La Junta lo confirma: ya ha concedido casi 50 millones en ayudas al alquiler para casi 21.000 beneficiarios

La Junta de Castilla y León ha confirmado este viernes que ha concedido ya 48,9 millones de euros, de los que 15,5 los ha aportado el Gobierno central, en ayudas al alquiler para un total de 21.000 beneficiarios, de los que casi 6.300 son menores de 36 años.

Así se ha notificado durante la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Familias de Castilla y León, que se ha celebrado en Valladolid entre la Junta y varias entidades del Tercer Sector.

En el encuentro han estado presentes representantes de las consejerías de Industria, Comercio y Empleo; Familia e Igualdad de Oportunidades; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; y Educación, además de Unicef, Poicyl, EAPN y Proyecto Hombre.

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Además de vivienda, también se han abordado temas como la inclusión de los colectivos más vulnerables, educación, el empleo o los servicios sociales. Cabe recordar que el Pacto por la Familia fue firmado por Alfonso Fernández Mañueco.

De los casi 50 millones destinados a ayudas para el alquiler, 17 han ido a parar para jóvenes de la Comunidad de menos de 36 años. En total, 6.280, lo que "refleja la apuesta decidida" del Gobierno regional para facilitar la emancipación de este colectivo, según han apuntado.

Las ayudas, de media, cubren el 50% de la mensualidad, es decir, unos 2.500 euros anuales. Ahora bien, en el caso de los jóvenes el porcentaje sube hasta el 60 y 75% si estos viven en el medio rural.

Las subvenciones corresponden al periodo subvencionable de todo el 2024 y se ha resuelto durante el presente ejercicio. Durante el encuentro también se ha analizado la respuesta del Ejecutivo a las necesidades de los colectivos que son más vulnerables.

Estos son las personas sin hogar. El importe global destinado para ellos ha subido un 13%, pasando de 434.000 euros a 491.000 euros. En atención diurna o albergues, la cantidad casi se duplica, de 184.000 a 347.000 euros.

Por último, los recursos dirigidos al alojamiento de personas migrantes se ha incrementado un 55%, de 546.000 euros a 850.000.

También se han analizado las medidas que se han intensificado este año en materia educativa, que van de la mano de la reducción de la pobreza infantil y del acceso a todas las familias a una educación gratuita desde el inicio.

En este aspecto, se ha abordado la gratuidad de 0 a 3 años y el fomento de la escolarización de 3 a 6 años que, aunque no es obligatorio, lo consideran una vía clave para paliar las desigualdades e impulsar la igualdad de oportunidades.

Junto a ello, han analizado la lucha contra el absentismo escolar, fundamental para la transmisión de la pobreza entre las distintas generaciones. Asimismo, han tratado medidas como la gratuidad de los comedores escolares para familias vulnerables o de los libros de texto.

En empleo, la Junta ha invertido en la integración de los colectivos en riesgo de exclusión en el mercado laboral hasta 111 millones de euros, divididos en 20 líneas de ayudas.

De este modo, se facilita a estas personas que obtengan un puesto de trabajo en una de la veintena de empresas de inserción que hay en Castilla y León para, posteriormente, lograr el objetivo último: que se integren en el mercado laboral ordinario.

La puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León son los centros de acción social (CEAS), donde desarrollan su actividad los equipos de acción social básica –el primer nivel–, destinados a funciones de información, orientación y asesoramiento acerca de los recursos existentes.

El segundo nivel está integrado por los equipos multidisciplinares específicos, que son los que pueden intervenir y acompañar a las personas que precisen de apoyo social.

No obstante, las entidades del Tercer Sector, coordinadas con los CEAS, juegan un papel clave en el marco de la Red de Protección a las familias que coordina la Junta, ya que pueden realizar todas las funciones que llevan a cabo los equipos del primer y segundo nivel.

En el ámbito de la inclusión social, es decir, atención a colectivos socioeconómicamente vulnerables, su actividad se financia a través de las subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto de Sociedades destinado a fines sociales. Este ejercicio, el Gobierno autonómico ha incrementado su financiación hasta llegar casi a los 4,6 millones de euros.