La democracia, dice la RAE, es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes.

En numerosas ocasiones se le añade algún adjetivo: democracia representativa, cuando sus representantes son elegidos de forma periódica, democracia liberal que es otra forma de llamar a la misma democracia, democracia burguesa que es como las dictaduras comunistas llaman a las democracias liberales, democracia censitaria que eran aquellas en las que sólo podían votar quienes tenían un patrimonio importante, democracia directa, cuando no hay representantes si no es el pueblo quien vota directamente en asambleas y refrenda, democracias populares, que es como las dictaduras comunistas se auto titulan, (véase China, Corea del Norte, Cuba etc.) o democracia orgánica que es como el régimen franquista tituló al régimen político que hubo en España durante 40 años después de la guerra civil.

El origen de la democracia moderna se suele situar en la segunda mitad del siglo XVII y en el siglo XVIII, que es cuando aparece el sufragio universal, pero realmente democracia es una palabra griega qué significa el poder del pueblo, que los atenienses utilizaban en las ciudades y que era ejercido por los ciudadanos entre los que no incluían ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los extranjeros. Sistemas semejantes hubo en la vieja Roma e incluso en el norte de la vieja India, pero es realmente a partir de la Revolución Francesa, (entre 1789 y 1799), cuando se habla ya de derechos humanos, de sufragio universal y de la práctica abolición de la esclavitud. Los principales sistemas rivales de la democracia son las monarquías absolutas, el fascismo y el comunismo soviético y las dictaduras militares.

En la evolución de las democracias modernas hay que señalar a dos personajes singulares Juan Jacobo Rousseau, autor del contrato social que establece tres tipos de gobierno, (democracia, aristocracia y monarquía), y Carlos de Secondat, Barón de Montesquieu y por lo tanto monárquico, quien distingue dos tipos de leyes las positivas y las naturales. Para Montesquieu, el poder legislativo recae sobre las Cámaras de los Comunes y de los Lores, el poder ejecutivo lo ostentaba el rey y el poder judicial los jueces que administran justicia. Para Rousseau el poder ejecutivo y el judicial recaen en el gobierno, (vamos, que salvando las distancias, es lo mismo que pretende nuestro Presimiente) y por supuesto el legislativo recae sobre los legisladores.

Y dando un vertiginoso salto en la historia, nos venimos a la España de 1975, año del fallecimiento del General Franco, y en el que se empieza a gestar un nuevo sistema político que es el de la monarquía parlamentaria en la que el Estado es representado por el Rey como Jefe del Estado, el Gobierno elegido por el Parlamento y este por el pueblo. Los políticos del momento hacen un gran esfuerzo en lo que dio llamarse la transición del 78, considerada ejemplar por todos, menos por nuestros actuales gobernantes, y haciendo concesiones de uno y otro lado se aprueba en referéndum la Constitución Española, que establece la existencia de los tres poderes el ejecutivo con el Rey y el Gobierno, el legislativo con las Cortes Generales compuestas por el Congreso y el Senado y el judicial en el que como en todas las democracias modernas, los jueces eligen a los jueces.

Sobre estas premisas se establece un nuevo régimen democrático en España y se van revisando las leyes procedentes del franquismo y redactando nuevas adecuadas al momento, y adecuando la estructura del Estado a la nueva situación, pero desde el principio el PSOE quiere introducir modificaciones en la ley que regula el Poder Judicial, aumentando la participación del legislativo, es decir, de los partidos políticos, en la elección del órgano de gobierno de los jueces, lo que lleva a Alfonso Guerra a afirmar “Montesquieu ha muerto” cuando lo consiguen, que es tanto como declarar que se ha terminado la independencia judicial, cambio que es recurrido por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional quien termina dictaminando que el sistema anterior es el más adecuado al papel del CGPJ, pero que las modificaciones introducidas por el PSOE también caben en la Constitución. Y estas modificaciones son permanente objeto de litigio entre los dos grandes partidos, que tratan de imponer a candidatos afines y no se oculta su condición de progresistas o conservadores.

Desde nuestra incorporación a Europa, los órganos de la Unión Europea insisten reiteradamente en la necesidad de adecuar la elección de los jueces al sistema que tenía España antes de la modificación socialista que es el que impera en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. El Partido Popular insiste en la necesidad de cambiar el sistema antes de renovar el actual órgano de gobierno algo que no acepta el partido socialista, lo que ha provocado que el actual CGPJ está en funciones desde hace cuatro años.

El gobierno socialista, consciente de que las libertades en España en este momento dependen fundamentalmente del poder judicial, como hemos tenido oportunidad de ver en multitud de sentencias, aunque estas hayan sido revocadas posteriormente por el gobierno Sanchezstein concediendo el indulto a los sublevados el 1 de octubre del 17 y eludiendo los informes del CGPJ que unas veces son obligados, aunque no vinculantes y otras ni siquiera obligados, recurre una y otra vez a las proposiciones de ley y no a los proyectos de ley, para así eludir el informe del CGPJ, del Consejo de Estado y de los propios parlamentarios.

No conformes con todo esto, las descalificaciones de algunos miembros del gobierno, que a duras penas saben leer y escribir para con las sentencias de Jueces y Tribunales, Tribunal Supremo incluido, y en el colmo de la desvergüenza, modifica la ley que regula las funciones del Poder Judicial prohibiendo que hagan nombramientos lo que ha acentuado el colapso de los juzgados, hasta que ha llegado el momento de renovar el Tribunal Constitucional, y pretenden autorizar esos nombramientos pero ningún otro. Y de la Fiscalía General del Estado, para qué hablar. Ya lo dijo SuperSanchez: ¿de quién depende la fiscalía general? Pues eso.

Por qué será que cada vez que Su Sanchidad aparece en las pantallas no puedo por menos que recordar lo que mis amigos venezolanos me decían en los tiempos en que yo presidía la OICI: Javier, lo que está haciendo Zapatero es lo mismo que aquí hizo Chávez, es el fin de la democracia, y desde luego SuperSanchez no se queda atrás: rehén de independentistas y comunistas cede una y otra vez a sus exigencias, pues su único objetivo es mantenerse en la Moncloa. Se anulan las Fuerzas Armadas y se termina controlando el Poder Judicial.

Y colorín colorado, (más rojo que colorado), la Libertad se ha acabado. ¿Crees que exagero? Eso mismo pensaba yo cuando mis amigos venezolanos me lo anunciaron, y ya veis donde nos llegamos, ellos y nosotros. Tan sólo un vuelco electoral puede librarnos de esto.

Hasta la semana que viene.