El pasado mes de junio una ciudadana de 36 años, residente en Miranda, se personó en la Comisaría de Policía para denunciar que mientras se encontraba paseando por la ribera del Río Ebro, dos varones la habían abordado para sustraerle con violencia su teléfono móvil.

La denunciante, que no aportaba ningún tipo de descripción física de los autores de los hechos, presentó en Comisaría un parte de lesiones, sufridas al parecer durante el robo. Igualmente la mujer manifestaba que había tenido conocimiento de que otra ciudadana había sido víctima de un robo similar en la misma zona, hechos que no llegaron a denunciarse nunca en Comisaría. Ambos detalles, provocar una asistencia sanitaria simulando lesiones y comunicar que se habían producido más robos en la zona, los ideó la denunciante para dar mayor credibilidad a su historia.

En el marco de la investigación y comprobación de hechos que se realiza con todas las denuncias que se presentan en Comisaría los agentes localizaron una venta en una plataforma online de ese terminal por la denunciante antes de que, supuestamente, fuese asaltada por los delincuentes. Tras confrontar con la presunta víctima este y otro detalles que no corroboraban su versión de los hechos, pudo determinarse que estos eran falsos y que su objeto era, una vez vendido el teléfono de forma privada a un tercero, defraudar al seguro solicitando el reembolso por robo, de un terminal valorado en más de mil euros. De esta forma, obtenía el beneficio de la venta particular y el del reembolso de precio del terminal por parte de la aseguradora.

La denunciante fue detenida y puesta a disposición judicial por una presunta simulación de delito.

Este tipo de fraudes conlleva destinar recursos policiales en investigaciones de delitos que no han existido y generan, además, una alarma social basada en hechos que no se han producido, ya que no tuvo lugar ese robo con violencia ni ninguno de los aspectos que utilizó la denunciante para 'adornar' su historia. Además, en este caso, incluso se realizó una utilización injustificada del sistema de salud para conseguir un certificado médico de una agresión inexistente, asevera en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

Desde la Policía Nacional, recuerdan que todas las denuncias que se reciben son investigadas y que la simulación de delitos o la presentación de una denuncia de hechos falsos -normalmente realizadas para solicitar una compensación económica a una compañía aseguradora- acarrean responsabilidades penales.

Igualmente la Administración puede reclamar a los autores de este tipo de delitos una compensación económica por los gastos que se derivan de las horas de trabajo y gestiones de investigación realizadas por los agentes.