Más de 400.000 documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca han sido enviados a Cataluña, en sucesivas remesas, desde el año 2006. Las reclamaciones planteadas por la Generalitat para la recuperación de los miles de legajos catalanes que fueron trasladados en trenes a Salamanca por las tropas del general Francisco Franco en el año 1939 tras el hundimiento del bando republicano y la caída militar de Cataluña han prosperado pero, al mismo tiempo, ocasionaron un conflicto político con connotaciones territoriales que está perdurando en el tiempo. Los 'papeles de Salamanca' -término coloquial y mediático utilizado para referirse a este espinoso asunto- se conviertieron de esta forma en un punto de fricción entre los dirigentes catalanes y la Junta de Castilla y León, mientras que el Ministerio de Cultura se vio involucrado directamente, dado que el Archivo salmantino es de titularidad ministerial. Se constituyó también una comisión mixta Estado-Generalitat para decidir qué legajos concretos debían ser devueltos a Cataluña, todo ello en medio de un proceso salpicado por los recursos y las demandas en los juzgados.

El conflicto pervive y no se ha extinguido, porque la Generalitat y diferentes sectores del independentismo catalán ya han anunciado que afrontan 2022 con la intención de que también sean salgan de la capital charra los últimos documentos catalanes que aún permanecen guardados en las dependencias del antiguo colegio de San Ambrosio, sede el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca y actualmente reconvertido bajo la denominación de Centro Documental de la Memoria Histórica.

El conflicto llega al Congreso

Buena prueba de todo lo anterior y del recrudecimiento de este agrio litigio es lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados desde hace unas semanas con la tramitación parlamentaria de la Ley de la Memoria Democrática, una nueva normativa legal que sustituirá a la todavía vigente Ley de la Memoria Histórica, que fue promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La tramitación de la nueva normativa está viéndose condicionada por la presentación de un amplio abanico de enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios, que no quieren renunciar a que sean incorporadas al texto confeccionado y auspiciado por el Gobierno. De hecho, el plazo para la presentación de las mismas se cerró en la segunda quincena del pasado mes de diciembre.

Entre las enmiendas que deberán ser debatidas próximamente en las correspondientes comisiones en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo figuran varias que incumben directamente al Archivo de Salamanca y que, en el caso de ser aceptadas finalmente, facilitarían la salida de más legajos al verse respaldadas por el correspondiente marco legal. Es decir, al amparo del articulado de la Ley de la Memoria Democrática se podría resucitar un conflicto que sigue latente y cuyos origenes se remontan, nada más y nada menos, que al año 1995, cuando tuvo lugar en Salamanca la primera gran manifestación convocada por el Ayuntamiento de la capital charra contra la fragmentación del Archivo.

Las enmiendas que incumben al Archivo salmantino proceden desde las filas del Grupo Parlamentario Republicano y del Grupo Parlamentario Plural. El primero está formado por los 13 diputados de Esquerra Republicana. Bajo el paraguas del Grupo Parlamentario Plural conviven varias formaciones con sensibilidades diferentes, como son Junts per Catalunya, el Partido Democrático Europeo de Cataluña (Pdecat), Más País bajo la batuta de Íñigo Errejón, Compromís y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG).

Las enmiendas que ha tramitado Esquerra Republicana incluyen, por ejemplo, una disposición adicional para que sea incorporada al texto definitivo de la Ley de Memoria Democrática, una propuesta que estipula que "serán restituidos a las instituciones públicas, entidades privadas o particulares los archivos o fondos documentales actualmente conservados en archivos u otras instituciones del Estado, que les fueron requisados por éste durante la guerra o la dictadura franquista por parte de órganos estatales amparados por ésta o a su servicio, con motivo de la guerra o durante la posguerra, o por acciones represivas de los cuerpos policiales franquistas". Evidentemente, el Archivo de Salamanca forma parte de esos organismos.

Además, en la disposición adicional de ER se subraya que "en caso de que los organismos o personas expoliadas hayan desaparecido, los fondos documentales serán entregados a los que los sucedan en sus funciones o, en todo caso, a las Comunidades Autónomas del lugar de procedencia". Esquerra Republicana añade en su disposición, que está rubricada por Gabriel Rufián, que "en caso de que estas declinen hacerse cargo de estos, se restituirán a las Corporaciones Locales que tengan archivos en condiciones técnicas para la conservación del patrimonio documental, como centros de recuperación de la memoria histórica local. En este último caso la entrega será realizada en base a un convenio suscrito entre la corporación local y el Ministerio de Cultura". Es decir, se abre la puerta legalmente y de forma evidente para la salida de más documentos, fondos que no podrían retornar nunca a Salamanca dado que quedarían en manos de organismos autonómicos y ayuntamientos.

Nuevos reales decretos

Pero Esquerra Republicana va más allá sus reclamaciones y plantea, sin dejar lugar a dudas, que "en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta Ley el Gobierno aprobará un Real Decreto a efecto de restituir la documentación incautada a municipios valencianos y catalanes, actualmente depositados en el Archivo General de la Guerra Civil española sito en la ciudad de Salamanca". El motivo de añadir esta disposición adicional, según se argumenta en la correspondiente justificación, es que "se considera imprescindible hacer mención explícita a las incautaciones de documentación a los municipios catalanes y valencianos".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Plural ha presentado otra enmienda de especial calado, que pone también sus ojos en el Centro Documental de la Memoria Histórica y que también abre la puerta y deja expédito el camino a la salida de más documentos una vez entre en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática. En la disposición, rubricada por el diputado del Partido Demócrata Europeo Catalán (Pdecat), Ferrán Bel Accensi, se señala textualmene que "el Estado establecerá un nuevo decreto en desarrollo de la disposición adicional primera de la Ley 25/2005 de 17 de noviembre por la que se dispondrá un procedimiento para la restitución de los documentos de las personas y entidades de las otras comunidades autónomas, que incluirá las obligaciones de la administración del Estado y de las comunidades autónomas afectadas de difundir y publicitar los titulares de los fondos documentales requisados". El plazo de reclamación contará "a partir de la fecha que la persona, sus herederos o las entidades afectadas tengan conocimiento de la existencia del fondo documental que les fue requisado". En todo caso, añade el parlamentario catalán, "prevalecerá la interpretación de las normas en aplicación del principio de efectividad del derecho reconocido por la ley a las personas que padecieron la requisa».

