El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en Wake up! Spain, Wake up! Europe.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en Wake up! Spain, Wake up! Europe. Javier Carbajal

Wake Up Spain (2026)

Los empresarios respaldan la regularización de inmigrantes si ofrece garantías de seguridad y está orientada al empleo

Las patronales se han reunido con Carlos Cuerpo para ofrecerle colaboración con planes de formación a medida de las necesidades de las empresas.

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Los empresarios son conscientes de que España necesita el trabajo de los inmigrantes y han mostrado su respaldo a la regularización laboral puesta en marcha por el Gobierno. Pero con dos condiciones muy claras: siempre que el proceso ofrezca garantías de seguridad y esté orientado al empleo.

Así lo dejaron claro en la segunda jornada de Wake up! Spain, Wake up! Europe este martes el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

La mayor pega que las patronales ven es la necesidad de un mayor consenso en el Congreso a la hora de aprobar un decreto tan importante como este. Incluso podría ser un tema a incluir en el diálogo social con los sindicatos, si no estuviera en este momento bajo mínimos.

Las CCAA y la empresa marcan el rumbo económico en la segunda jornada del Wake Up 2026

La primera de las reivindicaciones de los empresarios parece ir bien encaminada, al haber incluido el decreto aprobado por el Gobierno la necesidad de que cada inmigrante regularizado carezca de antecedentes penales en su país de origen.

Aun así, los empresarios entienden que lo lógico es que el decreto establezca además alguna fórmula para comprobar que no existen tampoco antecedentes policiales para obtener un contrato de trabajo en España.

De hecho, el Real Decreto establece que esos extranjeros deben haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes de presentar su solicitud, sin haber sido una amenaza para la seguridad, el orden público o la salud pública.

"Nos gustaría trabajar conjuntamente con el Gobierno para que la regularización vaya orientada hacia el empleo, pero sería bueno que el Congreso y las instituciones hubieran participado más, por ser un tema de Estado", ha dicho Garamendi.

La otra gran reivindicación de los empresarios se centra en impulsar planes de formación específicos para adaptar a los inmigrantes que quieran regularizar su situación a las necesidades de trabajo de las empresas.

Las patronales han estado reunidas incluso con el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, para ofrecerle planes de financiación con microcréditos o alguna otra fórmula similar que pueda financiar esos procesos de formación.

Falta mano de obra

La clave para los empresarios está en orientar la regularización hacia el mercado laboral de forma clara.

No sólo porque falta mano de obra cualificada de forma crónica en España, sino porque hacen falta trabajadores en todos los niveles de las empresas, en palabras de Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme.

El propio Sánchez Llibre, responsable de los empresarios catalanes y que se presentará a la reelección en Foment, admitía que los empresarios necesitan en España a la inmigración "como el agua que bebemos cada día".

El líder de la patronal catalana admitió este martes que el 45% de los puestos de trabajo que se han creado en los últimos cuatro años han sido ocupados por extranjeros.

Si a ese dato se le añade que la evolución demográfica prevista para España eleva en cinco millones el número de jubilados entre 2026 y 2035 (por el baby boom), es lógico pensar que hará falta que lleguen al mercado laboral muchos inmigrantes más en los próximos años.

Desde las patronales se estima que la economía española sólo puede cubrir tres millones de puestos de trabajo en ese periodo de tiempo, lo que genera una necesidad de ocupar en los próximos diez años más de 160.000 puestos con inmigración en cada ejercicio.

En el proceso de regularización que hay encima de la mesa, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que van a beneficiarse 250.000 extranjeros solicitantes de asilo y otros tantos que se encuentran de forma irregular (sin papeles).

El Gobierno se ha ofrecido incluso a tramitar por la vía diplomática la petición de antecedentes penales, durante un periodo de tres meses, para ofrecer garantías de seguridad a los contratadores de esos inmigrantes.

Si en un periodo de tres meses, desde el Ministerio de Presidencia y Justicia no se ha logrado una respuesta, el interesado tendrá 15 días para lograrlo o quedará fuera del proceso.

Aun así, el decreto, que se publicará este miércoles y entrará en vigor el jueves, establece que con el inicio de los trámites administrativos para obtener la regularización se podrá optar a algún puesto de trabajo.