Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han propuesto aprovechar la reforma del Estatuto de Autonomía (EA) y del Reglamento de las Cortes para mejorar la participación de las organizaciones y la sociedad civil en política y flexibilizar cuestiones como la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Así lo han expresado los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, quienes han presentado un documento con propuestas "para el impulso de la democracia representativa y participativa" en la Comunidad que quieren hacer llegar al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, al que han pedido una reunión "urgente", y a los grupos parlamentarios.

Este documento concreta uno de los puntos del decálogo que los sindicatos presentaron a los grupos parlamentarios para que los recogieran en su programa electoral, algo que algunos hicieron y otros no, o las tuvieran en cuenta en un futuro gobierno y una vez constituidas las Cortes no se olvide.

"Es el momento de hacerlo", ha señalado Vicente Andrés, quien cree que hay que aumentar la participación de la ciudadanía en la vida política y ésta no se limite a una consulta cada cuatro años cuando se vaya a votar, sino que sea "más activa".

Así, en un primer apartado se refieren a la reforma del Estatuto de Autonomía, que han recordado que se contempla en el acuerdo programático de PP y Ciudadanos, de manera que se aproveche que habrá que negociar los apartados que se van a modificar para incluir algunas de sus propuestas, entre las que incluyen y están de acuerdo con la supresión de los aforamientos.

UGT y CCOO quieren que, una vez que ya se ha regulado por ley la Red de Protección a las Familias y la Renta Garantizada de Ciudadanía, estos dos aspectos se recojan también en el Estatuto, pero también se aproveche para asumir todas las competencias pendientes, especialmente en materia de Justicia, que es "importante", ha señalado Temprano.

Cambios en el reglamento

El líder de UGT en la Comunidad ha señalado que si se produce esta modificación del estatuto también afectaría al Reglamento de las Cortes, que tendría que sufrir modificaciones, por lo que reclaman que también se tengan en cuenta sus propuestas.

En este marco, piden que se articule reglamentariamente la comparecencia de los agentes del Diálogo Social en la Comisión de Empleo después de que se aprobara una proposición no de ley a propuesta de agentes sociales y económicos para explicar los acuerdos, lo que supondría un paso más en esta línea.

Por otro lado, quieren que se establezca en el Reglamento la comparecencia en el Pleno de las Cortes del presidente del Consejo Económico y Social para dar cuenta anualmente del informe sobre la situación económica y social de Castilla y León --el correspondiente a 2018 irá al pleno del CES el próximo día 1--.

Otras reivindicaciones son que se reglamente la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales autonómicas más representativas en las comisiones implicadas en los acuerdos del Diálogo Social; posibilitar a entidades u organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como a las entidades locales, que puedan comparecer ante comisiones parlamentarias; y crear la figura del "representante permanente" de entidades u organizaciones autonómicas más representativas.

ILP más flexible 

Otro de los aspectos que los sindicatos han reclamado es la flexibilización de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en tres aspectos para mejorar la participación democrática.

En concreto, proponen rebajar el porcentaje de firmas necesarias para su presentación sobre el censo electoral del 0,75 al 0,5 por ciento, con un mínimo de 10.000, al igual que flexibilizar las exigencias a las entidades locales para su presentación y pasar de que sean 35 de ellas y 25.000 electores necesarios a 25 y 15.000, respectivamente.

De la misma forma, como "novedad", piden posibilitar que los agentes sociales y entidades y organizaciones relevantes en la Comunidad puedan presentar una ILP directamente, a lo que se suma facilitar la tramitación administrativa y tecnológica de la ILP de manera que se potencie el departamento de apoyo y asesoramiento a las mismas.

Asimismo, Faustino Temprano ha reclamado que "de una vez por todas" se haga una norma que regule la participación de la sociedad civil mediante consultas.

Finalmente, los sindicatos proponen revisar la actual articulación del derecho de petición y la creación de una comisión específica en la línea de la articulación reglamentaria en el marco existente de la Unión Europea, de forma que sea un instrumento accesible entre la ciudadanía, las Cortes y el Gobierno de Castilla y León.

A todo ello, aunque no se incluye en este apartado, el dirigente de UGT ha reiterado la preocupación de los sindicatos por el suelo de gasto público, que no tiene cabida en el Estatuto de Autonomía, pero sí en los presupuestos, en los que quieren que al igual que hay techo de gasto haya un suelo social para garantizar la prestación de estas políticas y garantizar su calidad.

Aunque sea un Gobierno de "continuidad" 

En este contexto, Vicente Andrés ha incidido en que a pesar de que "no haya cambio" y parezca que, "salvo sorpresa", el PP gobierne junto a Cs, lo que sería un "gobierno de continuidad", esto "no es óbice" para que haya cambios en las Cortes, que cree que son las más plurales y con mayor variedad de ideologías.

El máximo responsable de Comisiones en Castilla y León considera que la Comunidad puede estar en condiciones de "ser pionera, vanguardista" y se ha remontado a la historia, en la que León fue "Cuna del Parlamentarismo", de manera que casi 900 años después puedan ser quienes abran otro espacio a la participación.

Además, ha recordado que en cuestiones como la reforma del Estatuto de Autonomía "no vale" con el pacto entre PP y Ciudadanos, sino que tiene que haber acuerdo también con el PSOE porque se requiere una mayoría cualificada, de manera que tiene que darse una negociación en la que quieren plantear estas cuestiones.