Operación Pacquiao en Castilla y León

Operación Pacquiao en Castilla y León

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29 de los 30 investigados por el fraude millonario de la PAC son de Castilla y León: la Consejería de Agricultura será acusación particular

Se estima que el beneficio económico obtenido de forma ilícita presuntamente ascendería al medio millón de euros

2 noviembre, 2023 13:37

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De los 30 investigados de la Operación de la Guardia Civil, de Castilla y León son 29. 13 son personas físicas y 16 son personas jurídicas”, ha asegurado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

Barcones ha ofrecido datos por provincia. En Ávila 3 personas físicas y dos jurídicas son investigadas. En Segovia se investiga a 3 personas jurídicas. En Palencia a ocho personas jurídicas. En Salamanca a una persona física y otra jurídica. En Valladolid a ocho personas físicas y dos jurídicas y en Zamora a una persona física.

Todo dentro de la Operación Pacquiao y en relación al presunto fraude por el cobro de subvenciones de la PAC de la Unión Europea que estaban vinculadas, tanto a la sanidad como al bienestar animal.

En su visita a Segovia, así lo ha anunciado Virginia Barcones, que ha querido recordar, además, que las investigaciones por esta trama arrancaron en junio del año 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de este entramado que estaría “falseando las condiciones” para “la obtención de las ayudas” todo ello presuntamente “en connivencia con personal de la administración de la Junta” concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Los ganaderos investigados solicitaban, presuntamente, la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diversos territorios de la provincia de Palencia. Contaban, como apuntaba la Guardia Civil en una nota recogida por EL ESPAÑOL de Castilla y León este miércoles 1 de noviembre, con explotaciones de vacuno intensivas. La finalidad era la del engorde de los animales en el menor tiempo posible. Por ello, estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras que eran objeto de la ayuda.

Así, recibían una cantidad ilícita que rondabas los 45.000 euros por ganadero, por el hecho de simular, presuntamente, que pastaban por dichos terrenos cuando nunca salían de las explotaciones intensivas. 

La Benemérita apuntaba, además, que se ha demostrado que estos pastos por los que recibían las ayudas de la Política Agraria Común eran reasignados también, presuntamente, de manera ilícita para los ganaderos del sur de España. Que poseían ganado de abasto que trasladaban a estos pastos para realizar la trashumancia.

Así se obtenía un doble beneficio ilícito. Por los pastos, imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, con el fin de recibir la ayuda, pero realmente aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de estos.

Una trama familiar lideraba, presuntamente, las operaciones

El fraude estaba encabezado presuntamente por el jefe de la Sección Agraria Comarcal, más conocido como la SAC, que era el encargado de dar validez a la gestión de los informes fraudulentos. Además, la Guardia Civil apuntaba que desoía las advertencias de los técnicos de su administración.

Coincidía, casualmente, que  la veterinaria de la inspección del ganado era la pareja sentimental del jefe de la SAC, que no realizó ninguna inspección de campo durante todo el periodo de tiempo en el que se habrían cometido los hechos ilícitos que se investigan, pese a la existencia de riesgo.

La Benemérita apunta también que el presidente de la Junta Vecinal, hermano del jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos que son fraudulentos presuntamente.

Se estima que el beneficio económico obtenido ronda el millón de euros y la investigación patrimonial realizada en paralelo culminó con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.

La Junta asegura "su máxima colaboración"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha querido manifestar "su máxima colaboración" con las autoridades en las tareas de están realizando la Guardia Civil en lo que a la investigación por el Caso Pacquiao se refiere.

"Nuestra confianza también en las instituciones que tienen encomendada las tareas de investigación. Existe la presunción de inocencia de los ganaderos, titulares de los pastos, y también de los funcionarios de la administración. Es un asunto que afecta a más de una Comunidad y, desde ese punto de vista, nuestra máxima colaboración", ha finalizado Carriedo.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y exconsejero de la Consejería de Agricultura, ha asegurado que "no tenía conocimiento" de lo ocurrido y ha apostado por "dejar trabajar a los investigadores".

La Consejería de Agricultura se personará como acusación particular

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha personado como acusación particular por el fraude en el cobro de subvenciones de la UE por simular pastoreo en la provincia Palencia, tras la investigación abierta por la Guardia Civil a 22 personas físicas y ocho jurídicas, a los que se les acusa de recibir hasta un millón de euros, con la presunta connivencia de personal de la Junta de Castilla y León. “Iremos hasta las últimas consecuencias, como una entidad afectada”, aseguró hoy el consejero Gerardo Dueñas.

Ante de asistir al Pleno de Coag Castilla y León, celebrado en un hotel de Valladolid, Dueñas recordó que continúa el secreto de sumario de este caso y, por tanto, las pesquisas. “La información facilitada por la Guardia Civil es todavía parcial y hasta que no se levante el sumario no se darán más datos a ese expediente ni se apartará al personal investigado”, precisó.

Dueñas precisó, según recogió la Agencia Ical, que hace unas semanas ya respondió de esta cuestión en una pregunta parlamentaria en el Pleno de las Cortes y subrayó que la Consejería ha facilitado a la Fiscalía europea, desde el primer momento, toda la información demandada. 

En todo, el consejero destacó que Castilla y León no es la primera autonomía donde había denuncias por este tipo de prácticas. “Era algo relativamente frecuente en España y en otros países de la Unión Europea y que no se había tenido tan en consideración que hubiera un aprovechamiento efectivo del pasto por parte de la ganadería hasta la modificación estratégica de la Política Agrícola (PAC)”, añadió.