Haila, abogada especializada en extranjería: “La nueva ley suma. Los inmigrantes venimos a trabajar, no a mamar”

España se adentra en uno de los procesos de regularización de inmigrantes más ambiciosos de los últimos años. Solo hay que ver las noticias que surgen en los últimos días.

Impulsado por el Gobierno a través de un real decreto que modifica la normativa de extranjería, este mecanismo busca dar salida legal a cientos de miles de personas que viven en situación irregular.

Pero más allá de la letra de la ley, su impacto real , es decir el impacto social, económico y administrativo, está todavía por definirse. Según el sindicato CCOO, son casi 30.000 las personas que se pueden beneficiar de ello, pero ni Gobierno ni Junta son capaces de estimar exacta la cantidad. Incluso en algunas ciudades ya se habla de caos.

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Para entenderlo, EL ESPAÑOL Castilla y León habla con Haila Fonseca de Macedo, abogada especializada en extranjería y derecho internacional privado, fundadora de un despacho con sede en Salamanca y más de una década de experiencia en el ámbito migratorio.

Brasileña de origen y residente en España desde hace 18 años, su trayectoria profesional está íntimamente ligada a su propia experiencia como migrante. “Yo creo que porque yo soy extranjera, entonces los clientes simpatizan mucho… es como, sabemos de lo que estamos hablando”, explica.

El nuevo proceso nace sobre dos grandes grupos de beneficiarios. Por un lado, quienes han solicitado asilo antes del 31 de diciembre de 2025; por otro, quienes ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, aunque nunca iniciaran trámites formales.

Fonseca lo resume con claridad: “Esta ley supone regularización de dos grandes grupos de inmigrantes que están en una situación irregular”.

En el caso de los solicitantes de asilo, la novedad es clave: “No hace falta esperar que se tramiten ese período y podrán acceder esta vía más rápida para tener acceso a su autorización de residencia”.

El segundo grupo, el llamado “arraigo extraordinario”, exige demostrar presencia en España antes de 2026.

Aquí comienza uno de los principales desafíos prácticos. “La prueba estrella es el certificado de empadronamiento”, señala, aunque abre la puerta a alternativas: contratos de alquiler, cursos, consultas médicas o cualquier documento que pruebe la estancia. “Cualquier prueba que indique ‘yo he estado aquí’”.

La regularización no surge de la nada. Responde a una realidad que desde el Gobierno se han empeñado en transmitir, miles de inmigrantes se encuentran trabajando en la economía sumergida, sin derechos laborales ni acceso pleno a servicios básicos.

“Hay muchísimos extranjeros que trabajan en negro”, explica Fonseca. Y detalla las consecuencias: “Estar en una situación irregular en la vida cotidiana es muy complicado… desde poder alquilar un piso, abrir cuentas en bancos o volver a su país para visitar a sus familiares”.

En este sentido, la medida es económica. “Hay un motivo económico detrás de esto”, afirma.

“Va a haber un aumento tanto en las cotizaciones como también de los autónomos”. Según su experiencia, muchos inmigrantes desean regularizarse precisamente para poder contribuir: “Quieren cotizar para poder un día llegar a recibir una pensión de jubilación”.

El gran cuello de botella

Si el planteamiento jurídico parece sólido, a la hora de ponerla en marcha surgen serias dudas. La propia Fonseca advierte de un posible colapso del sistema, como ya han advertido varios sindicatos.

“Sí, va a haber desbordamiento”, afirma sin rodeos. “Si antes las oficinas de extranjería ya estaban desbordadas, pues imagínense ahora… esperan más de medio millón de solicitantes”, advierte.

El problema no se limita a la primera fase del trámite. Tras la concesión, los inmigrantes deben acudir a la Policía para la toma de huellas y la expedición de la tarjeta de identidad. “Ahí también va a haber cola porque la policía… no está preparada”.

