La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de residuos plásticos en el marco de la operación “Finoplast”. Cinco personas han sido detenidas y otras quince investigadas por su implicación en el transporte, almacenamiento, importación y exportación ilícita de más de 41.000 toneladas de residuos plásticos tanto a nivel nacional como internacional.
La investigación comenzó a finales de 2022 tras la localización de un vertedero ilegal en una antigua ladrillera en la comarca del Bierzo (León), donde se acumulaban varios miles de toneladas de residuos sin contar con las autorizaciones ambientales pertinentes.
El hallazgo, realizado por el Equipo del SEPRONA de la Guardia Civil de León, destapó una compleja red criminal con ramificaciones en varias provincias españolas y conexiones internacionales.
Los agentes descubrieron que la mayor parte de estos residuos plásticos procedían del sector agrícola en Francia y Portugal, y eran transportados a España en camiones portugueses que aprovechaban sus viajes de retorno. Estos residuos se almacenaban ilegalmente en instalaciones situadas en La Bañeza (León) y Alberic (Valencia), además del vertedero del Bierzo. Se estima que más de 18.800 toneladas de residuos fueron trasladadas de forma ilícita desde Francia y Portugal.
Una parte significativa de estos residuos era abandonada en las naves clandestinas, mientras que otra parte se exportaba de forma ilegal a países de Asia, África y América, ocultando su verdadera naturaleza bajo documentos manipulados o etiquetándolos falsamente como materia prima.
A varios países
Entre los destinos figuran India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, con traslados ilegales que ascienden a 22.785 toneladas.
La red contaba con la colaboración de empresas ubicadas en la provincia de Almería, donde se preparaban los contenedores para la exportación.
Estos se cargaban de forma fraudulenta, ocultando los residuos con una “tapadera” de balas de plástico limpio en la parte frontal del contenedor, dificultando su detección en caso de inspección.
En la Comunidad Valenciana, el SEPRONA tomó muestras de 16 residuos almacenados, y en 15 de ellos el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona detectó la presencia de sustancias tóxicas.
La operación incluyó registros en cuatro empresas, inspección en otras cuatro, dos registros domiciliarios e intervención de miles de toneladas de residuos. Las actuaciones contaron con la colaboración de las autoridades ambientales de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada, que han coordinado todas las actuaciones judiciales.
El juez ha decretado prisión provisional para el cabecilla de la organización y se han emitido 21 órdenes europeas de investigación, claves para avanzar en las diligencias realizadas en España.
La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar el alcance total de las actividades delictivas de esta red, que ha puesto en riesgo la salud pública y el medio ambiente a través del tráfico internacional de residuos peligrosos.