Una familia colombiana establecida en un municipio de Burgos en una iniciativa de arraigo al mundo rural. ICAL
Castilla y León premia quedarse en el pueblo: impuestos cero en el medio rural y bonificación a parques contra la despoblación
La Junta amplía los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, lo que permite dar cobertura al 97% del total.
Más información: Mañueco anuncia 36 nuevas medidas tributarias: menos IRPF e "impuesto cero" en transmisiones al medio rural
Castilla y León ha puesto cifras concretas sobre la mesa para intentar que quedarse, nacer o emprender en un pueblo no salga más caro que en una ciudad.
El paquete de 36 nuevas rebajas tributarias anunciado el pasado 1 de septiembre por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, combina un refuerzo de las ventajas rurales con una actualización de la fiscalidad medioambiental.
El conjunto, sumado a las deducciones ya vigentes, se cifra en un ahorro de 920 millones de euros para los contribuyentes en 2027. El acento recae en familias, jóvenes, autónomos y, de forma muy marcada, en el medio rural y en cómo se gravan los grandes parques energéticos frente al autoconsumo.
Un umbral de 20.000 habitantes
Hasta ahora, buena parte de los beneficios rurales se limitaba a localidades de hasta 10.000 habitantes, o 3.000 si estaban a menos de 30 kilómetros de una capital. El umbral se eleva a 20.000 habitantes. Con ese cambio, el 97% de los municipios de la Comunidad entra en el perímetro de las ventajas fiscales.
En paralelo, el límite de valor de la vivienda habitual que puede acogerse a determinados beneficios pasa de 150.000 a 200.000 euros.
La medida no es cosmética: en una comunidad con más de 2.200 municipios y una densidad muy baja, ampliar el mapa significa que pueblos medianos que hasta ahora quedaban a medio camino entre lo rural y lo urbano empiezan a contar con las mismas reglas que las aldeas más pequeñas.
![El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la firma de la Declaración de Asturias, este domingo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10845282.jpg?p=w:320\/h:240&h=rgeEvCpi"])
Más dinero por cada nacimiento
El apoyo a la natalidad se incrementa un 40% en el medio rural. La deducción autonómica en el IRPF queda en 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 por el segundo y 3.360 por el tercero y siguientes. Si el menor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%, esas cantidades se duplican.
El objetivo al final de la legislatura es subir aún más: 1.680, 2.380 y 3.500 euros, respectivamente. En el tramo general, no rural, las cifras también crecen, pero se quedan por debajo: 1.050, 1.550 y 2.400 euros en 2027, con meta de 1.200, 1.700 y 2.500. La diferencia rural no es simbólica.
Para una familia que tiene el segundo hijo en un municipio de 12.000 habitantes, el salto respecto a la normativa anterior supone varios cientos de euros extra en la declaración.
En una comunidad que lleva años perdiendo población joven, la Junta presenta esta mejora como un incentivo directo a quedarse y a tener hijos donde hay menos servicios, pero también menos presión inmobiliaria.
Alquiler joven y rehabilitación
Las deducciones vinculadas a la vivienda en el medio rural también suben. La deducción por gastos de alquiler para jóvenes pasa del 25% al 27%, con el propósito de alcanzar el 30% al cierre de la legislatura.
La deducción por rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler asequible escala del 15% al 17%, con meta del 20%.
El mensaje es doble: facilitar que un joven de 28 años pueda pagar un piso en un pueblo sin que el IRPF se lo coma, y dar un empujón fiscal a quien reforma una casa cerrada para ponerla en el mercado a un precio contenido.
En el conjunto de la Comunidad se añade otra palanca: una deducción de hasta 600 euros anuales por cada vivienda vacía que se incorpore al alquiler, con rentas máximas de 750 euros al mes en zona urbana y 500 en zona rural.
El paquete no resuelve por sí solo la falta de oferta, pero reduce el coste fiscal de dos operaciones que en muchos pueblos están paradas: alquilar y rehabilitar.
Impuestos cero
La medida más llamativa es la supresión del gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en varias operaciones del medio rural.
Quedan a tipo cero la adquisición de la primera vivienda habitual para cualquier residente, sin el límite de edad de 36 años que existía hasta ahora, y la compra de inmuebles destinados a actividad económica, como sede social o centro de negocios.
También la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluida la maquinaria; las escrituras de agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas afectas a esas explotaciones; y las operaciones equivalentes sobre suelo industrial o terciario.
En la práctica, comprar la casa, el local o la finca de los padres deja de llevar aparejado un tipo general del 8% en transmisiones. Para un joven que hereda o adquiere una explotación, o para quien decide instalar un taller en un pueblo de 15.000 habitantes, el ahorro puede ser de varios miles de euros en una sola operación.
El programa Relevacyl, pensado para el relevo generacional de autónomos, complementa esta línea con tipos que bajan del 8% al 7% en transmisiones patrimoniales, con meta del 4%, y del 1,5% al 1% en actos jurídicos documentados, con meta del 0,5%.
