Hospital Río Carrión de Palencia Satse
La justicia obliga a Castilla y León a costear el tratamiento de la hormona de crecimiento a dos niños de Palencia
El Juzgado de lo Social número uno de Palencia condena a Sacyl a través de dos sentencias al abono de los gastos del tratamiento derivado de la hormona del crecimiento.
Más información: El azote de las negligencias del Sacyl: “Es la lucha de David contra Goliat y los jueces deben empatizar”
El Juzgado de lo Social nº1 de Palencia ha dictado dos sentencias en las que condena al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) a cubrir los gastos derivados de tratamientos con hormona de crecimiento para dos menores que sufrían déficit desde su nacimiento.
En la primera resolución, fechada el 14 de mayo de 2025, el tribunal obliga al Sacyl a abonar 54.037 euros a los padres de O.F.S. por los gastos de farmacia ya efectuados en beneficio de su hijo.
En la segunda sentencia, de 19 de mayo de 2025, el mismo juzgado reconoce el derecho del menor R.P.P. a recibir el tratamiento con hormona de crecimiento mientras sea necesario, ordenando a la administración su abono. En este caso, la familia ha preferido no hacer pública la cuantía reconocida.
Ambas resoluciones son firmes, al no haber sido recurridas por el SACYL.
El origen del conflicto
Los menores, diagnosticados con déficit de crecimiento, habían recibido la prescripción de tratamiento con hormona de crecimiento por facultativos del Complejo Asistencial de Palencia.
Sin embargo, el comité asesor encargado de aprobar la financiación pública de estos medicamentos denegó la cobertura.
Ante la negativa, los padres asumieron el coste íntegro del tratamiento, hasta que los tribunales han reconocido ahora su derecho a la financiación pública, recordando que la hormona de crecimiento no está excluida del sistema público de seguridad social y que, cuando es prescrita conforme a criterios de racionalidad médica, debe ser sufragada por la administración.
Las sentencias insisten en que corresponde a los facultativos prescribir los tratamientos y no a comités asesores decidir sobre su cobertura, siempre que estos no estén expresamente excluidos de la financiación pública.
La defensa de ambos casos fue ejercida por el abogado Santiago Díez Martínez, especialista en Derecho Sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente.
Desde esta organización, su presidenta, Carmen Flores, ha criticado que “a pesar de las reiteradas sentencias favorables a los derechos de los pacientes en casos similares, incluso del Tribunal Supremo, el SACYL sigue oponiéndose al reintegro de gastos por este tipo de tratamientos y obligando a las familias a acudir a los tribunales”.
