El Gobierno de coalición de Partido Popular y Vox en Castilla y León afronta en el pleno de las Cortes de la próxima semana el último trámite de una de sus medidas estrella, prometida nada más configurarse el nuevo Ejecutivo: la conocida como 'revolución fiscal'. La Ley de rebajas tributarias superó esta semana uno de los últimos escollos, tras ser rechazadas en comisión todas las enmiendas propuestas por los grupos de la oposición –PSOE, UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto– y solo le queda superar la tramitación parlamentaria la próxima semana.

Se trata de una ambiciosa norma que colocará a Castilla y León como una de las regiones españoles con cargas impositivas más reducidas y de la que tanto PP como Vox han presumido desde hace meses. Una Ley que contempla, entre otros aspectos, una reducción de medio punto en el tramo más bajo del IRPF autonómico, que pasará del 9,5% a solo el 9%, y que será aprobada con el voto de los dos partidos que conforman la coalición en el pleno del próximo miércoles, 30 de noviembre.

Una reforma para afrontar la crisis económica

La Ley de rebajas tributarias, anunciada a bombo y platillo poco después de conformarse el Ejecutivo de PP y Vox, fue aprobada el pasado 15 de septiembre en Consejo de Gobierno, aunque su aprobación no se certificará hasta el pleno de las Cortes de la próxima semana, en el que se la dará luz verde definitivamente.

Se trata de una norma con tan solo dos artículos, además de cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y también una disposición final. En su presentación, la Junta aseguró que el objetivo de la Ley es "dinamizar e impulsar la actividad económica" en la actual situación de crisis, además de incentivar la inversión, el consumo y el ahorro, contribuyendo también a crear empleos y "mantener" los ya existentes.

Castilla y León, segunda comunidad con el tipo impositivo mínimo más bajo

La norma contempla la reducción en medio punto del primer tramo de la escala autonómica del IRPF, que pasará del 9,5% al 9%, una rebaja total del 5,3%. De este modo, Castilla y León se convertirá en la segunda comunidad autónoma de España con el tipo impositivo mínimo más reducido.

El objetivo del Gobierno de coalición de PP y Vox con esta medida es conseguir un aumento de la renta disponible tanto de familias como de autónomos, que, de esta manera, podrán "destinar a la inversión y al consumo", y "servir de alivio" ante el incremento de los precios producido por la inflación.

Fiscalidad diferenciada para el medio rural

Otro de los bloques más relevantes de la norma es el impulso de una fiscalidad diferenciada para el medio rural. La Ley contempla un apoyo a la natalidad que se vislumbra en el incremento de las cuantías deducibles por nacimiento o adopción cuando se resida en una localidad de menos de 5.000 habitantes.

En concreto, la deducción será de 1.420 euros en el caso del primer hijo, 2.070 en el segundo y 3.300 a partir del tercero. Un aspecto en el que Castilla y León es punta de lanza, con los importes más elevados de España.

El apoyo al emprendimiento en el ámbito rural es otro de los grandes ejes de la reforma, con una mejora del tipo reducido del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados a inmuebles que estén destinados a ser sede social o centro de trabajo. El descenso será del 3% al 2% y tendrá como objetivo, según la Junta, "atraer y mantener negocios y empresas" en el ámbito rural.

La Ley también contempla medidas para apoyar al sector agrario en el medio rural y de cara a facilitar y estimular la continuidad de la actividad agraria y el relevo intergeneracional. De esta manera, se aprobará un tipo reducido del 4% para la transmisión de explotaciones agrarias y una bonificación del 100% de la cuota dirigida a los arrendamientos de fincas rústicas, con el objetivo de equiparar su tributación a la de arrendamientos de inmuebles urbanos.

Un aspecto polémico de la norma, también vinculado al mundo rural, ha sido el de la bonificación del 100% a la tasa general de licencias de caza y pesca para impulsar estas dos actividades como "motor de desarrollo económico" de Castilla y León.

Otras tasas bonificadas

La Ley contempla también una bonificación del 100% de las tasas referidas al transporte por carretera y a la prestación de servicios veterinarios. Se plantea, además, la extención temporal de la tasa por acreditación de competencias profesionales y se suprime temporalmente la tasa por participación en la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por medio de experiencia laboral.

La tasa por expedición de certificados de profesionalidad también tendrá una exención temporal con el objetivo de "favorecer la inserción en el mercado laboral" de personas en desempleo que tengan una baja cualificación laboral. También se rebajan las cuotas y se simplifican los tramos de valor en las tasas dirigidas a la inscripción de establecimientos industriales y control de industrias y se prorroga un año más la congelación de las tasas exigibles en Castilla y León, asumiendo la Junta el coste de la inflación.

Se suprime también el impuesto autonómico dirigido a la eliminación de los residuos en los vertederos y se modifican algunas ayudas en el ámbito familiar, modificándose el artículo sobre las normas comunes por nacimiento, adopción, cuidado de hijos o conciliación, con el objetivo de "beneficiar a los contribuyentes con rentas más bajas".

La oposición rechaza firmemente la norma

La aprobación de la Ley de rebajas tributarias ha vuelto a mostrar los dos bloques antagónicos presentes en la política de Castilla y León desde el pasado mes de marzo, y ha contado con el rechazo férreo de la oposición. El PSOE presentó un total de 30 enmiendas en la Comisión de Economía y Hacienda de este lunes y calificó como "propaganda" la medida impulsada por el Ejecutivo de coalición. 

Para los socialistas, la norma debería contemplar un tratamiento específico por "zonas de prioridad demográfica" y han acusado al Gobierno de coalición de haber prometido que esta reforma fiscal beneficiaría a 700.000 personas cuando, a su juicio, "solo beneficiará a 80.000". Francisco Igea, de Ciudadanos, pidió una deflactación del IRPF y consideró la bonificación a las licencias de tasa y pesca como "un regalo clientelar", algo que también sostuvo Pablo Fernández, de Unidas Podemos, que acusó al Ejecutivo de "hacer política para los ricos".

Ángel Ceña, del Grupo UPL-Soria Ya, también mostró sus dudas de que esta reforma fuese a "beneficiar a las clases bajas" y reclamó mayores deducciones para acceder a una vivienda o al emprendimiento en zonas "en grave riesgo demográfico". Una reforma fiscal que Partido Popular y Vox sacarán previsiblemente adelante, haciendo valer su mayoría absoluta, en el pleno del próximo 30 de noviembre, y que convertirá a Castilla y León en la segunda comunidad con el tipo impositivo mínimo más reducido de España.