El presidente del PP de Salamanca, Francisco Javier Iglesias García, es el vivo retrato de quien convierte la política en un modo de vida. Tal vez esté aquí la explicación de que se ponga las normas internas de su partido por montera y lleve año y medio sin convocar el congreso provincial de su partido en Salamanca ni tampoco reuniones de los órganos internos. Y, además, sin molestarse en dar explicación alguna. Autocracia en estado puro.

No se sabe que haya tenido otro trabajo que no sea el de político. Si en el pasado tuvo alguna experiencia laboral en el sector privado (se comenta que estuvo contratado durante algún tiempo como administrativo en un matadero de Ciudad Rodrigo), se desconoce.

En todo caso, se trataría de algo anecdótico en su registro laboral: unas pocas semanas o meses frente a los veintisiete años que lleva percibiendo sueldos públicos gracias a los numerosos cargos que ha ocupado, todos, por supuesto, remunerados generosamente.

Además, es notoria su habilidad para conjugar el cobro de estos magnánimos sueldos con las denominadas dietas y asistencias a comisiones, no menos dadivosas en ciertos casos, como consecuencia de que en una misma persona recaigan dos cargos públicos al mismo tiempo, que es lo que ha sucedido con Iglesias durante un buen número de años.

Y en las mismas sigue en la actualidad, sumando a su sueldo de presidente de la Diputación las dietas que le corresponden como concejal del Ayuntamiento de Salamanca: 10.465,20 euros en el ejercicio 2021.

Y es que uno puede compatibilizar, por ejemplo, el sueldo con dedicación exclusiva de presidente de diputación con las dietas que le conciernan por ser al mismo tiempo senador o procurador de las Cortes de Castilla y León. O a la inversa, optar por el sueldo con dedicación exclusiva de senador y percibir dietas de asistencia a plenos y comisiones en una diputación provincial o ayuntamiento.

Todo, por supuesto, absolutamente legal, aunque de dudosa ética, particularmente en épocas de crisis. Mientras al ciudadano se le suben impuestos y se le obliga a apretarse el cinturón, los políticos agraciados con el privilegio del doblete de cargos se embolsan mensualmente cantidades que resultan escandalosas.

[Demandan en el juzgado al Partido Popular y piden una orden judicial para convocar el congreso de Salamanca]

Francisco Javier Iglesias se ha beneficiado ampliamente de estas prebendas, ya que su historial político está regado de acopio de cargos. De 1995 a 2015 fue alcalde de Ciudad Rodrigo. Durante tan largo periodo, ha compaginado la alcaldía con los cargos de diputado en el Congreso (1996-1999, y 2000-2004), senador (2004-2008), procurador en las Cortes de Castilla y León (1999-2000 y 2007-2011) y presidente de la Diputación de Salamanca (2011-2015).

Así pues, desde que resultó elegido presidente de la Diputación de Salamanca en 2011, durante muchos momentos han recaído en su persona hasta tres cargos: alcalde de Ciudad-Rodrigo, presidente de la Diputación y/o senador, y procurador en las Cortes regionales.

A esta ristra de cargos institucionales hay que sumar el de presidente del Partido Popular de Salamanca, que desempeña desde 2008, sin que se sepa si percibe o no alguna remuneración por ello.

Concejal aquí y allá: todo para asegurarse el escaño

En las elecciones municipales de 2015 decidió no concurrir nuevamente al puesto de alcalde de Ciudad Rodrigo ante el temor de no resultar elegido para un nuevo mandato, como así fue. No hubo mayorías absolutas, de manera que el gobierno municipal de Ciudad Rodrigo se conformó mediante un pacto de partidos de izquierdas, que auparon hasta la alcaldía al socialista Juan Tomás Muñoz.

Pero como Iglesias García necesitaba ser concejal para poder ser diputado provincial y así optar luego a la reelección como presidente de la Diputación, encontró la solución integrándose en la lista municipal del PP del pequeño municipio de Beleña, donde fue concejal entre 2015 y 2019.

Una decisión sonada entonces, primero, por verle tratando de revalidar su cargo refugiándose en la candidatura de un pequeño pueblo con poco más de 200 habitantes; y, en segundo lugar, porque en ese caso el cargo de concejal carecía de remuneración alguna.

