La Comisión de investigación sobre la gestión del COVID-19 en las residencias de Castilla y León inició hoy su trabajo con la solicitud de documentación a varias consejerías de la Junta y ministerios del Gobierno de España, por lo que, tras la recepción de estos documentos, se espera comenzar con el calendario de comparecencias "a partir de enero", según informa ICAL.

En una sesión “ágil”, que duró poco más de 20 minutos, los portavoces de los cuatro grupos integrantes de la Comisión (PSOE, PP, Ciudadanos y Por Ávila) presentaron sus solicitudes de documentación y fueron aprobadas “con pequeñas variaciones”, tal y como explicó a Ical, a la salida de la Comisión, su presidente, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual.

“Se ha llegado a acuerdos por parte de todos los grupos políticos”, explicitó el presidente de la Comisión, que cifró en “un mes o mes y medio” el periodo de “tiempo prudencial” de espera para que esa documentación llegue, ya que incluye “otros organismos y entidades” además de Junta y Gobierno, y señaló “mediados del mes de diciembre” como el momento en el que todos los documentos sean recibidos para empezar con el calendario de comparecencias “a partir de enero”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, David Castaño, justificó la solicitud de documentación “muy amplia” para abordar no solo “todo lo que ha hecho la Junta, a través de sus consejerías”, en materia de residencias, ya que es “bastante transversal”, sino también “cómo han influido las decisiones que se tomaron desde el Gobierno, que es lo que siempre hemos dicho”.

“Tocamos cinco o seis ministerios y ahora hay que esperar a que la documentación llegue”, señaló Castaño, que también explicitó que se pidió documentos a “las consejerías de Familia y Sanidad, pero también a Fomento y Medio Ambiente por el aprovisionamiento de mascarillas, e incluso a Transparencia y Presidencia”, concluyó.

Petición de documentos a ECDC y OMS

El portavoz del Partido Popular en la Comisión, Alejandro Vázquez, también evidenció la agilidad de la primera reunión de la Comisión en la que se trataron “aspectos técnicos” y donde solo hubo que realizar “matizaciones” en la petición de documentos que solicitar a las distintas entidades “tanto del Gobierno como de la Junta”.

Así, por parte de la formación popular, la petición se realizó “tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Familia e Igualdad de Oportunidades” del Gobierno autonómico, mientras que también se solicitó información a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como a algunas agencias internacionales como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) o la Organización Mundial de la Salud.

Mientras, desde el Partido Socialista, la portavoz en la Comisión, Nuria Rubio, señaló que la línea de su formación fue pedir “la información a la Junta de Castilla y León” para que trasladen a las Cortes “todos los datos necesarios para conocer qué ha sucedido, desglosados por centros públicos, privados y las inspecciones que ha habido”, en línea con lo que la formación “ha venido trabajando estos meses”.

También destacó Rubio que desde el Grupo Socialista no se opusieron “a la petición de ninguna documentación que haya realizado el PP o Ciudadanos”, dentro de esa “línea de trabajo” marcada para conocer “qué ha sucedido en los centros residenciales de personas mayores de Castilla y León”.