En Castilla y León el dialogo social significa mejorar la vida de los que más lo necesitan. Siempre ha sido cuidado y atendido por la Junta de Castilla y León como principal impulsora, así como en los últimos años por ayuntamientos y diputaciones provinciales, que han ido sumándose a la iniciativa en sus respectivos ámbitos territoriales.

En esta Comunidad ha habido siempre un impulso decidido para llegar a toda la sociedad en los servicios de apoyo que se les prestaban a los ciudadanos para conseguir básicamente un mejor acceso al empleo, que es un derecho básico y sin el que no hay proyecto de vida.

Los sindicatos mayoritarios en Castilla y León: CCOO y UGT y los empresarios a través de CEOE Castilla y León siempre han apostado por acercar los servicios en materia de política social y económica a los castellanos y leoneses. Esta Comunidad ha brillado por su labor en materia de concertación social e incluso lo hemos exportado a otros países.

Ayudas para los que más lo necesitan

Desde la prevención de riesgos laborales, prestando asesoramiento a las empresas pequeñas que no tienen capacidad para disponer de técnicos propios, así como, en servicios de igualdad entre ambos sexos en las empresas, los sindicatos y la patronal llegan con sus servicios dónde el Gobierno autonómico no llega con los departamentos administrativos de los que dispone. Se trata de vehiculizar servicios que llegan mejor a través de organizaciones externas.

Podríamos compararlo con el papel que desarrollan Caritas o Cruz Roja para la Consejería de Familia. Alguien se imagina que se pueden romper los acuerdos con estas ONGS, y dejar de prestar los servicios que desarrollan, y a los que la Junta no puede llegar hasta familias de manera personalizada atendiendo necesidades básicas, como suministrarles la alimentación diaria.

Creo que todo lo que hemos conocido el lunes pasado de la mano del Gobierno regional, se ha hecho con carácter propagandístico y electoral pensando no en los castellanos y leoneses, sino sólo y exclusivamente en las elecciones en Andalucía. Se ha exhibido una vez más el tópico de castigar a los sindicatos sin ninguna otra explicación, porque estamos ante una expresión mas del populismo, que exhibe únicamente lo que la gente quiere escuchar.

Legalidad

Un anuncio de recorte de 20 millones de euros a los sindicatos y a la patronal, que son quienes conforman el dialogo social, realizado por el Vicepresidente de la Junta, sin reunión previa del Consejo de Gobierno, ni del Consejo de Dialogo Social. No se puede pervertir de esta manera la toma de decisiones y de acuerdos en el seno del Gobierno regional porque siempre debe de estar sometida a la Ley y al procedimiento administrativo. El Estatuto de Autonomía, así como una ingente normativa autonómica, garantizan qué para tomar decisiones validas en Derecho, la Junta debe de someterse al principio de legalidad, que se consagra en la Constitución Española en su artículo 9. Este principio es fundamental y básico, puesto que según el mismo todas las administraciones públicas deben respetar la ley en todas las decisiones que adoptan.

Más información y transparencia

Si bien es verdad, que quizás esta poco explicado y mal informada la sociedad del papel que están desempeñando sindicatos y patronal en esta Comunidad, esto exige que deberían implicarse en informar mejor a los ciudadanos de los servicios de orientación que desarrollan para aquellos que necesitan encontrar empleo y no saben cómo presentar su curriculum, a qué empresas acudir o que ofertas aceptar...

Lo cierto es que estos servicios van dirigidos a los que más lo necesitan, pero también es preciso que toda la sociedad lo comprenda y los Sindicatos deberían emplearse a fondo en ello.

Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es hurtar servicios a los ciudadanos desde la Junta de Castilla y León y hacerlo sin darle audiencia a ninguno de los interesados, cercenando derechos que se han alcanzado y desarrollado durante los últimos 25 años, y qué esto suceda a través de una salida espontánea de un responsable de la Junta con una finalidad meramente electoral y además para ganar votos en otra Comunidad Autónoma, en este caso Andalucía.