El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y el Procurador del Común, Tomás Quintana, en una imagen de archivo ICAL
La desidia política paraliza la renovación de las instituciones propias de Castilla y León: dos años y medio en funciones
El Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social siguen esperando a que se produzca el acuerdo entre PP y PSOE.
Más información: Año y medio con las instituciones propias en funciones: el ‘CGPJ’ particular de Castilla y León
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Castilla y León se acerca al final de su XI Legislatura. Las próximas elecciones autonómicas se celebrarán, como tarde, en febrero o marzo de 2026, después de cuatro años de polarización, intensos plenos de las Cortes y una tensión política como nunca antes se había vivido en la Comunidad.
Una legislatura que se inició con el primer acuerdo entre PP y Vox en España, rubricado en marzo de 2022 y que dio entrada a los de Santiago Abascal por primera vez en un Gobierno, y que vive sus últimos meses en un contexto de alejamiento de ambas formaciones, tras la salida de Vox del Ejecutivo en julio de 2024.
La salida de la formación entonces dirigida por Juan García-Gallardo provocó que el Gobierno en solitario del PP diese un giro de 180 grados en sus políticas, dejando de lado las principales medidas impuestas por Vox, e iniciase un acercamiento al PSOE, sumido, en aquel entonces, en una grave crisis interna.
La dificultad para el acuerdo
La aprobación del techo de gasto gracias a la abstención de los socialistas y la mano tendida del nuevo líder del PSOE CyL, Carlos Martínez, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para negociar los presupuestos o la Ley de Violencia de Género, han simbolizado esa nueva era.
Pero el Gobierno en minoría del PP está teniendo serias dificultades para llegar a acuerdos, ya que, a la cerrazón de Vox, se suman las tensiones que aún colean con los socialistas después de más de dos años de dura oposición contra Mañueco cuando los de Abascal formaron parte del Gobierno autonómico.
Uno de los acuerdos pendientes entre PP y PSOE es el de la renovación de las cuatro instituciones propias de las Cortes de Castilla y León −el Consejo Económico y Social (CES), el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo− que llevan casi dos años y medio en funciones.
Una renovación paralizada
Los representantes de las cuatro instituciones propias −el presidente del CES, Enrique Cabero, el Procurador del Común, Tomás Quintana, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y el del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega− se encuentran con sus mandatos expirados, pero siguen operando con normalidad.
EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha puesto en contacto con las cuatro instituciones, que coinciden en señalar que no tienen "ninguna novedad" al respecto de la renovación después de dos años y medio en funciones pero que siguen funcionando con completa normalidad.
Fuentes del Procurador del Común, que lleva en funciones desde noviembre de 2022, dos años y cuatro meses, han asegurado a este medio que no tienen "ninguna novedad" en relación a su renovación. "En todo caso, nosotros seguimos trabajando con absoluta normalidad", han añadido.
Por su parte, fuentes del CES, que lleva sin renovarse desde 2023 y que preside Cabero desde el 20 de noviembre de 2019, han señalado que no tienen "ninguna novedad" y han asegurado "desconocer la posibilidad de acuerdo".
En el mismo sentido se han pronunciado fuentes del Consejo de Cuentas, cuyo presidente lleva en funciones desde principios de 2023. "Como sujeto pasivo, no tenemos constancia de novedad alguna. La institución continúa trabajando y cumpliendo sus funciones con plena normalidad", han apuntado a este medio.
Lo mismo sucede en relación al Consejo Consultivo, que lleva sin renovarse desde 2023. "No tenemos ninguna novedad al respecto, no sabemos nada, no han citado al Consejo para ninguna reunión, se sigue trabajando con normalidad y como sujeto pasivo no sabemos nada", han asegurado fuentes de esta institución propia.
Un acercamiento infructuoso
La inacción de los grupos parlamentarios a la hora de impulsar la renovación de las instituciones propias ha sido la cuestión clave para entender que estas sigan en funciones. Con todo, en mayo de 2024, cuando llevaban en torno a un año y medio en esa situación, se produjo un acercamiento.
En aquella ocasión, el entonces portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, y el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, anunciaron a un principio de acuerdo para renovar el Procurador del Común y que Tomás Quintana siguiera en el cargo, una postura con la que coincidieron el resto de grupos.
Pero la salida de Vox del Gobierno, dos meses después, y el inicio del Ejecutivo en minoría de los populares, que multiplicó la dureza de las negociaciones para acordar cada iniciativa parlamentaria, dejó esta cuestión en un segundo plano y nada ha vuelto a saberse en relación a la renovación de las instituciones propias.
El PSOE, no obstante, ha reclamado en varias ocasiones al Ejecutivo autonómico que impulse la renovación de las instituciones propias, y también lo han hecho otros grupos de la oposición como Vox o el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea que vinculó esta situación a la "incapacidad" del Ejecutivo de Mañueco.
Las claves de la renovación
El método para la renovación varía en cada institución propia. En el caso del Procurador del Común, se necesitan tres quintas partes de los votos de los procuradores de las Cortes, es decir, 49 de los 81 representantes de la Cámara.
Una situación que, una vez roto el pacto entre PP y Vox, obliga a los populares y al PSOE negociar la elección del presidente. En mayo de 2024, al menos, ambas formaciones coincidían en que debía seguir al frente Tomás Quintana pero casi un año después no se ha vuelto a conocer ninguna iniciativa al respecto.
El Procurador del Común solo puede estar dos mandatos al frente de la institución y, en el caso de Quintana, lleva desde noviembre de 2022 en funciones después de cumplir su primer mandato, por lo que podría estar al frente de la institución durante otro periodo de cuatro años.
En el caso del Consejo de Cuentas, es suficiente con obtener la mayoría absoluta para renovar la institución, es decir, 41 de los 81 votos favorables. La coalición entre PP y Vox hubiera podido renovar con facilidad la institución pero en la situación actual sería más viable un acuerdo entre los populares y el PSOE.
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, lleva en funciones desde febrero de 2023 al haberse cumplido su mandato de cuatro años. El presidente solo puede repetir dos mandatos, por lo que Amilivia, al igual que Quintana, podría repetir.
El Consejo Consultivo se encuentra compuesto por miembros natos y electivos. Estos últimos son los que son elegidos por las Cortes y son propuestos por los grupos según su representación. Deben contar con tres quintos de los apoyos en primera votación o con mayoría absoluta en la segunda.
Además, cuentan con el requisito de ser licenciados en Derecho con más de 10 años de dedicación y ser ciudadanos de Castilla y León. Su presidente, Agustín Sánchez de Vega, que lleva en el cargo desde 2019, finalizó su mandato en febrero de 2023 y también podría ser renovado para un segundo periodo de cuatro años.
El Consejo Económico y Social (CES) lleva sin renovarse desde noviembre de 2023 y es el organismo cuya elección es más compleja. Se encuentra conformado por 36 representantes de sindicatos, empresarios, organizaciones profesionales agrarias, un representante de las asociaciones de consumidores y otro de las cooperativas.
Además, el CES está conformado también por expertos designados por la Junta de Castilla y León y las Cortes, y a estos últimos son a los que eligen los grupos parlamentarios en función de su representación en la Cámara.
Los procuradores eligen por una mayoría de dos tercios al candidato y el presidente debe ser elegido por la mayoría absoluta de la Cámara, por lo que sería necesario el acuerdo entre PP y PSOE o entre los populares y Vox. Una renovación totalmente paralizada cuando se acerca el final de la legislatura en Castilla y León.
