La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Junta de Castilla y León que negocie el operativo contra incendios en la Mesa General de Empleados Públicos, “el lugar legítimo para hacerlo” y reconsidere la decisión de hacerlo en el marco del Diálogo Social. En su opinión, “es donde se deben negociar las condiciones de los cerca de 2.000 empleados de este sector”.

“Hemos solicitado formalmente la reorganización del operativo porque es caduca e ineficiente. Cuando se está en un foro de negociación hay que respetar las normas. Y el devenir de los trabajadores públicos se han de debatir en el foro legítimo: la Mesa General de Empleados Públicos de Castilla y León”, ha señalado el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, que también ha recordado que este sindicato se ha designado por los propios empleados “como la fuerza primera sindical ante los poderes públicos”.

Agustín Argulo, delegado autonómico del sector medioambiental en CSIF, ha advertido que al abordar cuestiones “tan sensibles” se obvia la capacidad negociadora de CSIF: “no hay razones evidentes ni objetivas que permitan entender esta decisión, por lo que pedimos que se reconduzcan esta cuestión”.

El sindicato ha enviado sendas cartas a los consejeros de presidencia y de Medio Ambiente, Jesús Julio Carnero y Juan Carlos Suárez-Quiñones, respectivamente, para advertir que no “permitiremos” esta negociación sin estar ellos presentes. Incluso advierten de iniciar trámites legales en caso de hacerlo. “No entendemos cómo se puede negociar en el Diálogo Social, donde está la patronal, y está claro que se va a favorecer a las empresas privadas. Esto provoca una precariedad en cuanto a relaciones laborales”, apuntó Castro, que ha añadido que no van a permitir que se negocie o se firmen acuerdos que "pongan en peligro" las condiciones de los empleados públicos y del personal laboral integrado en el operativo de extinción de incendios.

Según los datos ofrecidos por Argulo, en un operativo de más de 4.400 trabajadores, el 43%, casi 2.000 son empleados públicos, y sin embargo de dinero solo se destina el 20% del gasto total y que únicamente se mejoraron las condiciones de extinción por lo que solicitaron que se corrija en la Mesa General y en el convenio colectivo.

Dimisión no, cambiar el modelo

El presidente del CSIF no pide la dimisión del consejero Suárez-Quiñones, pero sí que cambie el modelo, que ven "caduco" para que sea público en su totalidad y despegado por los empleados públicos de la Comunidad”.

Argulo ha exigido mejoras en las condiciones laborales, ya que que se “desprecie” el trabajo de los empleados de prevención, como los escucha, cuya labor consideró esencial. “Las cámaras dan un montón de fallos. No se puede sustituir a un profesional que te dice cómo es el humo, la vegetación y te ofrece una información precisa para luego saber qué medios enviar. Eso no se valora. Esa información no te la da nadie. Hoy en día son primordiales en muchos incendios”.