Presentación de campaña para la atención a víctimas de agresiones sexuales en Castilla y León

Presentación de campaña para la atención a víctimas de agresiones sexuales en Castilla y León ICAL

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El duro resurgir después de una agresión sexual: asesoramiento jurídico y psicológico ante una “situación tremendamente grave”

En los últimos cuatro años ha aumentado un 180% el número de asistencias de este convenio entre Junta de Castilla y León, abogados y psicólogos

15 enero, 2024 07:00

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Y después de una agresión sexual, ¿qué? Es la gran pregunta que se hacen muchas mujeres que han tenido que pasar por este trago. Lo primero es indispensable la atención jurídica y posteriormente la psicológica después de sufrir una agresión de esta naturaleza. Un duro camino para las mujeres en las que tienen que saber que no se encuentran solas.

Desde el año 2020 la Junta de Castilla y León tiene suscrito un protocolo sanitario de actuación para coordinar todas las actuaciones precisas desde el punto de vista jurídico y psicológico, así como la derivación en su caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. En la Comunidad, administración, abogados y psicólogos trabajan de la mano desde hace muchos años, allá por comienzos de este siglo, siendo Castilla y León pionera en este ámbito. Así, gracias al acuerdo en los once primeros meses de 2023 desde el Colegio de abogados se ha atendido a 230 víctimas de agresiones sexuales. Este convenio ha permitido también brindar atención psicológica a 438 mujeres víctimas de violencia machista, 118 de las cuales (el 25%) eran víctimas de agresiones sexuales.

El dato más llamativo es que desde el año 2019 a 2023, ha aumentado un 180% el número de asistencias de este convenio. La ley 10/2022 establece que este turno de oficio sea gratuito para las víctimas de violencia de género y agresiones sexuales, y aunque el Ministerio de Igualdad la pasada legislatura, con Irene Montero al frente, se comprometió a asumir estos costes, no se ha hecho. Un aspecto que desde Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reclama. Mientras se espera esa aportación, desde la Junta se garantizar que seguirá ampliando sus coberturas a las víctimas “independientemente de que el Gobierno de España quiera o no cumplir con sus compromisos”.

Desde el punto de vista jurídico es fundamental el apoyo que se presta a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y de violencia machista. El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, ha valorado el trabajo que hacen desde este estamento, según sus estimaciones más de 2.000 abogados de los 5.000 afiliados colaboran de alguna manera en este tema que ha calificado como de “situación tremendamente grave”. Y ha dado una gran importancia a su labor porque son “los primeros en recibir y en escuchar”.  Para Sanz, “la realidad social es la que es”, por eso ha abogado por “la formación y prevención”.

Ahora bien, pese a mostrar su gran satisfacción por este acuerdo con la Junta ya ha puesto sobre la mesa deberes para uno próximo como la trata de mujeres y explotación sexual o la situación de las víctimas de agresiones sexuales en relación con la problemática laboral. “El problema está latente, nuestra autocomplacencia debe ser menor y la autoexigencia mayor”, apunta a este medio.

“Si una mujer está ya siendo atendida, es que hemos llegado tarde”

La otra parte del triángulo se sitúa en la asistencia psicológica. El decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez, tiene claro que lo principal es la prevención. “Si una mujer está ya siendo atendida, es que hemos llegado tarde”, afirma. No duda en afirmar, por muy alto que sea el reto, que el objetivo es la “violencia cero”. Pero para ello insiste en que es necesario “hacer educación, atender desde la prevención y, si no es posible, desde la intervención”.

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y la Junta llevan colaborando desde 2001. Ese año se firmó el primer convenio para atención a la mujer. Dos años después llegó un acuerdo para extenderlo a las familias y en 2005 hasta la asistencia a los victimarios, ya que en su opinión, “siempre podemos cambiar su actitud, y con esto también haciendo prevención”. Por último, en 2018 se firmó un acuerdo para la atención urgente a víctimas en sede judicial y policial. “Somos la primera autonomía que puso en marcha este servicio y seguimos siendo la única”, afirma orgulloso.

Desde estas dos estancias no son capaces de poner un perfil a la mujer víctima. “Pueden ser de cualquier edad, de cualquier situación económica, en el mundo rural o urbano y de cualquier procedencia”, afirma Gutiérrez, que sí reconoce que en los últimos años se está viendo un perfil más joven por culpa de las redes sociales y nuevas tecnologías. “Es complicado, lo que sí tenemos es una mejor preparación para poder atender cada perfil”.