Una renovada fiscalidad ambiental
En paralelo al refuerzo rural, la Junta actualiza su único tributo propio, el Impuesto sobre la Afección Medioambiental, que hasta ahora gravaba sobre todo parques eólicos, embalses y líneas de alta tensión. A partir de 2027 integrará los parques fotovoltaicos de cinco hectáreas o más y las redes de comunicaciones: postes, torres y antenas.
El Ejecutivo lo presenta como una fiscalidad más justa, basada en neutralidad, igualdad y proporcionalidad, y contrapone el modelo de un solo impuesto al de comunidades que aplican hasta 15 gravámenes distintos.
No es un impuesto creado desde cero, sino una ampliación del que ya existía, con la pretensión de equiparar eólica y solar aunque, como ha reconocido el presidente Alfonso Fernández Mañueco, no son situaciones homogéneas.
El diseño del gravamen para fotovoltaica se articula por tramos de superficie. Los parques de entre 5 y 20 hectáreas pagarán 600 euros por hectárea. A partir de 20 hectáreas, el tipo sube a 2.000 euros por hectárea. Un parque de 10 hectáreas afrontaría, por tanto, 6.000 euros anuales; uno de 25 hectáreas, una factura notablemente más alta.
Quedan fuera del impuesto los parques situados en cubiertas de edificaciones, los de menos de cinco hectáreas, las instalaciones de autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones en el medio rural.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha justificado la exención de las redes rurales por las situaciones de falta de cobertura en algunas comarcas.
El mensaje político es claro: no se quiere gravar al vecino que pone placas en el tejado ni al pueblo que por fin recibe antena, pero sí a las grandes plantas que ocupan suelo rústico de forma intensiva.
Hasta un 30% de bonificación
El impuesto no se limita a recaudar. Se prevén bonificaciones y exenciones para la repotenciación de parques eólicos con más de 10 años de antigüedad, una fórmula para modernizar instalaciones viejas sin penalizarlas del mismo modo.
Además, los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos podrán bonificarse hasta el 30% de la cuota si invierten en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios con ayuntamientos y la Administración autonómica.
La idea es que una parte del impacto territorial se traduzca en escuelas, servicios o empleo local, y no solo en un recibo fiscal. Carriedo lo ha resumido como una forma de facilitar el compromiso de estas instalaciones con el territorio.
En una comunidad que concentra una parte relevante de la potencia renovable española, el diseño intenta que el despliegue energético no se perciba solo como ocupación de suelo, sino como contrapartida negociable.
Una protección expresa
La Junta insiste en tres líneas rojas: las fotovoltaicas en cubiertas y de menos de cinco hectáreas, las instalaciones de autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones rurales. Esas actividades no se gravan.
El Ejecutivo autonómico contrapone proteger el autoconsumo y el medio rural frente a las nuevas actividades sujetas. En la práctica, un agricultor que cubre la nave con placas o un ayuntamiento que facilita una antena para cubrir un valle no entra en el impuesto. Un promotor que ocupa 40 hectáreas de secano, sí.
La distinción no elimina el debate sobre el uso del suelo agrario, pero sí deja por escrito que el pequeño autoconsumo y la conectividad rural no se tratan como un gran parque.
Hacia 2027 y más allá
Todas estas medidas se enmarcan en una rebaja fiscal más amplia: el tipo mínimo autonómico del IRPF baja del 9% al 8,75% en 2027, con el objetivo de situarlo en el 8% al final de la legislatura.
Hay también una cuenta ahorro-vivienda joven de hasta 1.500 euros anuales durante cinco años —7.500 euros por persona, 15.000 por pareja menor de 40 años—, tipos reducidos del 3,75% en transmisiones para ciertos colectivos en la compra de primera vivienda y una extensión progresiva de bonificaciones en sucesiones a hermanos, tíos y sobrinos.
El hilo conductor que une el campo y lo ambiental es el mismo: usar la fiscalidad para fijar población, facilitar el relevo agrario y hacer que quien genera un impacto territorial visible contribuya, mientras se exime a quien produce para sí mismo o cubre un servicio básico en el pueblo.
Una fiscalidad para quedarse
Castilla y León no promete milagros demográficos, pero sí pone sobre la mesa un marco más claro y más generoso para quien decide quedarse.
Tener un tercer hijo en un pueblo puede desgravar 3.360 euros; comprar la primera casa o la explotación familiar puede quedar a tipo cero en transmisiones; y el gran parque solar pagará por hectárea mientras el tejado y la antena rural quedan fuera.
Si esas cifras llegan intactas a 2027, el efecto se verá en algo tan concreto como una declaración de la renta más liviana, una escritura menos onerosa y un margen extra para quien apuesta por un municipio pequeño.
No es un cambio de paisaje de un día para otro, pero sí una señal nítida: la fiscalidad se alinea con quien forma familia, releva un negocio o habita el territorio. Ahí es donde estas medidas pueden empezar a sujetar el mapa de la Comunidad.