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La falta de coordinación institucional es uno de los puntos más criticados: “No hubo una coordinación muy buena con las oficinas de extranjería”. Incluso menciona tensiones internas: “Los sindicatos de la Policía Nacional dicen que no les han tomado en cuenta, siendo pieza fundamental en este procedimiento”.

Requisitos estrictos y dudas prácticas

Frente a las críticas sobre un posible “efecto llamada”, Fonseca lo tiene claro. “No es cualquier persona que llegue hoy… que podrá beneficiarse”.

Entre las condiciones destaca una que es clave, la de demostrar permanencia continuada. “Tienes que demostrar que has estado antes del 1 de enero de 2026 y haber estado aquí cinco meses sin salir”.

Sin embargo, la aplicación práctica genera incertidumbre. “Luego veremos qué criterio va a tener la administración”, advierte. Especialmente en casos sin documentación clara, donde será necesario “montar un dossier explicativo”.

Otro punto sensible es el certificado de antecedentes penales. Aunque en países como Brasil su obtención es sencilla, en otros puede convertirse en un obstáculo. “Hay determinados países que es complicado solicitar ese documento… que es imprescindible”.

Uno de los aspectos más delicados del proceso es su carácter limitado en el tiempo. La regularización estará en vigor solo hasta el 30 de junio, apenas dos meses y medio.

La abogada posa en su despacho Cedida

Fonseca insiste en la importancia de no cometer errores: “Es una oportunidad única… es muy probable que no tengas una segunda oportunidad”. Un fallo en la solicitud puede ser irreversible: “Presentar mal el formulario… es difícil salvar eso”.

Por ello, recomienda acudir a profesionales, especialmente en casos complejos: “Es muy importante ponerse en manos de profesionales… es una materia muy viva, siempre se están cambiando las leyes”.

El debate social acompaña inevitablemente a este tipo de medidas. Una parte de la opinión pública teme que la regularización incentive la dependencia de ayudas públicas. Fonseca rechaza esta mentalidad.

“Yo creo que esto es una política de fomentar el trabajo, no las ayudas”, afirma. Y añade una reflexión basada en su experiencia: “La gran mayoría… es gente que trabaja y está deseando regularizarse”.

También introduce una dimensión personal: “Yo sí tengo la nacionalidad española, pero me siento inmigrante siempre”. Desde esa posición, reivindica una historia distinta: “Venimos a contribuir… no a ‘mamar’, como se dice”.

Casos invisibles

El nuevo reglamento también introduce mejoras en casos especialmente sensibles, como el de menores. Hasta ahora, algunos niños quedaban en un limbo legal durante años. “Este otro hijo queda colgado… irregular”, explica Fonseca en un ejemplo realista.

Con la nueva normativa, esos menores podrán regularizarse sin esperar dos años. Además, se contempla una vía para personas en situación de vulnerabilidad, aunque la abogada insiste en su carácter excepcional: “No es para la gente que está sana… es para una persona mayor, enferma o en situación límite”.

¿Qué puede provocar?

A medio y largo plazo, el impacto puede ser significativo. Fonseca se muestra optimista: “Yo entiendo que vamos a ver los beneficios… sobre todo para la economía”.

Regularizar a cientos de miles de personas implica aumentar la recaudación, reducir la economía sumergida y facilitar la integración social. Pero también exige una administración capaz de gestionar el proceso sin colapsar.

En última instancia, el éxito va a depender tanto del diseño legal como de su ejecución. Como resume la propia Fonseca: “España es un excelente país para vivir… y tenemos que fomentar a estos extranjeros que quieren sumar”.

Mientras tanto, en despachos como el suyo en Salamanca ya viven la presión del proceso. “Serán dos meses y medio de mucho trabajo, contrarreloj”, reconoce.

En ese corto periodo se decidirá el futuro de miles de personas. Para muchas, la posibilidad de salir de la invisibilidad. Para España, una prueba de su capacidad para gestionar uno de los grandes retos de nuestro tiempo: la migración.

Y, como insiste Fonseca, con una idea clara de fondo: “La gente quiere venir a sumar. A sumar y a estar integrados en la sociedad”.