El consejero de economía, de La Junta, Carlos Fernández Carriedo, asiste al Consejo de política fiscal y financiera, presidida por el ministro de hacienda, Arcadi España
Castilla y León vota contra la financiación autonómica y advierte de que trabajará por evitar su entrada en vigor
Carriedo advierte de que la Junta trabajará "en todos los ámbitos" para impedir la aprobación del nuevo modelo, que considera perjudicial para la Comunidad.
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Castilla y León ha mantenido este viernes su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación autonómica durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en Madrid.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha adelantado que votará en contra de la propuesta del Gobierno central.
Además ha advertido de que el Ejecutivo autonómico trabajará “en todos los ámbitos” para evitar su entrada en vigor. Y es que para Carriedo, con este acuerdo, "se rompe el criterio de igualdad entre comunidades y solo se favorece a Cataluña".
La posición de la Junta, sin embargo, no impedirá que la propuesta salga adelante. El sistema de votación del Consejo permite al Gobierno central aprobar sus iniciativas con el respaldo de una sola comunidad autónoma y Cataluña ya ha adelantado su voto favorable.
Todo apunta, además, a que Canarias también respaldará la reforma, pese al rechazo mayoritario de las comunidades autónomas.
Fernández Carriedo ha cargado con dureza contra un modelo que, a juicio de la Junta, perjudica especialmente a Castilla y León.
El consejero ha denunciado que el Gobierno ha “huido de cualquier criterio técnico” para utilizar la financiación autonómica como instrumento político y “dar gusto a quien propuso este modelo, que es Oriol Junqueras”, con el objetivo de asegurarse el respaldo parlamentario de Esquerra Republicana.
“Es un perjuicio muy claro para los intereses de Castilla y León”, ha advertido el titular de Economía, que ha puesto el foco en la pérdida de peso de varios factores que la Comunidad considera esenciales para calcular el coste real de los servicios públicos.
“Baja el peso relativo de la superficie, de la dispersión o del envejecimiento, que son factores determinantes en el coste de los servicios públicos”, ha resumido Carriedo.
Castilla y León es una de las comunidades que más depende de estas variables debido a su extensión territorial, su baja densidad de población y el elevado envejecimiento demográfico.
Sin cambios pese a las alegaciones
El consejero también ha lamentado que el Ministerio no haya incorporado ninguna de las propuestas planteadas por las comunidades autónomas durante el proceso de elaboración del modelo.
"Todas las comunidades autónomas hemos presentado alegaciones, también Castilla y León, y el Gobierno no ha aceptado ni una sola de las alegaciones ni de las propuestas presentadas por ninguna", ha asegurado.
La Junta considera que esta falta de cambios demuestra la ausencia de una negociación real con las autonomías. Carriedo ha recordado que el conjunto de las regiones había reclamado un acuerdo amplio sobre una cuestión que afecta directamente a la financiación de los principales servicios públicos.
Por ello, la Junta defiende que los impuestos de los ciudadanos deben servir para garantizar “servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad a todos los españoles”, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.
La principal crítica de Castilla y León al modelo es su origen político. Fernández Carriedo ha insistido en que la propuesta supone “un pago político” a los partidos independentistas catalanes a cambio de facilitar la estabilidad parlamentaria del Gobierno central.
A juicio del consejero, el Ejecutivo ha utilizado la financiación autonómica “como moneda de cambio” para obtener apoyos y alcanzar el final de la legislatura, una estrategia que considera contraria al interés general.
Castilla y León comparte así la posición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y previsiblemente también coincidirá en el rechazo con otras regiones, como Castilla-La Mancha y Asturias.
La Junta descarta el boicot
Fernández Carriedo también se ha referido a la propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid de no asistir a la reunión como forma de protesta.
Castilla y León ha optado por una estrategia diferente.
La Junta ha decidido acudir al Consejo y expresar allí formalmente su oposición al modelo mediante un voto negativo.
"Castilla y León se va a oponer claramente a este modelo", ha asegurado el consejero, que ha defendido la necesidad de aprovechar «esa última posibilidad» para intentar que el Gobierno retire la propuesta.
Por eso, el Ejecutivo autonómico advierte de que mantendrá su oposición más allá de la votación celebrada este viernes.
“Por la Junta no va a quedar”, ha concluido Fernández Carriedo, convencido de que Castilla y León debe seguir defendiendo un modelo de financiación que tenga en cuenta las características territoriales y demográficas de la Comunidad.
