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Unionistas y el Salamanca CF pelean en los juzgados por los símbolos de la UDS

Este lunes ha comenzado en un Juzgado de Madrid la vista previa al juicio entre Unionistas de Salamanca y la Administración Concursal de la extinta UDS

25 octubre, 2021 18:08

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Esta mañana ha tenido lugar en un juzgado de Madrid la Audiencia Previa para que se conozca, de una vez por todas, a quién pertenece la marca y el escudo de la Unión Deportiva Salamanca que, a día de hoy, ostenta el Salamanca UDS. El litigio está entre Unionistas y el abogado de la Administración Concursal de la UDS, en una guerra deportiva, judicial y social que no parece tener final, en una ciudad que estaba unida alrededor de un equipo, la UDS, emblema salmantino.

Una 'batalla judicial' que lleva varios años

Este pleito lleva ya varios años, concretamente de el 28 de septiembre de 2017, cuando la Oficina de Marcas Europea (EUIPO) rechazó la oposición de la Administración Concursal de la UDS contra la solicitud de Unionistas de Salamanca de registrar la marca ‘Unión Deportiva Salamanca’.

La resolución explicaba que había sido rechazada porque "la evidencia que la Administración Concursal presentó no demuestra uso de la marca en los cinco años anteriores a la solicitud de marca por Unionistas, ya que el uso del nombre o el uso del escudo por separado no significa el uso de la marca registrada, que es ambas cosas en conjunto".

En caso de que no haya existido acuerdo, todo parece indicar que así será, el juzgado determinará una fecha para la celebración de la vista oral del juicio.

Cabe recordar, en esta 'batalla judicial', que la magistrada del Juzgado nº4 de Salamanca, María Jesús Martín, ordenó, en enero de 2019, la separación de Máximo Mayoral, José Luis Simón Moretón y Virginia García del cargo de administradores concursales de la UDS, y nombró en su sustitución a un único interventor, Eduardo Pérez Cruz.

Esta destitución fue solicitada a finales de 2014 por Silvestre Sánchez Sierra y la Liga de Fútbol Profesional que, como acreedores, denunciaron una "conducta pasiva" de los interventores, al evitar ser notificados durante casi 10 meses para que emitieran su calificación definitiva del concurso.