La polémica entre Ministerio de Agricultura y Junta de Castilla y León vive un nuevo episodio. Los ganaderos y veterinarios, y todo un sector en general, viven con inquietud este enfrentamiento entre administraciones hasta el punto de no saber qué tienen que hacer. Ahora, es el Gobierno autonómico el que mueve ficha para solucionar la amenaza que hay sobre los ganaderos de la Comunidad como consecuencia de las limitaciones al movimiento de ganado que establece la Orden Ministerial.

Una medida que responde a la resolución aprobada por la Junta el pasado 15 de mayo, con la que permitió el movimiento de estos animales, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea para erradicar la tuberculosis bovina. Ahora, la intención del Gobierno autonómico es volver a la normativa anterior a esa fecha para que la orden ministerial no tenga efecto, todo esto mientras son los tribunales los que lo deciden. Por lo tanto, si pueden o no los ganaderos moverse, según Carriedo, no puede haber movimiento de ganado fuera de Castilla y León hasta que se pronuncie un juez sobre la medida cautelar.

Una norma que fue aprobada el pasado lunes para paliar los efectos de la Orden autonómica que contraviene la normativa estatal y comunitaria sobre saneamiento ganadero. Pues bien, ahora el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, con su habitual estilo de intentar dar explicaciones pero sin entrar en detalles concretos ha explicado que usan una herramienta jurídica que es la de no oponerse a la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la Orden Ministerial. Es decir, que en estos momento las limitaciones al movimiento de ganado quedarían sin vigencia.

Así, la Junta "flexibiliza dentro de ley" ha asegurado Carriedo, pero que no ha ofrecido detalles de la forma en la que los ganaderos tienen que hacerlo. En su opinión, el problema se ha generado en la Orden Ministerial.

Hay que recordar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en el BOE una orden a través de la cual restringía la salida de ganado bovino de Castilla y León. Una medida que responde a la resolución aprobada por la Junta el pasado 15 de mayo, con la que permitió el movimiento de estos animales, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea para erradicar la tuberculosis bovina. 

El Ministerio considera que esta resolución autonómica "vulnera gravemente la normativa comunitaria y estatal" y que pone en riesgo de contagio tanto a las explotaciones libres de tuberculosis de la Comunidad, como a las del resto de España y de la Unión Europea, las principales razones que explican que el pasado 23 de mayo el Ministerio presentase un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.