La lucha contra la violencia de género no tiene color político

El proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León que la Junta de Castilla y León acaba de aprobar en su Consejo de Gobierno del pasado jueves 9 de enero, inicia ahora su tramitación en las Cortes, hasta su aprobación y entrada en vigor, siendo éste uno de los compromisos del presidente Alfonso Fernández Mañueco, como ha venido manifestando en múltiples ocasiones cuando se le ha preguntado por el tema.

El Partido Popular siempre ha mantenido una postura firme y decidida en ello, demostrando, además con hechos, su respuesta y compromiso en la erradicación de esta lacra social. Castilla y León ha sido la comunidad pionera en legislación contra la violencia de género: la Ley 1/2003 sentó ya las bases para abordar esta problemática social, y la Ley 13/2010 supuso un avance significativo con medidas integrales de prevención, sensibilización y atención a las víctimas.

Nadie nos puede señalar por ausencia o parálisis de políticas de protección a las mujeres. Es un camino que iniciamos hace tiempo, que venimos recorriéndolo, y que ahora se impulsa de nuevo desde el ejecutivo autonómico, en forma de proyecto de ley.

El proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género responde a un compromiso personal, el del presidente Alfonso Fernández Mañueco, y se asienta en la seriedad, en el rigor y en el trabajo de una Consejería, la de Familia, liderada por Isabel Blanco.

La lucha contra la violencia de género no tiene color político, es un tema crucial para el conjunto de nuestra sociedad, en la que estamos todos. No es una apropiación ideológica como la que el Partido Socialista y la izquierda hacen. Las mujeres nos merecemos más; y el proyecto de ley no sólo es un compromiso con las mujeres de Castilla y León, sino también lo es con el conjunto de la sociedad porque, en esta lucha, estamos todos.

Por este motivo el proyecto de ley recoge el resultado de un trabajo colectivo y continuado en el que han participado más de 70 organizaciones del sistema de servicios sociales de Castilla y León, además de las entidades del Diálogo Social, adaptando el texto a la directiva europea de violencia contra las mujeres y violencia doméstica, que el Parlamento Europeo aprobaba en mayo de 2024.

Se trata de un proyecto de ley integral, innovador, flexible, que responde a una nueva realidad social, como se ha venido explicando estos días en todas las provincias de Castilla y León, por los procuradores del Partido Popular. Contempla nuevas formas de violencia y adopta una nueva visión sobre la protección de las víctimas, pasando de un modelo de atención asistencial a un modelo integral, e incorporando, además, instrumentos y recursos novedosos de apoyo y ayuda a las mujeres y a su entorno, como es el Plan de Prevención Plurianual.

Por tanto, la lucha contra la violencia de género es una cuestión fundamental y prioritaria para el Partido Popular. Lo es y siempre lo ha sido, como lo evidencian los hechos.

Y, una vez más, el Partido Socialista falta al rigor y a la verdad, cuando Andrea Fernández en una Tribuna publicada en este mismo medio el pasado 16 de enero, expresaba que “la salida del Gobierno de casi todos los consejeros de Vox ha hecho que el Partido Popular haya retomado los compromisos suscritos en el Pacto de Estado contra la violencia de género”. No es verdad señora Fernández.

El proyecto de ley, que no proposición de ley –iniciativa que utilizan los socialistas en el Congreso de los Diputados para acortar tiempos y evadir informes preceptivos-, se presenta justo ahora porque es el resultado de un trabajo previo, como no puede ser de otra forma: incorporando informes esenciales como el del CES; abriendo su texto inicial a la participación pública de organizaciones del sector y al diálogo social; y, como es lógico, esperado a la publicación de una nueva directiva europea sobre la materia.

Ahora, después de ser aprobado este proyecto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, es el momento de iniciar su andadura en las Cortes de Castilla y León para la participación y el debate de todos los partidos. Ahora se abre el protagonismo a los grupos políticos en nuestro parlamento autonómico. Ojalá que el fruto de todo este trabajo sea, de nuevo, un gran acuerdo contra la violencia de género en nuestra comunidad. Castilla y León se lo merece.

Mercedes Cófreces, portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León.