El presidente del sector de Administración General de la Junta del sindicato, Agustín Angulo, y la delegada-portavoz en Medio Ambiente y agente medioambiental, Sara Mateos.

El presidente del sector de Administración General de la Junta del sindicato, Agustín Angulo, y la delegada-portavoz en Medio Ambiente y agente medioambiental, Sara Mateos. R. Cacho ICAL

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CSIF cifra en 3.000 millones las pérdidas por los incendios: "Quiñones tiene que ser cesado, ha hecho un modelo fracasado"

El sindicato cifra en más de 150.000 las hectáreas arrasadas en Castilla y León en solo 15 días tras una gestión "negligente y devastadora".

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El sindicato CSIFCastilla y León no tiene duda en señalar al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como responsable de una gestión “negligente y devastadora” de los incendios forestales de este mes de agosto.

Por eso, ha exigido su dimisión ya que se ha demostrado que el modelo “flexible” del operativo antiincendios es “fallido y fracasado”, ya que “nunca se había visto algo así”.

El presidente del sector de Administración General de la Junta del sindicato, Agustín Angulo, y la delegada-portavoz en Medio Ambiente y agente medioambiental, Sara Mateos se han mostrado muy duros con la gestión tanto de él como del director de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

Los incendios han arrasado más de 150.000 hectáreas, afectado a 150 pueblos y provocado la evacuación de 38.000 personas, además de causar la muerte de cuatro personas. El fuego también ha alcanzado zonas de la Red de Reservas de la Biosfera y diversos espacios naturales protegidos, ocasionando una grave pérdida de biodiversidad con miles de animales muertos o heridos.

CSIF estima que los daños superan los 3.000 millones de euros, con un impacto especialmente duro en el turismo rural, del que dependen muchas familias que ahora han perdido su modo de vida.

Acusaciones de abandono institucional

“El consejero de Medio Ambiente y el director general deben cesar o dimitir. Nos preguntamos qué tiene que pasar en Castilla y León para que alguien asuma responsabilidades”, señalaron los representantes sindicales, que denunciaron el “abandono institucional” y la “actuación opaca e irresponsable” de los responsables políticos.

Según CSIF, la política forestal aplicada desde 2015 ha supuesto un “desmantelamiento progresivo” del operativo: el reparto del servicio de extinción entre 35 empresas privadas, la sustitución de profesionales por cámaras “que ni funcionan” y el fracaso del Acuerdo de Diálogo Social son algunos de los ejemplos que, a su juicio, explican la magnitud de la catástrofe.

El sindicato recordó que lleva años advirtiendo de la situación: “Lo avisamos y sabíamos que iba a pasar esta tragedia. Castilla y León es hoy un territorio menos seguro”, ha afirmado.

En la misma línea se ha mostrado la delegada-portavoz en Medio Ambiente y agente medioambiental, Sara Mateos. “Merecemos un cambio y esto solo puede llegar echando al que no ha valorado nunca esta profesión”. “Es necesario un cambio ya, y este consejero no es un interlocutor válido”, ha rechazado.

Ejemplo en Zamora

 Como ejemplo, se apunta que, en un incendio de León, el de Llamas de la Cabrera, con un centenar de kilómetros de perímetro, solo se contó en los primeros días con cien personas en el operativo (reforzado ya con brigadistas de otras provincias de la Comunidad), lo justo para trabajar en evitar la expansión del fuego a los pueblos. Para luchar contra el incendio en el monte, hubo que esperar más días, hasta que se reforzó la presencia de bomberos forestales llegados de otras comunidades autónomas o países.

   Por su parte, Sara Mateos ha centrado su intervención en los días críticos de agosto, señalando que “el operativo colapsó ya el día 9, desde el primer momento, por no estar dimensionado suficientemente”; y que muchas localidades se quedaron sin atención mientras los ciudadanos combatían las llamas con cubos de agua y mangueras de jardín.

   “El actual modelo flexible de operativo de incendios de la Junta es un fracaso que ha puesto en peligro a trabajadores y ciudadanos”, sostiene CSIF.