La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, de Ciudadanos, ha confirmado este martes en respuesta al procurador socialista José Ignacio Martín Benito que su departamento ampliará en dos millones de euros la partida inicial de tres millones de euros destinada a las entidades locales de Castilla y León para la contratación de personas con discapacidad.

Tras recordar que el pasado 16 de junio se publicaron en el Bocyl las bases reguladoras de esta convocatoria que beneficiará a 550 personas con discapacidad, Amigo ha aclarado que la partida es "ampliable" y ha confirmado que se aumentará en otros dos millones de euros hasta alcanzar los cinco millones que contempla en Papecyl.

Según ha explicado, la Consejería de Empleo ha consignado inicialmente tres millones de euros ante las "circunstancias excepcionales" que se viven este año en el que la Junta de Castilla y León ha tenido que hacer un especial esfuerzo para atender a muchos colectivos a través de la reorganización de compromisos y de créditos.

Ana Carlota Amigo ha precisado a este respecto que la "urgencia" que requería convocar "cuanto antes" estas ayudas dirigidas a las entidades locales ha llevado a publicar las bases reguladoras por esos 3 millones de euros iniciales "ampliables".

"No ha empezado con buen pie", ha ironizado por su parte el procurador socialista ente el "hachazo" que ha dado, a su juicio, la nueva consejera a las ayudas dirigidas a las entidades locales para la contratación de las personas con discapacidad "después de la que está cayendo" y para las que ha reivindicado que se multipliquen los cinco millones de euros previstos en el Papecyl para que lleguen a 15 millones.

"Así no, pedimos una rectificación en toda regla en las próximas semanas", ha sentenciado Martín Benito a quien Amigo ha respondido que no ha recibido ninguna llamada de los alcaldes para quejarse sobre este asunto. "No me ha llamado ninguno y le aseguro que soy muy cercana", ha asegurado la consejera que ha ratificado su "enorme compromiso" con la inserción laboral de las personas con discapacidad a las que se destina una "inversión" de 24 millones de euros cada año.