Las comunidades autónomas han comenzado modificar las distintas normativas que regulan el sector del juego y las apuestas dentro de sus territorios ante la proliferación de locales y, en algunos casos, para dar respuesta, a lo que consideran, una preocupación social.

La expansión del sector ha generado protestas vecinales en varias capitales españolas. Este octubre, hasta 168 organizaciones sociales, políticas y sindicales participaron en una manifestación en Madrid contra la proliferación de estos locales, bajo el lema #ApuestaPorTuBarrio, que tuvo su réplica en otras ciudades como A Coruña, Cartagena y Algeciras.

En este contexto, Madrid y Navarra han anunciado recientemente la suspensión temporal de la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y específicos de apuestas, mientras estudian un cambio normativo sobre la planificación de esta actividad.

Entre los límites al juego que las autonomías están aprobando destacan las distancias mínimas entre locales, y respecto a centros educativos; y nuevos controles de acceso, fundamentalmente, para evitar que los menores edad puedan entrar en ellos, una tradicional demanda de las asociaciones de consumidores y usuarios.

En Castilla y León, donde se estima que hay un centenar de casas de apuestas, la Junta modificó la Ley del Juego en septiembre de 2018, de modo que igualó a 100 metros la que debe separar los locales de juego a centros escolares y a 300 metros la distancia que deben guardar entre sí; y se estableció un control de acceso, con previa identificación personal y bloqueo de aparatos, cuando se pretenda jugar a máquinas con premios de importe superior a las máquinas instaladas en hostelería y a las apuestas, evitando con ello el juego de los menores de edad y de las personas que lo tienen prohibido.