La Junta presenta 12 alegaciones contra la condonación de la deuda: "Cada ciudadano de CyL debe 523 euros más"

La Junta de Castilla y León ha presentado 12 alegaciones ante el Ministerio de Hacienda contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común.

Es decir, contra la condonación de la deuda acordada por el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña tras el pacto del PSOE con ERC.

Desde el Ejecutivo autonómico, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, precisan que la medida implicará que "cada ciudadano de Castilla y León deba 523 euros más".

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Por ello han presentado estas alegaciones dentro del plazo establecido por el Ministerio en trámite de audiencia.

Dicho documento reitera la "oposición de la Junta de Castilla y León" a la propuesta del Gobierno de España para la condonación de la deuda autonómica. Un rechazo que, según ha recordado, ya fue trasladado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de reiterado en diferentes encuentros técnicos y en el trámite de consulta pública previa.

En el escrito remitido, la Junta ha trasladado "12 puntos fundamentales". El primero de ellos hace referencia a una norma con "motivación claramente política" que "responde del acuerdo de investidura del Gobierno de España entre dos partidos políticos".

El segundo punto asegura que el anteproyecto de Ley "no ofrece solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas". En este sentido, precisan que es un "parche aislado y no incluye ninguna disposición para corregir la insuficiencia financiera estructural de las administraciones autonómicas".

Insistiendo en este apartado, aclaran que la prioridad ha de ser la "reforma del modelo de financiación caducado desde 11 años, atendiendo a los principios de solidaridad y suficiencia de recursos en un marco de igualdad y multilateralidad".

En la tercera cuestión apuntan que la propuesta "menoscaba el principio de responsabilidad fiscal de la gestión pública" que está recogido tanto en el artículo 9 de la Constitución Española como en el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

"Cada administración debería responder de sus decisiones y asumir las consecuencias de estas", han añadido. El cuarto apartado avanza que el anteproyecto "no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados para garantizar que el endeudamiento se adecúe a lo que permiten las reglas fiscales, e incentivar una disciplina fiscal efectiva".

Denuncian en el quinto apartado que el Gobierno ha actuado "sin transparencia, socavando los principios de cooperación, colaboración en las relaciones financieras del Estado y de las comunidades" debido a que no se ha desarrollado "un proceso de consulta y negociación multilateral con las distintas autonomías".

De esta forma, han recalcado que se ha presentado como un "acuerdo ya cerrado" que pretende "imponer al conjunto de comunidades".

En el sexto punto tildan la medida de "injusta" porque "genera agravios comparativos entre territorios y un trato discriminatorio y no igualitario", algo que a su juicio vulnera "los principios de eficiencia en la asignación de los recursos y de lealtad institucional".

También han mostrado, en el séptimo punto, su discrepancia con los criterios de reparto acordados y aplicados por ser "totalmente discrecionales", ya que se redistribuye de manera "injustificada una parte de la deuda que asumirá el Estado en base a criterios totalmente ajenos al que se establece en el actual sistema de financiación".

Para la Junta, no se ha justificado el incremento del volumen de deuda a traspasar al Estado por el "simple hecho de que no alcanzar el porcentaje medio del conjunto de las comunidades autónomas, cuando todas están infrafinanciadas".

Asimismo, han asegurado que se "perjudica" a aquellas autonomías que han bajado impuestos "en favor de quienes las han subido, discriminando a las que han utilizado su capacidad normativa generando ahorro fiscal a los ciudadanos, y que han aplicado una política presupuestaria prudente".

"En ningún caso los criterios de reparto se han fijado teniendo en cuenta qué parte del endeudamiento podría estar asociado a un gasto ineficiente, ignorando la opinión de expertos independientes y las recomendaciones de la AIReF", han añadido.

El octavo punto hace referencia al incremento de la deuda de cada ciudadano en Castilla y León a "523 euros más", mientras que el noveno apartado puntualiza que la medida "no supone un flujo de ingresos adicionales hacia el conjunto de las arcas autonómicas, ni tampoco generaría mayor capacidad de gasto para destinarlo a sanidad, educación o servicios sociales".

En esta línea, señalan que el texto indica que "para evitar el riesgo moral en la gestión autonómica, se aplicaría el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que impide la reducción de deuda de las comunidades autonómicas pueda ser empleado en incrementar el gasto social".

La alegación 10 apunta que el anteproyecto contempla varias propuestas de cambio en el régimen de endeudamiento de las autonomías, siendo la "más relevante" la derogación de la obligación de destinar el endeudamiento a largo plazo a inversión pública".

De esta forma, han lamentado que se "se intenta esquivar el problema real de la insuficiencia de los recursos que proporciona el sistema de financiación autonómica". También han defendido su postura contra la posición de que "hasta el año que siguiente al de la publicación del proceso de asunción de deuda las administraciones autonómicas deban obtener autorización del Estado para formalizar cualquier operación de deuda a largo plazo".

En su punto 11, la Junta avanza que "no se alcanzará el objetivo de reforzar la sostenibilidad financiera" de las autonomías y han aclarado que Castilla y León "ya disfruta de un adecuado grado de accesibilidad a los mercados con cargos a los cuales se viene financiando de manera ordinaria al tener asignado un grado de solvencia financiera idéntico al Reino de España".

Por último, consideran que la sostenibilidad financiera de las autonomías tiene que abordarse "de forma conjunta con la reforma del SFA, en un debate multilateral que garantice la igualdad en el reparto de recursos".

Asimismo, han recordado que el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha cuantificado el déficit acumulado de financiación en el SFA entre 2009 y 2021 en 6.722 millones, lo que implica más de 500 millones al año.