El próximo 30 de mayo se celebra la festividad de San Fernando, patrón de las Fuerzas Armadas. Como cada año, este sábado tiene lugar el desfile de los ejércitos españoles, en esta ocasión en Logroño, pero hay una parte del contingente que no está para fiestas. Su futuro laboral está en juego porque a los 45 años serán expulsados de acuerdo a la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería.

Durante los próximos diez años 550 militares de los acuartelamientos salmantinos deberán abandonar las Fuerzas Armadas de manera obligatoria: siete este año y dieciocho el próximo, pero a partir de 2019 la cantidad aumenta progresivamente a la treintena, la cuarentena, medio centenar y así hasta 91 en 2026 y 90 en 2027. En sólo una década, es la tercera parte de la plantilla total de las Fuerzas Armadas en la provincia charra. Por eso, hace tres meses comenzó su actividad la plataforma ’45 Sin Despidos’, que reivindica la derogación de la ley para poder continuar en el Ejército hasta la jubilación, como cualquier otro trabajador.

“Ni somos funcionarios, ni empleados públicos, tenemos una relación de carácter jurídico público especial”, destacan desde la plataforma militar salmantina. Y, pese a que dos años antes de los 45 se debe llevar a cabo una formación para facilitar el reciclaje laboral, “no se está cumpliendo y ya se han ido mil personas a la calle en toda España. No hay cursos de sanidad, ni de trabajos de electricidad, no hay convalidaciones, y así muchas cosas”.

Además, estos militares podrían acceder a una plaza fija a través de una oposición y prolongar de este modo su permanencia, pero apenas se convocan plazas. “Este año han salido 150 plazas a nivel nacional para 70.000 personas”. Por si fuera poco, “si el Consejo de Ministros lo estima nos pueden volver a activar, así que no se entiende que no valgamos con 45 años para trabajos de ingeniería pero a lo mejor sí con 55 para ir a la guerra”.

Por estos motivos, la plataforma ’45 Sin Despidos’, con medio centenar de implicados en Salamanca, convoca una gran manifestación el próximo 16 de junio en Valladolid, animando a los militares de todas las provincias de Castilla y León a salir a la calle para hacer visible su malestar y lograr que el Parlamento derogue la actual ley. “Van a venir incluso de Cádiz”, destacan. Pero también llevarán a cabo una labor social para hacer visible su campaña. Por ejemplo, el 6 de junio acudirán a donar sangre a la plaza de Los Bandos e informar a los salmantinos de sus reivindicaciones.

Desde ’45 Sin Despidos’ esperan una participación masiva pese a las represalias que ya están detectando en otros cuarteles de España. Por ejemplo, en la pérdida de complementos especiales que conceden los mandos de forma nominal en función del trabajo realizado durante el mes, las denominadas ‘bufandas’. “Pero si las cobran un par de meses al año, ¿qué es mejor, dejar de cobrar este complemento de forma puntual o el sueldo entero cuando te echen a los 45 años?”.

Incluso, añade la plataforma de militares, su permanencia en el Ejército es más económica para las arcas del Estado. Y es que cuando sean expulsados tendrán derecho a una paga mensual de 618 euros, eso sí, no contributiva, “así que al jubilarte es como si no hubieras cotizado durante los último veinte años y la pensión será insignificante”. Si multiplicamos esa paga por catorce (incluidas las dos extraordinarias) y a su vez por veinte años hasta la jubilación desde los 45 hasta los 65, cada uno de los militares expulsados supondrá cerca de 180.000 euros a los contribuyentes.

“Con los 23 millones de euros que el Gobierno ha contratado para vigilancia privada de los cuarteles, que ya es de chiste, que vigilantes privados se encarguen de la seguridad de soldados, con ese dinero habría para mantener en sus puestos a soldados”. Así, cada empleado subcontratado cuesta unos 5.200 euros al mes, frente a sueldos no superiores a los 1.500 euros por cada soldado. “Les salimos más baratos al Estado”, concluye la plataforma ’45 Sin Despidos’, que no cejará en su movilización social e institucional por todas las provincias de España hasta lograr la derogación de la ley que les pone fecha de caducidad.