La Junta de Castilla y León ha completado la adquisición de 14 viviendas pertenecientes a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el 'banco malo', con el objetivo de integrarlas en el parque público de viviendas y destinarlas al alquiler o régimen de cesión de uso.

Estas han tenido un coste total de 1.113.583 euros, financiado conjuntamente por la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Las viviendas está distribuidas en los municipios de Ávila, Burgos, León, La Bañeza, Palencia, Salamanca, Cabrerizos, Segovia, San Cristóbal de Segovia, Soria y Valladolid. La Junta apunta que son esenciales para abordar la demanda de viviendas en alquiler por parte de familias en situación de vulnerabilidad en estas áreas geográficas.

Las viviendas recién adquiridas se destinarán al alquiler, ofreciendo tarifas mensuales que oscilarán entre los 125 y los 400 euros, dependiendo de la ubicación y superficie de la vivienda, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales de los inquilinos. En ningún caso, se espera que el inquilino aporte más del 30% de sus ingresos para cubrir los costes del arrendamiento.

La adquisición forma parte del recién implementado Plan para el acceso a la Vivienda 2022-2025 y se materializa a través del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento, firmado el 26 de octubre de 2022, entre la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hasta la fecha, se han adquirido 11 de las 14 viviendas previstas, anticipándose la compra de las tres restantes antes de concluir el año.

El origen de esta operación se remonta al convenio de colaboración firmado en 2015 entre la entonces Consejería de Fomento y Medioambiente y la Sareb. Este acuerdo estableció la incorporación, por un período de cuatro años, de 100 viviendas al parque público de alquiler gestionado por la Junta de Castilla y León.