En el anterior artículo dedicaba mis comentarios al nuevo estado de alarma y hacía referencia a la publicación en el BOE, de nuevo amparándose en la opacidad del estado de alarma, de una Orden del Ministerio de la Presidencia que dicta una serie de medidas para garantizar a los ciudadanos “una información veraz y diversa...” que aplicará una llamada “comisión permanente contra la desinformación” que inmediatamente identificamos todos con un orwelliano “ministerio de la verdad” y el fin de semana prácticamente todos los medios de comunicación, incluso algunos de los más próximos al gobierno, y los periodistas independientes mostraron su más absoluto rechazo a la medida anunciada.

Ante tal revuelo, desde Moncloa se hicieron varias aclaraciones en la mañana del viernes, señalando que la finalidad no era el establecimiento de una censura de prensa, faltaría más, sino controlar la interferencia extranjera en procedimientos internos de la política española.

Pero, al mismo tiempo, la ministra de Asuntos Exteriores a preguntas de Vicente Vallés se desmarcaba del argumentario oficial y aseguraba que “se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación, que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y las plataformas digitales que falsean el debate público, manipulan...”, coincidiendo con las declaraciones del general de la guardia civil en el primer estado de alarma y que le costaron el cargo, lo que fue inmediatamente corregido por la vicepresidente Carmen Calvo asegurando que la orden “no tiene nada que ver con la libertad de prensa”.

Y es que en la orden se señala la composición de la comisión “de aquella manera”, en la que aparecen, bajo la coordinación del todopoderoso Ivan Redondo, el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, el secretario de Estado de Comunicación que se hizo célebre como censor de las preguntas de los medios en los “Aló, Presidente”, la comisión permanente contra la desinformación, las autoridades competentes,(?), y a modo de cajón de sastre, representantes del sector privado y la sociedad civil.

Con este anuncio no es de extrañar que saltaran todas las alarmas, y hasta el propio Rey Felipe VÍ aprovechando la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, señaló con énfasis que “en crisis, el periodismo es especialmente necesario”, y que “donde hay buenos periodistas hay rigor, veracidad, investigación y análisis crítico”.

Pero a muchos nos vino inmediatamente a la memoria el deseo hecho público por Pablo Iglesias en 2015 de controlar el CNI y la TVE. Algo ya conseguido, y los medios privados de comunicación privados, que “tienen que tener un control público” porque, como afirmaba en 2014, “no son neutrales ya que tienen intereses propios”, siguiendo la llamada “doctrina Gerasimov”, general ruso que afirma que hoy las guerras no se ganan a tiros sino difundiendo noticias falsas y medias verdades y adoctrinando a los niños y a los jóvenes en los centros educativos.

Estamos ante un ataque más del Gobierno social-comunista a la Constitución, la libertad y la democracia, escondiéndose una vez más en el estado de alarma, y olvidando que ante la difusión de esas noticias falsas, (me resisto a denominarlas en inglés) quien se sienta engañado u ofendido puede defender sus intereses ante los tribunales de justicia, (eso sí, mientras dure la separación de poderes) y ante la Comisión de Arbitraje, quejas y deontología del periodismo.

Y para terminar: quién dice lo que es verdad y lo que no ?Pues una comisión integrada por miembros del Gobierno, a la que podrían incorporar como representantes del sector privado a Ana Blanco, Antonio Ferrreras, Ignacio Escolar y Antonio Maestre, por citar tres periodistas independientes.

Como dijera el mismísimo Pablo Iglesias: “pretenden erigirse en defensores de la verdad, mientras usan la RTVE para su propaganda...”

Pues eso. Pasito a paso, terminaremos como Venezuela, pero sin petróleo.