La particular ‘venganza’ de un salmantino que fue sancionado hace año y medio por haber cerrado dos terrazas sin permiso municipal no sólo ha puesto en jaque a los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Salamanca y propiciado la creación de un grupo especial de trabajo, sino que además ha traspasado fronteras. Su acción justiciera ha sido objeto de noticias en medios de comunicación de ámbito nacional, pero también de Portugal.

La justicia que se aplicó con él ahora la reclama en toda la ciudad, cual superhéroe en busca de la igualdad de trato. En verano de 2016 este salmantino residente en el barrio Vistahermosa fue multado con unos 5.000 euros. Y no porque actuara de oficio el Ayuntamiento, sino porque había sido denunciado por un vecino. Entonces comprobó que este tipo de multas sólo se llevan a cabo si hay denuncia de por medio, además de la existencia de cientos de cerramientos que podrían estar en su misma situación, y por tanto ser sancionados. Dicho y hecho. Comenzó así a recorrer la ciudad para elaborar una lista de posibles infracciones. Año y medio después tiene colapsado el servicio municipal tras presentar casi novecientas denuncias.

Y es que cada caso es particular. Para verificar la irregularidad, los técnicos deben estudiar cuándo se pudo cerrar un balcón o un ático de un edificio para así comprobar si se solicitó la correspondiente licencia o si se cumplen los cánones establecidos en la ordenanza municipal. Pero también si el cerramiento se realizó antes o después de una normativa autonómica que lo permite. De hecho, algunas de las denuncias se han realizado de forma errónea.

Además, una vez verificada la infracción, se inicia un expediente que lleva su proceso administrativo que tampoco tiene por qué terminar con el ingreso de la multa, pues muchas viviendas durante la crisis económica pasaron a formar parte de los bancos, deambulando de entidad financiera en entidad financiera o incluso entre fondos especializados. En otros casos, pueden ser viviendas de empresas de construcción que quebraron, encontrándose en un limbo de propiedad difícilmente subsanable.

De momento, el Ayuntamiento de Salamanca creará un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Fomento para evaluar la situación de los cerramientos existentes en las terrazas de los edificios de la ciudad, que se remontan en la mayoría de los casos a muchos años atrás.

Asimismo, este grupo estudiará la clasificación y ordenación de los distintos tipos de cierre que pueden realizarse atendiendo a características de aislamiento, estética y habitabilidad. El principal objetivo es alcanzar el máximo consenso sobre esta materia entre los grupos municipales primando el interés general de la ciudad y de sus vecinos.

El grupo de trabajo contará con la opinión de expertos en la materia y consultará, entre otros, a especialistas del departamento de Derecho Público de la Universidad de Salamanca, a la vez que analizará la ordenación existente en otras ciudades sobre la materia.