han identificado "plenamente" a Anatoli y Venelin en los fotogramas obtenidos de las grabaciones de vídeo de los cajeros "atacados", a lo que contribuye además el tatuaje con la Estatua de la Libertad que lucía el primero en su antebrazo.

Pero además, entre otras pruebas, la acusación del fiscal se fundamenta en las evidencias recogidas en los registros de las viviendas que Anatoli y Venelín ocupaban, respectivamente, en Arcicóllar (Toledo) y Alcorcón (Madrid), en el primer caso donde la policía halló todo un "taller" especializado en la clonación de tarjetas y en el segundo donde los agentes descubrieron prendas identificadas en las grabaciones de los cajeros y distintas tarjetas falsificadas.

"Era un taller en el que no faltaba de nada, con material de sobra, tenía de todo", ha recordado una de las policías, mientras que otro compañero de ésta ha sido todavía más explícito al subrayar la importancia del alijo. "¡Llevo trece años en esto y es el registro donde más dispositivos para la clonación de tarjetas hemos encontrado!", ha precisado el agente, quien ha relatado que en el salón de la vivienda de Anatoli había una mesa-laboratorio provista de su flexo, soldador, gafas de aumento...etc.

Pero además, en la cartera del morador de dicha vivienda los policías se incautaron de varias tarjetas, una de una gasolinera y otra de un hotel, con operaciones de bancos estadounidenses, todas falsas, otra de las evidencias de la presunta vinculación de ambos procesados a una red criminal sobre la que la policía especializada en este tipo de delitos venía investigando meses antes.

Las estancias constatadas de los acusados por aquellas fechas en alguno de los escenarios de los "ataques" a cajeros, como su alojamiento en un hostal de Medina del Campo, figuran también como parte de la prueba que esgrime el fiscal del caso para mantener su convicción sobre la culpabilidad de ambos búlgaros y la petición de siete años de cárcel para cada uno por delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsificación de tarjetas de crédito.

En concepto de responsabilidad civil, interesa que ambos, de forma conjunta y solidaria, indemnicen con cantidades que suman 3.500 euros a las entidades bancarias perjudicadas, Banco Popular y Santander.