La Policía Nacional detiene a 61 personas por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil
Diez detenidos en Castilla y León en una macrooperación en toda España contra la explotación sexual infantil
Entre los arrestados, más de 60, hay un ingeniero informático, un exmilitar y un profesor de secundaria que, además, tenía menores en acogida.
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Castilla y León se ha visto involucrada por una de las operaciones más extensas contra la posesión y distribución de material de explotación sexual infantil llevada a cabo por la Policía Nacional en toda España.
En el marco de esta macroinvestigación, los agentes han detenido a diez personas en ocho provincias de la comunidad autónoma: Ávila, Burgos (2), León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid (2) y Zamora.
A nivel nacional, la operación se ha saldado con 61 detenidos y 17 investigados no detenidos, en un despliegue que ha requerido la participación de más de 200 agentes de distintas plantillas territoriales y la realización de más de 100 registros en casi todas las provincias españolas.
Entre los arrestados se encuentran perfiles especialmente llamativos como el de un profesor de secundaria que tenía menores en acogida, un exmilitar profesional con un arsenal de armas de fuego y un ingeniero informático con amplios conocimientos técnicos, que compartía la conexión con su hermano para descargar y distribuir material ilícito.
Durante los registros, los agentes han intervenido 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento, lo que da cuenta de la magnitud y sofisticación de la red desmantelada.
Comienzo en junio
La Unidad Central de Ciberdelincuencia ha liderado la investigación junto con la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática, en una operación que se ha desarrollado a lo largo de varios meses y que tuvo su fase operativa en junio.
La coordinación judicial ha sido otro de los retos, dada la dispersión geográfica de los implicados y la gran cantidad de material intervenido.
El caso ha puesto de nuevo el foco sobre la gravedad del delito de explotación sexual infantil en entornos digitales y la necesidad de una vigilancia continua y especializada.
