El déficit público del conjunto de las administraciones públicas españolas cerró el año 2017 en el 3,07 por ciento del PIB, sin contar con las ayudas a la banca, y en el 3,11 por ciento contando esas ayudas financieras, por lo que se situó algo por debajo de la meta de consolidación fiscal del 3,1 por ciento pactada con Bruselas.

No obstante, el Estado incumplió su objetivo del 1,1 por ciento al registrar un déficit del 1,86 por ciento, así como la Seguridad Social (1,48 por ciento) que incumplió su meta del 1,4 por ciento, frente a las comunidades autónomas, que redujeron su déficit al 0,32 por ciento en general, y las corporaciones locales, que presentaron un superávit del 0,59 por ciento.

No obstante, hay excepciones en ese cumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas, como es el caso de Castilla y León que, según ha confirmado este mismo lunes la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en una comparecencia en las Cortes, cerró 2017 al 0,95 por ciento, un 0,35 por ciento por encima del 0,6 por ciento del PIB previsto.

Se da la circunstancia también de que es la única región que no redujo su déficit el pasado año en comparación con 2016, cuando se situó en el 0,64 por ciento.

Junto a Castilla y León figuran también las comunidades de Aragón, que cerró el año con un -0,92 por ciento; Extremadura (-0,88 por ciento); Comunidad Valenciana (-0,73 por ciento) y Castilla-La Mancha, que concluyó con un -0,72 por ciento, junto a Murcia, con un -1,51 por ciento según datos de la Contabilidad Nacional sin depurar a efectos Lorca.

Sin embargo, cuatro comunidades autónomas obtuvieron superávit el año pasado: País Vasco (+1,50 por ciento), Navarra (+1,22 por ciento), Canarias (+,67 por ciento) y Baleares (+0,48 por ciento). El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado que País Vasco, Navarra y Canarias tienen un régimen fiscal distinto al resto, mientras que Baleares está negociando el suyo propio.

De esta forma, País Vasco y Navarra recibieron mayores recursos por la actualización del Concierto y el Convenio Económico, que ascienden a 1.248 y 336 millones de euros, respectivamente, mientras que Canarias recibió 217 millones adicionales asignados a través del Fondo de Competitividad.

El resto de las comunidades registraron déficit aunque menor al citado 0,6 por ciento establecido: Cataluña (-0,56 por ciento), Madrid (-0,47 por ciento), La Rioja (-0,39 por ciento), Cantabria (-0,37 por ciento), Asturias (-0,31 por ciento), Andalucía (-0,22 por ciento) y Galicia (-0,20 por ciento).

Según el ministro, Cataluña ha reducido su déficit en algo menos de tres décimas respecto a 2016 por los nuevos ingresos que ha recibido, pero ha destacado que otras comunidades con el mismo aumento de ingresos han reducido más su déficit.

A la vista de estos datos, Montoro ha destacado que las comunidades han reducido en más de un 60 por ciento su déficit, hasta el 0,32 por ciento del PIB, lo que supone una reducción de 0,52 puntos porcentuales respecto al año anterior, gracias al incremento en 6.576 millones de euros de los recursos autonómicos derivados de la aplicación del sistema de financiación.

En la rueda de prensa para informar de los datos de la ejecución presupuestaria de 2017, después de que el pasado viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzase el dato en un tweet, Montoro ha confirmado este dato y ha destacado que se registró una reducción de 12.254 millones en el déficit público del año pasado, lo que supone un 1,22 por ciento del PIB, la mayor reducción desde 2012, cuando se pasó un déficit del 9,31 por ciento al 6,79 por ciento.

Montoro ha subrayado que España cumplió el objetivo de déficit comprometido con la UE y ha demostrado que la reducción del déficit público y la política presupuestaria es la "llave maestra" para el crecimiento económico, la creación de empleo y el superávit por cuenta corriente. "Ha sido un año muy positivo, que muestra que el camino de España debe ser cumplir sus compromisos europeos porque es como España crece, crea empleo, es un país fiable y la inversión privada trae nuevas posibilidades de empleo", ha remarcado.

El objetivo pactado con Bruselas de cerrar el déficit público en el 3,1 por ciento en 2017 se desglosaba entre el déficit del 1,1 por ciento para el Estado, el 1,5 por ciento de la Seguridad Social y el 0,6 por ciento de las comunidades autónomas. En cambio, para las corporaciones locales se estimaba el equilibrio presupuestario, aunque en los últimos años han registrado superávit.

Este año España se librará del brazo corrector de Bruselas, dado que el déficit se situará por debajo del 3 por ciento del PIB que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, tras haber reducido paulatinamente en los últimos nueve años su nivel de déficit, que llegó a alcanzar el 11 por ciento del PIB en 2009.

Estado y Seguridad Social incumplen 

Por administraciones, el déficit del Estado fue del 1,86 por ciento (1,9 por ciento con ayudas), por encima del objetivo del 1,1 por ciento, mientras que el de las comunidades autónomas se situó en el 0,32 por ciento, casi la mitad que la meta marcada del 0,6 por ciento.

Por su parte, el déficit de la Seguridad Social se situó algo por encima del objetivo del 1,4 por ciento que tenía fijado, al cerrar el año en el 1,48 por ciento, al tiempo que las entidades locales, que tenían que cerrar el año con equilibrio presupuestario, lograron registrar un superávit del 0,59 por ciento.

Para 2018, los objetivos comprometidos con Bruselas fijan un déficit público del 2,2 por ciento, distribuido entre un 1,2 por ciento en la Seguridad Social, un 0,7 por ciento en la Administración central y un 0,3 por ciento para las comunidades autónomas, frente al equilibrio que alcanzarán de nuevo las corporaciones locales.