El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha mostrado convencido de que todos los agentes que impulsaron en su día la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en la Comunidad Autónoma estarían deseosos de mejorar las prestaciones sociales pero ha apelado en todo momento a la responsabilidad y a la necesidad de ajustarse a los recursos que permiten financiar esa partida.

De este modo ha respondido el presidente de la Junta al portavoz del Grupo Mixto, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, que se ha hecho eco de la sentencia ganada por la Asociación Parados en Movimiento por la que un juez ha reconocido a un parado de Valladolid una cuantía de 663 euros para superar el "umbral de la pobreza".

Herrera ha asegurado a Sarrión que la resolución de la Junta está "ajustada a derecho" a pesar de reconocerse el derecho a que sea completada y ha recordado al respecto que la Administración ofrece a través de los CEAS una "panoplia" de instrumentos que pueden utilizar los perceptores para completar esa ayuda, incluidas medidas de otras administraciones.

Sarrión ha lamentado que Castilla y León sea una de las quince comunidades autónomas que incumplen la Carta Social Europea por lo que ha abogado por hacer una "profunda reflexión" en el seno del Diálogo Social para poder revisar en tres meses los límites de la RGC para sacar a la Comunidad de esa "infausta" lista y situarla a la cabeza de unos niveles mínimos de subsistencia para una persona y para una familia.

"Herrera con el dinero que nos dan no se puede vivir", han gritado los integrantes de Parados en Movimiento desde la tribuna de invitados de las Cortes que han tenido que abandonar tras ser llamados al orden por la presidenta del Parlamento, Silvia Clemente.