La Confederación Empresarios de Salamanca (CES) y la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca han pedido a las administraciones nuevas medidas de apoyo para el tejido empresarial de la provincia.

"Ante la crisis provocada por el coronavirus y las graves repercusiones económicas que se están produciendo en nuestra provincia queremos manifestar nuestra unidad de acción y el compromiso con el tejido empresarial salmantino", han reseñado en un comunicado conjunto.

En él, han instado a las administraciones a que "tomen en consideración" nuevas propuestas para "complementar las ya implementadas con el fin de seguir apoyando a las empresas que, en estos momentos, están pasando por momentos tan complicados, garantizando su continuidad una vez termine el Estado de Alarma".

Estas medidas que, según ambas entidades se deben adoptar, pasan por subvenciones a fondo perdido a través de la reducción de impuestos y compensación de deudas", protección a empresas de todo tamaño con "ayudas concretas para empresas de más de 50 trabajadores".

Para autónomos, han pedido "garantizar la prestación por cese de actividad por razones de causa mayor a todos los autónomos" y "bonificación total de la cuota de la Seguridad Social a los que tengan la obligación de abandonar su actividad".

También, han apoyado que se extienda el real decreto de estado de alarma a "sectores muy afectados por la crisis" como por ejemplo, el sector de las tintorerías o talleres mecánicos, que permitan cerrar sus establecimientos al público.

Asimismo, entre otras medidas, han abogado por la deducción en el Impuesto de Sociedades por reinversión y creación en los próximos tres años: ejercicios 2022, 2023 y 2024; bajada "garantizada" de impuestos, cancelación de tasas municipales durante el tiempo que dure el estado de alarma; aplazamiento del IVA sin recargo; aceleración de las devoluciones tributarias y moratorias para el pago de impuestos durante el año 2020 por plazos más amplios de 24 meses.

Finalmente, entre otros puntos, han defendido exenciones de pago de seguros sociales durante seis meses para nuevas contrataciones durante el año 2020; aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social; inaplicación de las subidas de las bases de cotización a la Seguridad Social; periodo de carencia de al menos tres meses para el pago de impuestos, préstamos, alquileres y seguros sociales, entre otros; flexibilidad de las administraciones en la aplicación de ERTES para todo tipo de empresas y tamaño y abono inmediato a los proveedores por parte de las Administraciones.