El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha realizado una declaración Institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia y cuando se cumplen 34 años de la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Antes del inicio de la sesión de las Cortes, el presidente ha recordado que la infancia se enfrenta a múltiples desafíos, como la pobreza y las desigualdades incrementadas por las crisis económicas, la crisis climática, la violencia o los efectos de la COVID-19 y las guerras, que han puesto en riesgo la supervivencia de niños y niñas en el mundo. “Estos desafíos comprometen su bienestar hoy, pero también sus oportunidades de desarrollo y supervivencia mañana”.

En su declaración ha afirmado que “debemos tomar decisiones firmes para garantizar que ningún niño y ninguna niña quede atrás y que cada uno de ellos pueda desarrollar su máximo potencial. Por todo ello, pedimos un compromiso real para favorecer el cumplimiento de sus derechos, entre ellos, “Promover una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados”. Asimismo, “avanzar en la mejora de las acciones coordinadas, para el diseño, la implementación y evaluación, de las políticas y programas dirigidos a la infancia, entre todos los niveles de la administración del Estado.

Pollan ha solicitado escuchar las preocupaciones y necesidades de niños, niñas y adolescentes y contemplarlas en la acción política, promoviendo su participación. Para ello, “tener en cuenta en todas las decisiones tomadas en esta legislatura, que tengan efectos sobre la infancia y adolescencia, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho a la participación y la no discriminación”.

Para ello pide impulsar “recursos de calidad y especializados, para garantizar la promoción, prevención y atención a la salud mental de la infancia y adolescencia. Impulsar prestaciones de apoyo a la crianza y medidas fiscales que beneficien a las familias con hijos, especialmente las más vulnerables. Impulsar políticas de refuerzo educativo que garanticen el acceso equitativo y efectivo a una educación de calidad a través de becas y programas de apoyo, especialmente para los niños y niñas en sus primeras etapas educativas y en situación de vulnerabilidad”.

También proteger la infancia ante todo tipo de violencia: priorizando medidas preventivas e impulsando entornos protectores, con recursos suficientes para que todos los servicios dirigidos a la infancia garanticen, la protección de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de negligencia, malos tratos, abusos, acoso o violencia, incluyendo el entorno digital.

Y por último, reforzar los programas dirigidos a promover la inclusión de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados. Impulsando medidas para asegurar el derecho a un medio ambiente sano para la infancia, en la línea Observación General N.º 26 del Comité de los Derechos del Niño.

Finalmente, “reconociendo las problemáticas existentes y los retos que enfrentamos, es fundamental reafirmar el compromiso con la infancia, fortaleciendo la Cooperación Internacional para el Desarrollo, avanzando en el compromiso adquirido por España de destinar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta, y prestando especial atención a las situaciones de emergencia, donde la respuesta rápida es fundamental para salvar, impulsar y proteger a la infancia”.