Confirmado por el Gobierno: declaradas zonas catastróficas siete provincias de Castilla y León por las fuertes borrascas

El Gobierno de España ha declarado este martes en la reunión del Consejo de Ministros a siete provincias de Castilla y León −Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora− como zonas afectadas por una emergencia de protección civil tras sufrir un total de 12 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas de los últimos meses que han provocado daños de todo tipo.

En todo el país son 76 las emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias, de las que 12 corresponden a provincias de Castilla y León. En conjunto obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil.

De manera excepcional, el acuerdo del Consejo de Ministros incluye determinados sucesos en Galicia y Ceuta aun cuando la situación operativa comunicada al Centro Nacional de Emergencias no superó la fase de preemergencia o situación operativa cero.

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El Gobierno ha decidido incluir estos sucesos dada su excepcionalidad, por tratarse de una concatenación de borrascas y por la existencia de una reiteración de episodios adversos en un corto espacio de tiempo, y al tener constancia de los daños a la población, las infraestructuras y servicios públicos.

Se trata de circunstancias que, sin perjuicio de la actuación de las administraciones territoriales en el ejercicio de sus competencias, justifican la adopción de una respuesta de carácter extraordinario por parte del Estado para contribuir al restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.

Con independencia del nivel de activación de los planes autonómicos de protección civil, entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, el Gobierno sostiene que se han producido, en distintas partes del territorio nacional, fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas.

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Zonas afectadas

La relación de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil en Castilla y León son la provincia de Ávila por la borrasca Claudia el pasado 13 de noviembre; la de Salamanca, por fuertes precipitaciones, vientos y avenidas el día 14 de noviembre y la de Ávila por nevadas el 17 de enero.

Además, vinculada al paso de Leonardo se contemplan por el Gobierno las provincias de Ávila (4 de febrero), Segovia y Valladolid (5 de febrero) y Palencia y Zamora (6 de febrero), y por la borrasca ‘Marta’ el 7 de febrero las de Ávila, Salamanca, Soria y Zamora.

Sucesión de borrascas

En noviembre y diciembre de 2025, se registraron múltiples episodios de lluvias persistentes, inundaciones, viento y fenómenos costeros que afectaron, entre otras, a las comunidades de Galicia, Islas Baleares, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Destaca la borrasca Emilia, que intensificó las precipitaciones, el viento y el temporal marítimo en Andalucía, la Región de Murcia, Cataluña, Galicia e Illes Balears, donde afectó a infraestructuras viarias, servicios básicos y zonas litorales.

En enero, se mantuvo el patrón de inestabilidad con la borrasca Francis, asociada a precipitaciones relevantes, nevadas y episodios de inclemencias invernales.

Después se produjo una nueva sucesión de temporales vinculados a las borrascas Harry, Ingrid, Joseph y Kristin, que provocaron nevadas, lluvias, viento, ola de frío y fenómenos costeros, que afectaron, entre otras, a Cataluña, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Comunidad de Madrid y Galicia, con impacto en la movilidad, la vialidad invernal y los servicios esenciales.

A comienzos del mes de febrero de 2026, el paso de la borrasca Leonardo ha intensificado la adversidad meteorológica con precipitaciones persistentes, vientos fuertes y temporal marítimo en varias comunidades autónomas y Ceuta, situación agravada con el paso de la borrasca Marta, que da continuidad a este escenario de inestabilidad con nuevos riesgos hidrometeorológicos y afecciones en zonas ya impactadas por episodios anteriores.

Además, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge, en el mismo periodo, otras emergencias de protección civil como incendios forestales, incendios e incidentes industriales y químicos y accidentes en el transporte de mercancías que también requirieron de la activación de los correspondientes planes autonómicos y la adopción de medidas de protección a la población y a los bienes.

Ayudas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, el acuerdo recoge ya una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.

Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Además, el departamento estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasas por expedición del DNI.

La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre además la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias, como los beneficios fiscales, las medidas laborales y de Seguridad Social, las ayudas a las corporaciones locales, entre otras.

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, este acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas que se consideren procedentes y complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales en el ámbito de sus competencias en materia de protección civil.

En todo caso, la aprobación definitiva de estas medidas y ayudas queda condicionada a la acreditación de los daños producidos en los procedimientos que se tramiten ante los departamentos ministeriales competentes por razón de la línea de ayuda, incentivo o medida de recuperación.