El casi interminable conflicto de los bautizados mediática y políticamente como los 'papeles de Salamanca' se recrudece al reactivarse en las filas del independentismo catalán nuevas reclamaciones para el traslado a Cataluña de más documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. El litigio, que estalló hace ya 26 años y que ha supuesto a lo largo de estos más de cinco lustros el envío a Cataluña de más de 400.000 legajos del Palacio de San Ambrosio (sede del Archivo salmantino reconvertido actualmente bajo la denominación de Centro Documental de la Memoria Històrica), abre ahora un nuevo frente.

La Comisión de la Dignidad, entidad que ha abanderado desde comienzos de este siglo la demanda histórica catalana por recuperar toda la ingente documentación que fue requisada por las fuerzas militares del bando nacional en el año 1939 en Cataluña tras la derrota miitar del bando republicano, se ha entrevistado con la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ángels Ponsa. En el encuentro, la Comisión de la Dignidad le recordó a la consejera Ponsa que en el Archivo salmantino permanecen almacenados todavía fondos de diferentes instituciones catalanas y que deben retornar a Cataluña, por justicia histórica, dado que fueron requisados como botín de guerra, según señala el portavoz de la Comisión de la Dignidad, el abogado Josep Cruanyes. Y entre esos fondos figuran documentos de aquel periodo pertenecientes a 43 ayuntamientos catalanes. La extensa lista engloba los casos de los consistorios de Barcelona, Tarragona, Reus, Valls, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Portbou, Molins de Rei, Figueres y Cornellà de Llobregat, algunos de los cuales reclaman libros de actas del periodo de la Guerra Civil. De hecho, muchos de estos consistorios aprobaron mociones y adoptaron acuerdos plenarios para reclamar estos legajos, la mayoría de ellos de carácter puramente administrativo.

Pero todavía hay más documentación que no ha sido devuelta a Cataluña, recalca Josep Cruanyes, como sucede con fondos pertenecientes a las consejerías de Justicia y Orden Público de la Generalitat correspondientes a los años de la Guerra Civil. "También siguen en Salamanca documentos de algunos tribunales y de organizaciones masónicas catalanas", explica el portavoz de la Comisión de la Dignidad.

"Hemos hablado con la consejera de Cultura y nos ha dicho que van a pedir que se convoque la comisión mixta Estado-Generalitat para resolver este asunto". Es precisamente este órgano el que ha venido decidiendo desde el año 2006, cuando se produjo la primera salida de documentos catalanes del Archivo, los documentos que debían ser trasladados a Cataluña en las diferentes remesas de legajos. El primer envío de fondos, que se produjo el 19 de enero de 2006, desembocó en un agrio conflicto territorial y político entre Cataluña y Castilla y León. Mientras que los responsables de la Generalitat consideraron que se trataba de comenzar a curar una herida que afectaba a la dignidad de Cataluña como pueblo, las instituciones salmantinas y, de forma inmediata, las de Castilla y León rechazaron frontamente la salida de los legajos y la catalogaron como un auténtico expolio. De hecho, aquella primera salida de legajos del Archivo salmantino -19 de enero de 2006- se tuvo que hacer bajo la custodia de un fuerte dispositivo policial y en horario nocturno, ante la concentración de centenares de airados salmantinos que protestaron frente a las puertas del Archivo.

Presión constante

La presión del independentismo catalán a lo largo de todos estos años para lograr el retorno a Cataluña de todos los fondos catalanes del Archivo salmantino ha sido constante. En enero del presente año la Comisión de la Dignidad remitió al Ministerio de Cultura un requerimiento, previo a una posible demanda judicial, alegando que se había incumplido la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2019, que declaraba que el Estado debía devolver toda la documentación de entidades y particulares que se retuvo en Salamanca en 2014, cuando tuvo lugar la última entrega de legajos. La asociación que lidera Josep Cruanyes también tramitó en enero otro requerimiento al Ministerio de Defensa por no haber restituido a la Generalitat documentación como actas, textos educativos y listas de patrimonio cultural que permanecen en los archivos militares de Ávila. El portavoz de la comisión señaló entonces que cuando las familias y las entidades vuelven a tener en su poder los archivos "también están recuperando la historia", por lo que es "un acto de justicia" devolver una documentación que consta como "botín de guerra", y a la que a cualquier gobierno democrático "le quemaría las manos" tenerla, enfatizó entonces Cruanyes.