90.000 euros al año por acumulación de cargos

Curiosamente, en las siguientes elecciones municipales Iglesias prefirió cobijarse en la lista del PP de la capital salmantina, donde permanece actualmente. Eso sí, la remuneración aquí en concepto de dietas y asistencias a comisiones se elevó en 2021 a 10.465,20 euros, según informa el propio Ayuntamiento de Salamanca en su página de transparencia. Cantidad a sumar a los 79.337,44 euros brutos que percibió en 2021 como presidente de la Diputación de Salamanca, amén de otros pequeños ingresos por su condición de presidente de organismos autónomos como Cipsa o Regtsa.

Es decir, a lo largo de sus veintisiete años, Francisco Javier Iglesias ha podido embolsarse una media anual en torno a 90.000 euros brutos anuales por los diferentes cargos acumulados.

Eso explica el importante patrimonio personal que ha podido amasar a lo largo de los años. En la declaración de bienes que Iglesias presentó en 2019 después de volver a ser reelegido diputado provincial, figuran a su nombre cinco viviendas: tres en la provincia de Salamanca y otras dos en Rota y en Madrid, cuatro adquiridas entre 2001 y 2017 y otra resultado de una herencia. De los tres inmuebles en Salamanca figura como propietario al 50%, mientras que de los de Rota y Madrid su porcentaje de participación en la propiedad es del 100%.

Investigado por financiación ilegal y temor a perder las Primarias frente al sector crítico

Acostumbrado a las jugosas remuneraciones públicas y al coche oficial, se comprende que Iglesias no esté por la labor de convocar el congreso provincial de su partido en Salamanca. Teme que el denominado sector crítico, que ya presentó un escrito ante el Comité Nacional de Garantías del PP instando a que se le obligue a celebrar dicho congreso, se alce con la victoria y le cierre cualquier posibilidad de revalidar el cargo actual u otros a los que pudiera aspirar.

Por otra parte, Iglesias se halla inmerso, como investigado, en el caso judicial por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca a raíz de las primarias celebradas en 2017. El caso se está dilatando en el juzgado por diversas circunstancias personales esgrimidas en diversas ocasiones por el propio Francisco Javier Iglesias, quien tal vez prefiere enfrentarse al juicio revestido del cargo orgánico de presidente provincial del partido mejor que como simple militante de base.

Se niega a atender a los alcaldes que acuden a la Diputación

En cualquier caso, su situación política es insostenible, no sólo por los años que lleva ocupando cargos o por el caso de las primarias, sino sobre todo por la situación de división a la que ha abocado al partido en Salamanca, incluyendo la Diputación provincial, donde el grupo de diputados del PP se halla dividido en dos, con sonados enfrentamientos entre facciones a nivel personal y en comisiones y plenos. Algunos ni se hablan entre ellos.

El malestar se extiende asimismo entre los alcaldes y concejales de la provincia debido a la actitud prepotente del presidente, que vive aislado de la situación real en el búnker que su gabinete ha creado en torno a él. A instancias del gabinete, a menudo Iglesias se niega a atender a los alcaldes que acuden al palacio de La Salina en busca de apoyos de la institución provincial para solventar problemas de sus municipios. Recientemente, uno de esos alcaldes, al que negaron la entrevista con el presidente, abrió la puerta de su despacho lanzando improperios por no ser recibido.

Un difícil escenario: un partido dividido en dos con elecciones a la vista

Abordar las elecciones municipales de 2023 en estos términos, con una fuerte división interna y con el presidente y unos órganos de gobierno sin legitimidad, resulta arriesgado para el PP. Salamanca es una de las provincias donde Vox ha surgido con más fuerza. Las luchas internas entre los populares podrían pasarle una factura letal.

A esta compleja situación se suma ahora la demanda interpuesta por un militante por la no celebración del congreso provincial. Si el congreso no se celebra antes, si las candidaturas electorales no son aprobadas por los órganos avalados por la legitimidad de un congreso, las impugnaciones de listas estarán a la orden del día.

A Javier Iglesias parece no importarle esto, tan solo cómo solucionar su futuro a nivel personal. Es el caso de tantos otros en su misma situación, un miedo cerval a quedarse como simple ciudadano de a pie, sin las bondades del coche oficial.