Jacinto Sánchez, portavoz de Unión por la Ganadería, y Manuel Caballero, propietario de Quesos Cinara de Hijosa de Duero, en la concentración de hoy

Jacinto Sánchez, portavoz de Unión por la Ganadería, y Manuel Caballero, propietario de Quesos Cinara de Hijosa de Duero, en la concentración de hoy

Salamanca

La desesperación de los ganaderos de Salamanca: "Nos están arruinando, nos tienen que dejar convivir con la tuberculosis"

Jacinto Sánchez, portavoz de Unión por la Ganadería: "Llevamos 38 años matando vacas y estamos peor que nunca, así nos podemos seguir"

5 junio, 2023 17:22

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Una revolución en toda regla, con asalto incluido. Centenares de ganaderos de Salamanca no pueden más, y así lo han hecho saber esta mañana, con palos y barras, en la Delegación de la Junta de Castilla y León, que han tomado por la fuerza en mitad un gran despliegue policial, derramamiento de sangre -incluida la de un policía- y mucha rabia contenida durante años.

Todo por culpa de la normativa contradictoria entre Gobierno y Junta de Castilla y León acerca del saneamiento ganadero de la tuberculosis bovina, cuya normativa estatal obliga al sacrificio de ganaderías enteras cuando se detecte un solo caso, y a la relajación de medidas que pretende poner en marcha la Consejería de Agricultura -en manos de Vox en la coalición de gobierno que sostiene a Mañueco-, mejor vista por los ganaderos castellanos y leoneses.

La tensión se veía venir en días pasados, cuando la Junta de Personal Funcionario de la Delegación de la Junta en Salamanca hacía públicas las amenazas y ataques que estaba recibiendo el jefe de Sanidad Animal “por el mero hecho de poner de relieve las deficiencias de una resolución que incumple reiteradamente la normativa nacional y comunitaria”. 

Concentración de ganaderos a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca

Concentración de ganaderos a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca

“Nos están arruinando económica y moralmente”, no duda en asegurar Jacinto Sánchez, portavoz de Unión por la Ganadería. “Tenemos unos protocolos muy estrictos, se tienen que empezar a dar cuenta de que a la ganadería en extensivo nos tienen que empezar a dejar convivir con la enfermedad, porque hay más de 50 especies distintas que son transmisores y portadores de la tuberculosis”.

Y es que, a juicio de los ganaderos, las políticas de saneamiento actuales no conducen a ninguna parte, poniendo contra las cuerdas las ya maltrechas explotaciones que cada vez lo tienen más difícil para sobrevivir. “Con matar vacas no se soluciona nada, a las pruebas me remito, llevamos 38 años haciéndolo y estamos peor que nunca. ¿La solución? Yo no soy técnico, yo soy ganadero, la solución nos la tienen que dar ellos, pero lo que esta claro es que así no puede seguir”.

Así, los agentes de las Unidades de Intervención Policial prepararon un dispositivo que despejara la entrada de la sede para que los funcionarios pudieran salir, ya que a las 15:00 horas seguía colapsada y con los ganaderos lanzando huevos al interior. Los centenares de manifiestantes se han disuelto en torno a las 17.00 horas de este lunes, tras graves altercados. En el interior del edificio han mantenido una reunión teléfonica con el consejero, Gerardo Dueñas, y con la directora general, “para que cesaran a las personas que le pedimos, pero no hemos conseguido resultado positivo”, aunque se han emplazado a otra reunión, explica el portavoz de los ganaderos, que se muestra firme en seguir con la hoja de ruta: el día 12 cortarán los saneamientos de campaña.

Medida cautelar y sin acuerdo, de momento

Durante el trascurso de la reunión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordó suspender cautelarmente la aplicación de la resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, por la que se desarrollaban algunos aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes, flexibilizando el movimiento de ganado. Una petición de la Abogacía del Estado basada en la “ilegalidad manifiesta de la resolución” por incurrir en “infracción tanto de la normativa europea como de la normativa básica del Estado español”.