Salamanca

IU recuerda que ya hay demandas contra la mina de Retortillo

23 febrero, 2017 17:07

El procurador de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha recordado que ya existen demandas por posible tráfico de influencias contra la mina de uranio de Retortillo (Salamanca) y le ha pedido al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que "revise sus afirmaciones" al respecto, en relación al debate que ambos mantuvieron sobre este tema en la pasada sesión plenaria del martes.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Sarrión se ha referido a la invitación del presidente para que se dirigiera a la Fiscalía y a los tribunales para denunciar posibles casos de tráfico de influencias, después de que el procurador sugiriera que algunos cargos del PP podrían "haber sido untados" por la empresa Berkeley Minera, promotora de la mina de Retortillo.

Ante esto, el portavoz del Grupo Mixto ha recordado que desde el pasado abril, la Plataforma Stop Uranio ha interpuesto una demanda en el Juzgado de Instrucción de Ciudad Rodrigo (Salamanca) por presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, y de cohecho.

Querella "susceptible de ser ampliada" si durante el transcurso de la investigación judicial pudieran resultar presuntamente implicados en él directivos otro tipo de personal de la mercantil Berkeley Minera España.

Asimismo, se ha referido a que el pasado 26 de octubre de 2011, los ayuntamientos de Villavieja de Yeltes y Retortillo suscribieron un acuerdo con la multinacional australiana, a raíz del cual "se han producido determinadas conductas dentro de las corporaciones firmantes como recalificaciones urbanísticas, licencias de obra o uso temporal de terrenos de titularidad municipal o bajo su control".

Por otro lado, Sarrión se ha referido a la contratación por parte de Berkeley de "familiares de los denunciados", mientras que "la Audiencia Nacional investiga el permiso otorgado a Berkeley por el Ministerio de Industria" y la Unión Europa "considera si el proyecto cumple con la legislación vigente".