La advertencia de posibles acciones judiciales prosperó y el Ministerio de Cultura claudicó y no puso objeciones al traslado de más documentos a Cataluña. Buena prueba de ello fue que unos pocos meses después, concretamente en abril, la Consejería de Cultura de la Generalitat anunció la llegada a Cataluña, procedente de la capital charra, de una nueva entrega de documentación privada de los ‘papeles de Salamanca’, tanto de personas físicas como jurídicas, que fue incautada en las postrimerías de la Guerra Civil. En un comunicado, la consejera de Cultura, Àngels Ponsa, señaló entonces que se trataba de "un acto de justicia conseguido con el esfuerzo y la perseverancia de muchas personas y entidades. Llega tarde y todavía queda camino por recorrer, pero estamos más cerca de restituir la historia nacional, civil y humana de nuestro país"

La Generalitat puntualizó que era una entrega exclusiva de documentación privada y se componía de 26 fondos documentales (ocho de entidades, ocho de particulares y empresas y 10 de partidos y sindicatos) y 68 agrupaciones documentales de menor entidad, que en total se correspondían con un volumen de 25.602 imágenes digitales. Se trataba de documentación de personas físicas y jurídicas, de las que algunas ya habían recibido transferencias anteriores, como la CNT, UGT, la Associació d’Amics de la Unió Soviètica de Catalunya (AUS), el Socorro Rojo Internacional, Solidaritat Internacional Antifeixista de Catalunya, la Compañía de Jesús, Antoni Aymat Mareca y del conseller de Salud entre 1931 y 1932, Josep Jové i Saroca.

También incluyó la remesa movilizada en abril papeles de sindicatos y cooperativas como la Associació de Professionals de Faquins Bastaixos del Peix, el Sindicat Agrícola de Balaguer, la Cooperativa de Tintorers de Robes Usades de Reus y la Societat de Picapedres de Tarragona, entre otros. Entre la documentación de entidades sociales y políticas correspondientes al envío de abril figuraba la del Centre Israelita Agudad Ahim de Barcelona, el Casino Foment Rapitenc y la Joventut Cultural i Recreativa de Roselló; de entidades asistenciales y religiosas como la Confraria del Cordó y el Convent de Santa Maria de Jesús de Reus, y de empresas como la Compañía General de Minas y Sondeos, la Sociedad Anónima Mixta y de la delegación en Barcelona de la Distribuidora Ibérica de Publicaciones.

También se trasladó en abril desde Salamanca a Cataluña documentación de familias como los Amell Pretell y personales, correspondientes a 38 personas, entre las que sobresale la de uno de los referentes del anarcosindicalismo español, el mítico dirigente sindical Ángel Pestaña. 

A la espera de la decisiva comisión mixta

Josep Cruanyes valora positivamente que el Ministerio de Cultura asumiera la reivindicación catalana y que el requerimiento hubiera logrado su propósito y se hubiera evitado tener que demandar al Ministerio en los tribunales. Ahora la Comisión de la Dignidad espera que el compromiso adquirido con ellos por la consejera de Cultura, Ángels Ponsa, prospere y que la comisión mixta se convoque y de luz verde al envío de la documentación pendiente a Cataluña, lo que supondría poner el punto final al conflicto, al menos desde la perspectiva catalana, aunque en Salamanca y en Castilla y León se interpretará, sin duda alguna, como un nuevo triunfo del secesionismo catalán frente a España.