Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han mostrado su rechazo y condena a las "presiones" que aseguran que la empresa minera Berkeley lleva a cabo al Consejo de Seguridad Nuclear en relación a la autorización de explotación de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).

En un comunicado conjunto recogido por Europa Press, estas organizaciones ecologistas piden al Consejo de Seguridad Nuclear que "cumpla su cometido y garantice con total independencia la protección radiológica de la población y el medio ambiente en el caso de la mina de uranio de Retortillo".

Las organizaciones apuntan que el objetivo de la empresa es que "se resuelva lo más rápido posible el expediente de solicitud de autorización de explotación de una mina de uranio a cielo abierto y la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca)".

Estas organizaciones recuerdan que han denunciado "en innumerables ocasiones este peligroso proyecto y las constantes irregularidades en su tramitación" con un "escrupuloso respeto" por su parte hacia las decisiones del CSN. Por eso, rechazan "las prácticas de esta empresa privada y piden al CSN que mantenga su total independencia ante estas maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial".

Las ONG han apuntado que la misión del CSN es "proteger a los trabajadores y trabajadoras, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen" y creen "esencial" que se garantice su credibilidad en todo momento.

Por eso, las organizaciones ecologistas reclaman al presidente del CSN que haga caso omiso a las "inadmisibles presiones de Berkeley y tome la decisión sobre este proyecto con total independencia". Para ello, consideran que "debe aplicar el máximo rigor técnico y tomarse todo el tiempo que sea necesario, sin atender a los intereses económicos y las prisas que pretende imprimir el promotor a través de las diferentes cartas que ha remitido al CSN".

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan, asimismo, las amenazas de Berkeley de emprender acciones judiciales si el Parlamento Español, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir la peligrosa minería de uranio en nuestro país.

Consideran además que esa prohibición "sería lógica en un contexto de transición energética hacia otras fuentes renovables y no contaminantes y en una estrategia de abandono de la energía nuclear".

Además, han añadido que la futura Ley de Cambio Climático "incluye la prohibición de la minería de uranio, lo que recoge una de las reivindicaciones de las entidades ecologistas, porque la energía nuclear no forma parte del futuro modelo energético".

Las organizaciones ecologistas han insistido en que "es inaceptable que Berkeley, usando técnicas de intimidación más propias de estados no democráticos, trate de amedrentar al Gobierno y a diputadas y diputados del Congreso".

Las ONG han reiterado que el proyecto de mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada "conllevan riesgos ambientales, sociales y sobre la salud inaceptables", al tiempo que han recordado que desde un principio la autorización de este proyecto de alto riesgo "ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local".

En este sentido, han calificado de "inexplicable" la concesión de declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León en el año 2013 "pese a que la Evaluación de Impacto Ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni, aún más grave, los impactos sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos".

Las organizaciones ambientales consideran que el proyecto de Berkeley conlleva impactos que el promotor no ha sido capaz de resolver y por ello han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica el archivo definitivo del procedimiento.