Plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en Valladolid
Faltan plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en Castilla y León: tirón de orejas a varios ayuntamientos
“Las administraciones municipales deben gestionar el espacio público no solo desde una perspectiva ambiental o de tráfico, sino también desde la equidad y la inclusión”, afirma el Procurador del Común.
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El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que reclama a varios ayuntamientos de la Comunidad, entre ellos los de Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Segovia, Soria y Zamora, que analicen de forma detallada la disponibilidad de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y adopten las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento legal.
La actuación, iniciada de oficio, surge a raíz de las reiteradas quejas de ciudadanos y asociaciones de personas con discapacidad que denuncian la insuficiencia de plazas reservadas en distintas localidades.
Según el informe del Procurador, aunque existen estacionamientos adaptados en la mayoría de las ciudades, no siempre se cumple la ratio mínima exigida por ley ni se da una cobertura plena a las necesidades reales de este colectivo.
La resolución recuerda que tanto la Ley 3/1998 de Accesibilidad de Castilla y León como la Orden TMA/851/2021 obligan a reservar una plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta o fracción de aparcamientos, con un mínimo de una plaza en zonas con diez o más espacios.
Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Segovia, Soria y Zamora son las ciudades señaladas. En este caso, el ayuntamiento de Palencia, Salamanca y Valladolid son los que se salvan de la quema.
El Procurador del Común subraya que la accesibilidad en el estacionamiento forma parte esencial de las políticas de movilidad urbana y constituye una medida de discriminación positiva que debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios.
“Las administraciones municipales deben gestionar el espacio público no solo desde una perspectiva ambiental o de tráfico, sino también desde la equidad y la inclusión”, recoge el documento.
En su resolución, Tomás Quintana solicita a los ayuntamientos implicados que colaboren con entidades del sector de la discapacidad para evaluar las carencias existentes y, en su caso, crear las plazas adicionales necesarias para cumplir las ratios y asegurar la movilidad sin obstáculos de las personas con discapacidad.
Los consistorios disponen de dos meses para comunicar si aceptan o no la recomendación.
La institución ha anunciado que publicará la resolución completa en su página web, una vez eliminados los datos personales, en cumplimiento de su política de transparencia.