Conviene puntualizar y aclarar que ley de 17 de noviembre de 2005 que menciona el Pdecat ya contemplaba la restitución de los papeles requisados pòr el franquismo. En 2008 un real decreto se encargó de desarrollarla. Es decir, si un particular quería recuperar un documento que fue requisado a su padre o su abuelo republicano durante la contienda bélica o en la postguerra, debía contactar con el Gobierno de su Comunidad Autónoma y está llevaría a cabo toda la tramitación con el Ministerio de Cultura, siendo una comisión técnica la que decidiría finalmente si el documento salía o no de Salamanca.

El Grupo Parlamentario Plural reconoce que ley de restitución de documentos de noviembre de 2005 establecía, efectivamente, este procedimiento, que fue desarrollado por el mencionado Real Decreto de diciembre de 2008. Sin embargo, considera que la disposición presentada recientemente en el Congreso que este Real Decreto "no tuvo ninguna efectividad por no hacer publicidad e imponer condiciones que impedían el acceso de los posibles afectados a reclamar el retorno de aquello que desconocían. Por esto entendemos que el Gobierno del Estado tendrá que dictar un nuevo decreto en el que él mismo y a través de las comunidades autónomas respectivas se dará publicidad de los fondos depositados en el Centro Documental de la Memoria de Salamanca, estableciendo un plazo para la formalización de la restitución que tendrá que contar desde la fecha que los afectados o sus herederos tengan conocimiento de la requisa y los documentos preservados".

Además, la disposición adicional abanderada por el diputado catalán es tajante cuando subraya que "los documentos que no sean restituidos serán librados a las respectivas comunidades autónomas para que los conserven y custodien para formar parte de su memoria republicana". Es decir, esos documentos no retornarán en ningún caso al Archivo salmantino, sino que quedarán en manos de la Comunidad Autónoma afectada si no se localiza a los herederos de las personas a las que les fueron incautados.

Este matiz es muy importante, porque el Real Decreto de 2008 planteaba restituir legajos a "personas naturales físicas y jurídicas" y de devolverlos a la capital salmantina si aquellos no llegaban a manos de quienes los solicitaron. Sin embargo, si la enmienda nacionalista se inserta en la nueva Ley de Memoria Democrática, en la hipótesis de que no apareciese ni fuera localizado ningún heredero, los fondos en cuestión acabarían quedando en manos de las Comunidades Autónomas.

La última salida

La última salida de documentos del Archivo tuvo lugar en abril del pasado año. Entonces la Consejería de Cultura de la Generalitat anunció la llegada a Cataluña, procedente de la capital charra, de una nueva entrega de documentación privada de los ‘papeles de Salamanca’, tanto de personas físicas como jurídicas, que fue incautada en las postrimerías de la Guerra Civil. En un comunicado, la consejera de Cultura, Àngels Ponsa, señaló entonces que se trataba de "un acto de justicia conseguido con el esfuerzo y la perseverancia de muchas personas y entidades. Llega tarde y todavía queda camino por recorrer, pero estamos más cerca de restituir la historia nacional, civil y humana de nuestro país"

La Generalitat puntualizó que era una entrega exclusiva de documentación privada y se componía de 26 fondos documentales (ocho de entidades, ocho de particulares y empresas y 10 de partidos y sindicatos) y 68 agrupaciones documentales de menor entidad, que en total se correspondían con un volumen de 25.602 imágenes digitales. Se trataba de documentación de personas físicas y jurídicas, de las que algunas ya habían recibido transferencias anteriores, como la CNT, UGT, la Associació d’Amics de la Unió Soviètica de Catalunya (AUS), el Socorro Rojo Internacional, Solidaritat Internacional Antifeixista de Catalunya, la Compañía de Jesús, Antoni Aymat Mareca y del conseller de Salud entre 1931 y 1932, Josep Jové i Saroca.

También incluyó la remesa movilizada en abril papeles de sindicatos y cooperativas como la Associació de Professionals de Faquins Bastaixos del Peix, el Sindicat Agrícola de Balaguer, la Cooperativa de Tintorers de Robes Usades de Reus y la Societat de Picapedres de Tarragona, entre otros. Entre la documentación de entidades sociales y políticas correspondientes al envío de abril figuraba la del Centre Israelita Agudad Ahim de Barcelona, el Casino Foment Rapitenc y la Joventut Cultural i Recreativa de Roselló; de entidades asistenciales y religiosas como la Confraria del Cordó y el Convent de Santa Maria de Jesús de Reus, y de empresas como la Compañía General de Minas y Sondeos, la Sociedad Anónima Mixta y de la delegación en Barcelona de la Distribuidora Ibérica de Publicaciones.

También se trasladó en abril desde Salamanca a Cataluña documentación de familias como los Amell Pretell y personales, correspondientes a 38 personas, entre las que sobresale la de uno de los referentes del anarcosindicalismo español, el mítico dirigente sindical Ángel Pestaña.