El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes la moción impulsada por el Grupo Popular con la finalidad de garantizar la libertad de las familias a la hora de decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.

Los populares recuerdan que tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza son derechos contemplados y reconocidos en la Constitución y amparados por la Declaración de los Derechos Humanos, como así lo han puesto de manifiesto el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

La Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 26.3, establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Asimismo, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales establece que “se garantizar, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto fundamental que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. El derecho de todos a la educación se configura bajo los diferentes preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones como establece el apartado 3 de este artículo.

El Tribunal Supremo, por su parte, ha reiterado que para el ejercicio de los derechos sancionados en el artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, el Estado debe financiar con fondos públicos a centros docentes distintos de los centros públicos. Y que, a través del artículo 27 anteriormente mencionado, se garantiza el derecho de las familias a la elección real de centro docente, sin que esta elección pueda verse limitada o coartada por condiciones económicas.

Por tanto, el Grupo Municipal Popular recuerda que debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros de titularidad pública como los promovidos por la iniciativa social o privada mediante una oferta que responda a la demanda de los padres, de modo que se configure una oferta plural de instituciones de instituciones educativas.

Al mismo tiempo, critica que pese a la abundante normativa y jurisprudencia que protegen a estos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de enseñanza pretenda ser menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y creando alarma social entre las familias y la comunidad educativa, rompiendo el primer gran pacto educativo de nuestra democracia consolidado por el artículo 27 de la Constitución.

Por ello, el Grupo Municipal Popular ha solicitado al Pleno que inste al Gobierno de España a garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. También a mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y privada-concertada.

De igual modo, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Salamanca ha solicitado la defensa de la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pública, y por tanto de la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a todos los centros, públicos y privado-concertados, de los recursos necesarios para ello.

Por último, los populares han pedido promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias y que éstas puedan elegir libremente dichos centros. Además, garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada-concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias.